A pesar de la gran convulsión social que vive Chile y las reiteradas denuncias sobre la violación de los derechos humanos durante las manifestaciones, Piñera afirma que terminará su mandato en 2022.
Sebastián Piñera ganó las elecciones celebradas el 17 de diciembre de 2017 con el 54.5 por ciento de los votos, sin embargo, los últimos datos de la Encuesta Cadem señalan que el presidente de Chile solo cuenta con un 13 por ciento de aprobación, aunque antes del estallido social de octubre último, sólo era aprobado por el 30 por ciento.
Hace años, Chile manifiesta una economía estable y una reducción importante en el índice de pobreza de un 40 por ciento en 1990, cuando cesó la dictadura, hasta un 8,6 por ciento en 2017. Por su parte el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo posiciona como el tercer país con el Producto Interno Bruto (PIB) más alto de América Latina. Además, se prevé que este año crezca en un 3 por ciento, aunque representa un menor crecimiento que el año pasado cuando creció un 4 por ciento.
Sin embargo, estas cifras no logran ocultar la gran desigualdad que afronta esa nación. El índice Gini del Banco Mundial ubica a Chile como uno de los países más desiguales del mundo.
El economista Raúl González Meyer, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Académica de Humanismo Cristiano señaló: “Al margen de que Chile no sea el país con más desigualdad de la región, ésta es muy alta. Hace mucho tiempo que está instalada en la sociedad chilena como uno de los grandes problemas del modelo económico. La verdad es que no hubo políticas fuertes de tipo patrimonial, ni medidas para cambiar un sistema tributario todavía muy regresivo”.
El modelo desarrollado por Chile durante años y continuado por Sebastián Piñera con el aumento y mantenimiento de la privatización deposita una gran dependencia en los altos y bajos del mercado lo que ocasiona gran incertidumbre en los sectores populares y medios ante el miedo de perder el trabajo, enfermarse o jubilarse.
“Chile tiene una prestación de servicios sociales vinculada a condiciones de ingreso, por lo cual, los servicios de calidad son solo para aquellos que tienen recursos económicos. Las listas de espera en el sistema de salud para las familias vulnerables son de años, las escuelas para ellos son de mucho menor calidad y una previsión basada en la cotización individual hace que se reproduzcan las condiciones de origen”, sostiene el economista Juan Pablo Valenzuela, investigador de la Universidad de Chile.
Cuando Piñera asumió el poder, en marzo de 2018, encontró una oposición más unida, enfrentó el caso Castrillanca por el asesinato del joven mapuche por parte de Carabineros que no lo dejó bien parado y el cual ensombreció uno de los proyectos centrales de su administración: el Plan Araucanía que pretendía el desarrollo de la zona y por último la ralentización de la economía nacional.
Al finalizar su primer año de gobierno, Piñera celebró y calificó de principales logros, lo que calificó como “poner orden en nuestra casa en materia de migración y enfrentar la grave crisis que afectaba a Carabineros de Chile", alusión a la enorme corrupción de esta institución. Además celebró el entonces crecimiento de 4 por ciento del producto interno bruto.
En ese primer año, Piñera impulsó una reforma migratoria que regularizó la llegada de inmigrantes que se había convertido en asunto pertinente. Favoreció la llegada de ciudadanos venezolanos con una "visa de responsabilidad democrática" y estableció visas de turistas para ciudadanos haitianos lo que disminuyó considerablemente la llegada de estos al país.
Sin embargo, el analista Germán Silva de la Universidad Mayor afirma que la sobreexpectativa que generó su campaña presidencial bajo el eslogan "Tiempos mejores” terminó "pasándole una cuenta muy grande". El experto afirma que las cifras de empleo han sido bajísimas, han estado en torno al 7 o 7,1 por ciento , muy similar al anterior gobierno de Michelle Bachelet.
Su primer año estuvo marcado principalmente por el hecho de que la economía no despegó con el ritmo asegurado antes de los comicios, lo que unido a la falta de confianza de los chilenos con respecto a las instituciones o autoridades marcaron el nivel de aprobación de Piñera el 11 de marzo de este año en un 37 por ciento, según la encuesta Cadem, hasta entonces la cifra más baja de su segundo mandato.
Mireya Dávila, analista del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile ya avizoraba un segundo año complicado para el presidente pues afirmaba que sería un reto para Piñera consolidar la agenda del Gobierno y las demandas de los que lo respaldan los empresarios. Aquí hay una tensión que es difícil de resolver para el presidente pues tiene que tener mayor aprobación en la opinión pública y al mismo tiempo cumplir las expectativas de su sector", señaló.
Piñera inició su segundo año de gobierno con varias reformas todavía en el tintero. Junto a la Reforma Laboral y la Reforma Tributaria, la Reforma Previsional es uno de los futuros ajustes a los trabajadores y sectores populares los cuales aumentarán su aporte individual en un 4 por ciento. Sin embargo, el gobierno divulga un discurso demagogo de querer favorecer a las y los jubilados aunque con estas pretende acrecentar el negocio de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tras 20 años de su funcionamiento en este país.
El proyecto de reforma omite que el nivel de pensiones que recibe la mayoría de los actuales jubilados no les permite satisfacer sus necesidades básicas. Por lo que no se trata de un problema de expectativas como Piñera quiere hacer creer sino de sobrevivencia, es una urgencia social y humanitaria.
Expertos afirman que el problema de las pensiones radica exclusivamente en su pilar contributivo que es el paradigmas de cuentas individuales, en este caso las AFP, por lo que está condenado a producir bajas pensiones. En las manifestaciones de las últimas semanas, los chilenos y chilenas han exigido además que el país defina a través de una discusión democrática un sistema de pensiones que se adapte a la realidad de las personas que viven en ese país para que se asegure su sobrevivencia.
Pues las AFP donde los trabajadores chilenos cotizan el 10 por ciento de sus sueldos, aumentaron sus beneficios un 70 por ciento entre enero y septiembre de este año en comparación con el mismo periodo en 2018 . Estas obtienen cada año millonarias ganancias con las inversiones que realizan con las cotizaciones de los trabajadores aunque luego entregan pensiones muy bajas a los jubilados.
Las protestas iniciadas el 18 de octubre pasado y que se mantienen en distintos puntos del país han generado en la opinión pública internacional diversas interrogantes y cuestionamientos acerca del modelo chileno y su triunfalismo económico. El hecho es que unas de las principales demandas de los miles de manifestantes son precios más justos para la luz, el gas, la educación universitaria y los servicios de salud así como una revisión a las pensiones y los salarios. Chile presenta una de las economías más privatizadas, inclusive su constitución plantea la privatización del agua. Estas políticas neoliberales han ocasionado que el costo de vida en el país andino sea muy elevado.
El 1 por ciento de los chilenos posee el 26, 5 por ciento de la riqueza y el 50 por ciento de las familias menos favorecidas tiene solamente el 2,1 por ciento de la riqueza total del país. Asimismo, un informe de la Fundación Sol publicado en agosto pasado reveló que 7 de cada 10 trabajadores recibe un sueldo líquido inferior a 550.000 pesos lo que representa unos 745 dólares mensuales, mientras que sólo el 6,1 por ciento de los empleados chilenos gana más de 2.050 dólares mensuales.
La ola de protestas desatadas bajo las narices de Piñera lo han dejado mal parado ante la opinión pública nacional e internacional y no pocos auguran su final político. Ha sido ampliamente criticado por su mal manejo hacia las manifestaciones al calificarlas en un principio como obra de delincuentes, seguidamente invocó el estado de excepción y luego decretó el toque de queda, medidas nunca vistas desde la vuelta a la democracia.
La Tercera
