Las obras del Gasoducto del Noreste Argentina (GNEA) fueron paralizadas por orden del gobierno nacional. Todo lo ejecutado deberá ser puesto "a disposición del comitente", es decir, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación.
La nota que el pasado viernes llegó a las firmas que trabajan en la obra nacional en territorio santafesino (licitación de 2014) sostiene que la decisión se ha tomado "con carácter excepcional y precautorio" debido a la investigación sobre los cuadernos de las coimas.
El escrito que llegó a las contratistas que formaron las dos UTEs -que obtuvieron sendos contratos durante el kirchnerismo- está firmado por el ingeniero Alberto Raúl Brusco, director de Construcciones del Directorio de la empresa IEASA (Integración Energética Argentina SA), una sociedad anónima que funciona bajo la órbita del ministro de Energía, Javier Iguacel.
Tras recibir la nota, las contratistas convocaron a sus estudios jurídicos y sus técnicos para cumplir la orden, detalló La Nación.
Ambas partes realizarán "un inventario y detalle de su estado" así como de los demás bienes a recibir de los privados a la compañía en manos del Estado Nacional.
Sostiene que "en función de las razones arriba expuestas, se procederá a iniciar un procedimiento administrativo tendiente a la revisión de los costos involucrados en la presente contratación, a fin de determinar si los mismos se ajustan a los valores de mercado correspondientes". Y agrega que también se suspenden todos los pagos "hasta el esclarecimiento" de la investigación judicial.
"Por último -dice IEASA-, se deja expresa reserva de aplicar, eventualmente en caso de corresponder, la sanción dispuesta en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Especiales de la contratación, referida a la Cláusula Anticorrupción".
Si bien la orden nacional paraliza toda la obra, en todo el territorio nacional, en el caso de los trabajos en Santa Fe los efectos son más legales y judiciables que prácticos. Las tareas aquí están ya prácticamente terminadas. Tanto que, por estos días, iba a inyectarse gas por primera vez y de manera continua (no sólo para una primera prueba) en el tramo entre Emilia (centro) y Tostado (norte).
La prueba técnica a presión normal iba a llevarse a cabo este martes, el primer día hábil de la semana próxima, pero antes de que la nota fuera enviada hubo un llamado que suspendió ese paso, necesario para hacer funcionar el gasoducto.
FP
La orden gubernamental, dirigida a las empresas privadas que están construyendo este gasoducto que unirá Bolivia con la provincia de Santa Fe a lo largo de 1.500 kilómetros, dice que todo lo ejecutado tiene que ser puesto a disposición del Ministerio de Energía y Minería, a cargo de Javier Iguacel.
La nota es de lenguaje directo. Señala que las medidas “fueron adoptadas con carácter excepcional y precautorio, en atención a los hechos de público y notorio conocimiento con relación a las denuncias e investigaciones judiciales actualmente en trámite ante la Justicia federal, por la comisión de delitos vinculados a actos de corrupción generalizada en la licitación, adjudicación o ejecución de las obras públicas licitadas con anterioridad a diciembre de 2005”, precisó el diario cordobés La Voz del Interior.
Por ese motivo, el Gobierno ordenó a las empresas:
1. “Se proceda a la inmediata suspensión de trabajos, en el estado en que se encuentren, poniéndose la obra a disposición del comitente a partir del plazo de tres días hábiles de notificada la presente, para que este tome posesión de la obra hasta tanto se esclarezcan los hechos investigados que motivan la presente medida.
2. “Se entregue en dicho acto al comitente la totalidad de la documentación y la información técnica y de calidad referida a la obra ejecutada, así como todo material, equipos, vehículos o elementos que el comitente haya facilitado al contratista para los fines de la contratación y ejecución de los trabajos”.
Por último, el Gobierno comunicó a las empresas sospechadas que comenzará a revisar “los costos involucrados en la presente contratación, a fin de determinar si se ajustan a los valores de mercado correspondientes”.
Por ello –avisó– se les suspenderán todos los pagos a las concesionarias hasta que los hechos queden esclarecidos.
Entre los empresarios se expande la incógnita de si esta medida es solamente una consecuencia acotada de la causa judicial de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, o si la administración nacional decidió aprovechar la circunstancia para extender el ajuste comprometido con el Fondo Monetario a través de la paralización de parte de la obra pública.
La licitación a la que se refiere la nota oficial es solamente una de varias que se hicieron para impulsar la construcción del gasoducto que deberá abastecer a tres millones y medio de personas. Se trata de la licitación pública nacional 006/2014 lanzada por Enarsa (hoy, Ieasa) en agosto de 2014, con un presupuesto oficial de 4.831 millones de pesos.
Esta licitación es solamente para la provisión de materiales y la construcción de gasoductos de aproximación a ciudades de las provincias de Formosa, Chaco y Santa Fe. Además, se hicieron otras licitaciones, igual de multimillonarias, para los restantes tramos y etapas del gasoducto gigante.
En el informe que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dio ante la Cámara de Diputados el 22 de marzo de 2017, fue consultado sobre el avance del gasoducto. Quedó claro que en la obra participan la crema de las firmas ahora involucradas en la calesita de los cuadernos del chofer: Techint, Iecsa, Coarco, JCR, Contreras Hermanos, Rovella Carranza, Esuco, BTU, Supercemento, Austral Construcciones, Juan Carlos Relats (el empresario que alquiló a los Kirchner el hotel Los Sauces en El Calafate) y, entre otras, Servicios Vertúa.
Esta última firma pertenece al empresario rionegrino Raúl Vertúa, quien está sospechado de haber cobrado más de 730 millones de pesos por una etapa de la obra, en Salta, que nunca se construyó.
Además, Vertúa habría hecho el reclamo por otros 540 millones de pesos debido a los “días improductivos” que sufrió su empresa. Esto porque sufrió las protestas de un grupo de trabajadores wichis y militantes políticos, en la localidad salteña de Morillo, que le reclamaron que respetase un cupo de obreros de pueblos originarios.
Vertúa también lleva adelante la construcción de un proyecto inmobiliario de grandes dimensiones en la zona de Pinamar, que lanzó al poco tiempo de haber dejado la obra del gasoducto, con una fiesta para la cual contrató al cantante Ricky Martin.
