El grupo Carmargo Correa es uno de los holding tops en Brasil. Bien lejos de ser “recién llegados” al mundo empresarial, su fundación remonta a 75 años atrás. Hasta el año pasado, actuaban en un amplio rango de actividades: ingeniería, construcción, cemento, obras hidroeléctricas, industria naval y explotación petrolera. Pero la célebre Operación Lava Jato, que descubrió una poderosa red de delincuentes de “cuello blanco” que ocupaban los primeros puestos en Petrobras, puso a la dirección del holding en el ojo de la tormenta: su vicepresidente Eduardo Leite pasó una temporada de 130 días entre rejas.
Ahora, en libertad vigilada dentro de su casa, con una tobillera electrónica que delata su situación, el ejecutivo tuvo que acudir al expediente conocido como “delación premiada” para salvarse de continuar en jaula de hierro. Y fue impactante.
Este sábado se conoció su confesión a los fiscales que investigan el escándalo de la petrolera estatal. Admitió que el holding entregó unos 55 millones de dólares en coimas entre 2007 y 2012 (según el tipo de cambio de aquel período). Una parte abonó los bolsillos y las cuentas en el exterior del ex director de Servicios de la petrolera estatal Renato Duque. La otra fue para el ex director de Abastecimiento de la compañía, Paulo Roberto Costa. Ambos fueron presos por orden del juez Sergio Moro, quien se ocupa de manejar los hilos de la investigación desde su despacho en Curitiba, capital del estado de Paraná. A las celdas de la Policía Federal de esa ciudad fueron a parar todos los enviados a prisión por el operativo “Lava Jato” (Chorro de Agua, si se quiere una traducción). Pero la mayoría ya retornó a sus residencias, donde permanecen por ahora en calidad de presos.
Lo interesante de sus declaraciones reside en la identificación de quienes fueron los que lo presentaron a los ex ejecutivos de Petrobras. Nada menos que el cambista Alberto Youssef, pieza clave en la mafia, y el diputado y político fallecido del conservador PP (Partido del Progreso) José Janene. Nada tuvo que ver su entrada en la escena de los grandes negocios petroleros, con alguien del PT. Como el vicepresidente de Camargo no quería quedar como el único culpable de coimear funcionarios de la petrolera, no vaciló en meter dentro de la historia a su superior: el propio presidente del grupo, Dalton Avancini, quien según dijo su subordinado “sabía de todo”. Avancini también pasó por la prisión por unos días, pero rápidamente fue liberado tras firmar esos famosos acuerdos de “delación premiada” que le permite responder al proceso en libertad. Entre los detalles de su confesión hay uno que huele a intriga. Afirmó que el presidente de la Constructora Odebrecht, uno de los mayores holdings brasileños con presencia en toda América Latina, era la que controlaba qué tajada de las obras le correspondía a cada miembro del “club” de las coimeras. Fue así, según dijo, en el complejo petroquímico de Río de Janeiro, Comperj, uno de los principales emprendimientos de Petrobras. Avancini fue directo: dijo que Odebrecht “capitaneaba” el cartel conocido como “club de las constructoras” y se llevaba “los contratos más voluminosos”.
Leite, al igual que el presidente Avancini, admitió que había entrado en ese esquema para colocar a Camargo en el afamado y elitista club de las grandes. Era la única manera de asegurar que recibirían licitaciones a cambio del pago de una “prima”. En el caso de este grupo, los 55 millones de dólares fueron transferidos a los beneficiarios, tanto los ex directores como de los políticos que los apañaban, para hacerse de parte de las obras en la refinería Repar (en Paraná); en la Abreu e Lima (Pernambuco) y en la Revap de San Pablo. Según palabras del propio Leite: “Con el pago de coimas la constructora se mantenía en el mercado y se tornaba más fácil incrementar los resultados”.
No hace mucho tiempo, Camargo era elegida como la mejor empresa en la categoría de construcción civil. Así la seleccionó el anuario Epoca 360º de la editora Globo. Mientras el grupo recibía el galardón, sus dos principales ejecutivos se encargaban de enviar el dinero del diezmo a los ex directores de Petrobras, Pedro Barusco y Duque. Según Leite, un día hizo una visita “de cortesía” a este último. La historia es que en ese encuentro el ex director de Petrobras se manifestó preocupado “por los contratos que debía cerrar con Camargo”. La historia es que la empresa privada estaba siendo investigada entonces por llamada Operación Castelo de Areia (Castillo de Arena) que estaba detrás de las pistas del lavado de dinero en las obras que el holding hacía para San Pablo. Como se ve, la conducta de la constructora no nació en 2007. Viene de atrás. Pero ese no es tema para el juez Moro, quien decidió limitar su pesquisa a los tres gobiernos del PT.
Financial Times
Por SAMANTHA PEARSON.
En los ochenta, la corrupción en Brasil era un tema simple, aunque implicaba transpirar. El primer desafío para cualquier ejecutivo que debía pagar una coima era deambular por la calle en busca de suficientes arbolitos dispuestos a vender dólares, explicó un ex contratista del gobierno. En una década en que Brasil cambió de moneda con más frecuencia que de presidente, los sobornos en dólares eran considerados los únicos que valían la pena.
El segundo desafío era llevar el efectivo al lugar de encuentro, que a menudo implicaba vestir un sobretodo de invierno repleto de billetes bajo un sol tropical. "El mayor riesgo en aquel entonces era morir de un golpe de calor", contó el ex contratista.
El escándalo de corrupción por miles millones de dólares en el que está implicada la petrolera estatal Petrobras no podría ser más distinto. Con el dinero que supuestamente fue derivado a más de 300 cuentas bancarias suizas y su lavado a través de todo tipo de actividad, desde estaciones de servicio hasta obras de arte, el esquema de coimas más grande del país es tan complejo que tras un año de investigaciones, las autoridades recién empiezan a comprenderlo.
Si bien el escándalo sorprendió a los inversores brasileños y extranjeros, esta evolución de la corrupción en Brasil durante las últimas décadas es, de hecho, prueba de un progreso, afirman los analistas. A medida que la policía federal y la procuración general ganaban más autonomía e influencia desde el fin del gobierno militar en 1985, los círculos de corrupción se vieron forzados a aplicar métodos cada vez más sofisticados para sobrevivir.
Pero si bien la investigación de Petrobras puede ser considerada una victoria en la lucha de Brasil contra la impunidad, también sirve como una clara advertencia para las multinacionales que operan en el país y otros mercados emergentes.
En Brasil, las compañías extranjeras durante mucho tiempo recibieron presiones para pagar dádivas y así acelerar procesos regulatorios o simplemente para competir con firmas locales. Sin embargo, tal como demuestra el caso Petrobras, los riesgos de quedar atrapado nunca han sido superiores, aseguró Edward Jenkins, abogado británico que asesora firmas que se expanden en Brasil y en el Caribe.
En el escándalo Petrobras ya quedaron implicadas más empresas extranjeras que en cualquier caso de la historia brasileña. Algunas son Rolls-Royce y la holandesa SBM Offshore, que fueron acusadas de pagar incentivos económicos para ganar contratos con el gigante petrolero.
"Mi consejo para las compañías extranjeras es moverse de acuerdo a las normas de sus países. porque de lo contrario se quemarán los dedos", aseguró Jenkins.
Pero seguir esa recomendación es más fácil decirlo que hacerlo en Brasil,. Si bien el desempeño del país en los índices de corrupción global no es desastroso Transparency International ubica el país adelante de China y de India en 2014 y a la par de Italia el generalizado incumplimiento de todo tipo de normas es endémico en todos los niveles de la sociedad. "Este es un punto de inflexión para Brasil," aseguró Mark Weinberger, presidente y CEO del grupo de servicios profesionales EY. "Las compañías están descubriendo que no vale la pena tomar un atajo para poder competir en un proyecto particular o una oportunidad en el mercado si eso implica arriesgar la marca."
La policía brasileña arrestó este miércoles a otras cuatro personas en una investigación de sobornos políticos vinculada con la compañía petrolera estatal Petrobras, y medios locales dijeron que entre ellas estaba Joao Vaccari, el tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores.
Vaccari es la figura política más cercana a la presidente Dilma Rousseff implicada hasta ahora en el escándalo de Petrobras, que ha sumido al gobierno en una crisis al inicio de su segundo mandato.
La policía federal dijo que realizó cuatro arrestos en San Pablo a primera hora del miércoles y que los detenidos estaban siendo llevados a Curitiba, donde la investigación de la llamada operaciónLavado de Auto está centrada.
Los periódicos Globo y Folha reportaron en sus sitios web que Vaccari fue detenido en su casa en San Pablo como parte de una nueva ola de arrestos.
Ex ejecutivos de Petrobras en el centro de la investigación de corrupción han dicho en acuerdos de culpabilidad que Vaccari recibió más de 200 millones de dólares en dinero de sobornosprovenientes de contratos de construcción e ingeniería con sobreprecios.
Vaccari negó las acusaciones la semana pasada ante una comisión de investigación del Congreso. Y dijo que todas las donaciones de campaña al Partido de los Trabajadores de las compañías de construcción e ingeniería eran legales y fueron registradas ante las autoridades electorales.
Algunos miembros de alto nivel del Partido de los Trabajadores han solicitado la renuncia de Vaccari, pero el funcionario y el partido han insistido en su inocencia.
Los fiscales están investigando a 47 políticos, todos menos uno de la coalición gobernante de Rousseff, por, supuestamente, recibir fondos del esquema de sobornos en Petroleo Brasileiro S.A., como se conoce formalmente a la compañía.
Hasta el momento, 97 personas han sido acusadas por cargos de corrupción, formación de un cártel y lavado de dinero. Éstas incluyen a cuatro ex gerentes de Petrobras y decenas de ejecutivos de las mayores firmas de construcción e ingeniería de Brasil.
La policía brasileña detuvo ayer a dos personas acusadas de desviar recursos de Eletronorte, empresa que abastece de energía a nueve estados del norte de Brasil, en una operación para desmontar una red de corrupción enquistada en esta importante firma estatal, informaron fuentes oficiales.
La operación se produjo en momentos en que la petrolera estatal Petrobras, la mayor empresa del país, está en el centro de un gigantesco escándalo de corrupción que ha salpicado a 50 políticos y que tomó ayer mayor dimensión con el arresto del tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), João Vaccari Neto.
La operación para combatir la corrupción en Eletronorte permitió la captura de un alto cargo de las Centrales Eléctricas del Norte de Brasil (Eletronorte) y de un pariente, informó la Policía Federal, que está llevando a cabo la investigación.
El directivo fue acusado de haber creado una compañía fantasma, de fachada, junto con su pariente para recibir sobornos de empresas favorecidas con contratos de Eletronorte.
Además de las dos detenciones, la Policía Federal realizó allanamientos e incautaciones de documentación en varias ciudades, entre otras, Marilia, Porto Velho, Río de Janeiro, Belo Horizonte y Brasilia.
Según la Policía Federal, que llevó a cabo sigilosamente la investigación junto con fiscales del Ministerio Público y de la Contraloría General de la Unión, el funcionario detenido se enriqueció ilegalmente a través de su empresa de fachada.
Los supuestos integrantes de la organización serán acusados ahora formalmente de los delitos de corrupción activa, corrupción pasiva, asociación para delinquir, fraudes en licitaciones y lavado de dinero.
La corrupción fue el principal motivo mencionado por los cerca de 700.000 brasileños que el pasado domingo participaron en marchas de protesta en un centenar y medio de ciudades contra el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, según diversas encuestas.
Hasta ahora, el caso más emblemático es el de Petrobras, que salpicó a las mayores constructoras de Brasil y medio centenar de políticos, en su mayoría de partidos oficialistas.
El escándalo en la petrolera comenzó a ser investigado en marzo del año pasado cuando fue identificada una red que amañaba los contratos de la empresa con numerosas constructoras; elevaba artificialmente el valor de éstos y distribuía la diferencia en sobornos pagados a altos funcionarios de la estatal y a decenas de políticos que facilitaban los negocios ilegales.
A lo largo de las investigaciones, fueron arrestados cinco ex altos cargos de la empresa, así como una decena de ejecutivos de importantes constructoras brasileñas e internacionales.
Ayer fue detenido el tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), João Vaccari, al que se lo acusa de haber actuado para que empresas constructoras, que presuntamente pagaban sobornos para ganar contratos de la empresa petrolera estatal, realizaran a cambio donaciones, ya legales, a esa fuerza política.
Anteayer, Olivier Blanchard, economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo que Brasil, cuya economía se contraerá un 1% en 2015, según las previsiones del organismo, tiene problemas que "van más allá de lo macroeconómico", como es el caso de la "corrupción".
"Las medidas (de ajuste fiscal) tomadas son las adecuadas, pero Brasil tiene además otros problemas que van más allá de lo macroeconómico. Tiene un problema de corrupción que conocemos y esperemos que sea solucionado", afirmó Blanchard en una rueda de prensa realizada en la capital norteamericana..
