Este lunes 14/04 en un acto oficial, la Presidenta Cristina Fernández anunció un proyecto de ley denominado "Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral", el anuncio oficial lo hizo tras la inauguración del Salón de los Pueblos Originarios, que fue acondicionado durante cerca de un año y que reemplaza al Salón Cristóbal Colón.

En clara referencia al paro nacional del pasado jueves 10/04 encabezado por líderes sindicales Hugo Moyano y Luis Barrionuevo que tuvo alto acatamiento en todo el país, la Presidenta expresó "Muchas veces llama la atención cuando uno no escucha con los principales reclamos que se mantenga la ocupación y en segundo término, se luche contra la precarización laboral que es un enemigo de todos los trabajadores".

Según lo anunciado por la Presidenta, el proyecto buscará incluir a 650 mil personas al trabajo registrado en dos años, según anunció Cristina. "Este es un proyecto de ley que aborda el segundo problema más importante que tienen los trabajadores. El principal problema de un trabajador es no tenerlo, que lo tuvimos en el 2003, cuando casi un tercio de la población estaba desocupada" aseguró hoy acompañada de funcionarios públicos.

Posteriormente, hizo alusión al segundo inconveniente "Hoy, hay un 49% de precarización laboral. El que no está registrado, el que figura en negro, no tiene obra social, derechos, si lo echan no cobra indemnización, no es sujeto de crédito porque no tiene recibo. Y los salarios son muy inferiores a los que están registrados".

Y agregó "Un tercio de nuestros trabajadores están precarizados y esta es la gran lucha que tenemos que dar", dijo Cristina. Y añadió "Todas las microempresas que tengan hasta cinco trabajadores no pagan más contribuciones patronales sin que esto signifique ningún menoscabo para los derechos de los trabajadores. Esta medida apunta a un segmento que tienen un altísimo grado de informalidad".

En una maniobra que sorprendió incluso a legisladores oficialistas, el Gobierno decidió arrancar por el Senado el tratamiento del proyecto de ley para la Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral anunciado el lunes por Cristina Kirchner. Si bien hay sectores de la oposición que avalan la intención de reducir el trabajo informal, surgieron voces que cuestionan la iniciativa. No obstante, el oficialismo confía en poder aprobar sin sobresaltos el texto, que comenzaría a ser debatido en mayo.

Desde el radicalismo, el jujeño Miguel Giubergia, secretario de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, recordó que la rebaja de los aportes patronales a las empresas “forma parte de las recetas que implementaron en la década del 90 Carlos Menem y Domingo Cavallo”. Y se preguntó: “¿Será esto lo que consiguió (Axel) Kicillof en su visita al Fondo Monetario Internacional? ¿Seguirá después la flexibilización laboral?”.

Giubergia adelantó que la UCR va a impulsar un fuerte debate en el ámbito de las comisiones. “Vamos a pedir que el ministro de Trabajo Carlos Tomada venga al Congreso a explicar el proyecto, como así también a las centrales obreras: antes de aprobar la iniciativa debemos conocer cómo impactará en los trabajadores”, detalló.

A su vez, el diputado del Frente Renovador Alberto Roberti, también líder de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles; cuestionó que el Gobierno “después de once años (el Gobierno) se dé cuenta que en el país hay una economía informal y trabajadores no registrados”. Y, si bien, se mostró conforme de que se avance con el proyecto, advirtió: “Ojalá no sea un parche ni un anuncio vacío”.

Mientras, Claudio Lozano, presidente del bloque de Unidad Popular en la Cámara Baja, disparó diversas críticas.

“Tiene la lógica de Cavallo: con la excusa de blanquear el mundo laboral, beneficia a los patrones”, apuntó. También, aseguró que “es mentira que el proyecto sólo beneficia a las PYMES, porque le abre la ventana a las grandes empresas”. Y, por último, puso en duda su implementación. “¿Cómo se va a controlar? Esto no se resuelve con inspectores del Ministerio de Trabajo, que en su mayoría son trabajadores contratados, por lo tanto son absolutamente vulnerables a las intenciones de las grandes empresas”, graficó.

En el Senado, donde comenzará a tratarse la iniciativa, con la Comisión de Trabajo y Previsión Social como cabecera, el socialista Rubén Giustiniani admitió que “es un hecho positivo que se reconozca el problema del trabajo en negro y que hay que combatirlo”, aunque se mostró cauteloso respecto al contenido del proyecto y adelantó que desde su espacio analizarán a fondo el texto antes de decidir su voto.

De todos modos, en línea con Giubergia y Lozano, advirtió: “El camino de quitar aportes patronales ya se implementó en los 90 y quedó demostrado que no es correcto.

Fue la solución que implementó Cavallo y fue un beneficio para las empresas y no para los trabajadores”.

También desde UNEN, Fernando “Pino” Solanas consideró positivo que se ataque el trabajo no registrado, aunque insistió en la necesidad de discutir el tema a fondo” advirtió el legislador. Y concluyó en que hay que implementar una desgravación impositiva por regiones y estimular el apoyo tecnológico y crediticio”.