Las pymes que son subcontratistas y tercerizadas no serían reconocidas por las operadoras en el marco del acuerdo salarial
DAVID MOTTURA
El acuerdo salarial para los trabajadores petroleros durante la pandemia fue aceptado por los gremios de mayor peso, como los de Neuquén y Chubut, y luego de una revisión de la letra se acercaron otras organizaciones como los jerárquicos y las nucleadas en la federación. Finalmente, y por ahora, solo quedó afuera Santa Cruz, que exige que se tenga en cuenta la cláusula de revisión de enero.
Cada gremio fijó su postura desde la primera versión del documento, que contemplaba un sueldo básico y una vianda. Luego, se incluyó el ítem de zona desfavorable y el diferencial de turno, en una mejora que convenció a los sindicatos jerárquicos y luego a la federación. Regirá para los salarios de abril y mayo. El sueldo de los trabajadores en stand by tiene que ser un 60% de lo que cobran habitualmente.
“Nos acusaron de tomar decisiones ‘carentes de solidaridad’. Quizás, tras recapacitar, puedan mostrar algo de lo que pregonan en estos tiempos de crisis, si no, serán, como casi siempre, una cáscara vacía”, dijo Guillermo Pereyra, secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa.
Así, le apuntó a Pedro Milla, titular de la federación. “En cada situación buscamos preservar el trabajo, porque es una fuente de ingresos indispensable. La reducción salarial es, en este momento, necesaria para evitar despidos masivos ante la crisis en la que nos vemos sumidos”, señaló Milla tras la firma.
El secretario general del gremio del personal jerárquico de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Manuel Arévalo, sostuvo que el acuerdo será para el 70% del personal que permanece en sus hogares: unos 5600 trabajadores que están en esta condición hasta fines de mayo.
Por su parte, Jorge Ávila, del sindicato de base chubutense, aseguró que hay 7500 trabajadores que serán alcanzados en esa provincia por el programa de suspensiones con sueldos del 60%. “Cuando uno mira otros lugares, se está garantizando el 75% del salario, pero es el de un trabajador de industria, que es mucho más bajo que el petrolero en comparación. El que logramos es un acuerdo importantísimo para toda la región”, subrayó el dirigente de la Cuenca del Golfo San Jorge.
Del otro lado de esa cuenca, en Santa Cruz, Claudio Vidal mantiene la distancia y exige que se tenga en cuenta que falta una revisión salarial correspondiente al primer trimestre del año por la paritaria.
Esta semana las cámaras pyme advirtieron que las operadoras sólo reconocerían a sus empleados directos y de contratistas, no así de las subcontratistas o tercerizadas. Esto afectaría a las empresas regionales, produndizando sus problemas financieros.
La situación de los petroleros es compleja e inédita. No es sólo una crisis coyuntural, sino la irrupción que la pandemia fue un golpe letal para la industria en toda su cadena, el desplome del precio del barril internacional hasta la desarticulación de todo el sistema de empresas de servicios, desde las fraqueras a las pymes.
Las pymes que son subcontratistas y tercerizadas no serían reconocidas por las operadoras en el marco del acuerdo salarial con los petroleros, por lo que los sueldos de 10.000 trabajadores están pendientes de las negociaciones con el gobierno nacional y las cámaras empresariales. Las empresas locales activaron el alerta ante esta interpretación que hicieron las compañías de abonar el sueldo de los suspendidos de su personal directo y de contratistas, no así del resto de la cadena solidaria.
El acuerdo salarial implica el 60% de lo percibido habitualmente para los operarios petroleros que estén en stand by por la abrupta caída de la actividad en los yacimientos, debido al derrumbe de la demanda de combustibles y la imposibilidad de evacuar la producción al ritmo previo a la pandemia. Si las pymes no entran en el acuerdo, agudizarán su ahogo financiero y se teme que no puedan pagar en tiempo y en forma los sueldos.
La Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (Fecene) y la Cámara Empresarial Industria Petrolera y Afines de Neuquén (Ceipa) están realizando gestiones, con apoyo del sindicato de base que conduce Guillermo Pereyra y del gobierno provincial. Han enviado notas a los ministerios nacionales de Trabajo y de Desarrollo Productivo para que intercedan con las operadoras y empresas de servicios multinacionales.
Consultado por +e, Daniel González de Fecene señaló que más de la mitad de las empresas que integran la federación son "indirectos" con las operadoras y están en esta situación de incertidumbre. "Hemos llevado los reclamos para que nos reconozcan los beneficios de ATP (para el pago de los sueldos de las pymes). Estamos como actividad excenta, pero lo cierto es que tenemos poca actividad", apuntó.
Ceipa, que integra la federación, va por esas gestiones y hasta tiene un informe de la crisis. Una encuesta con sus asociados concluye que el gran cuello de botella será en junio, puesto que en la industria de servicios petroleros se cobra a las operadoras de 30 a 90 días. Al 11 de abril, un 60% de las pymes restaba sin recursos financieros para abonar sueldos de abril completos, el 75% el sueldo de mayo y el 80% recurría a solicitar crédito.
Las pymes expusieron estos planteos en una videoconferencia con diputados nacionales y dirigentes sindicales hace una semana, organizado por Fecene. Los tres ejes que se abordaron como principales preocupaciones del sector fueron la necesidad de definiciones sobre el precio sostén del petróleo, la sostenibilidad de la cadena de valor con las pymes y los ingresos por regalías de las provincias.
"Aunque acordaron suspensión del 80% de los trabajadores y la reducción salarial con el gremio, las grandes petroleras, incluida YPF, avisaron que sólo se harán cargo de sus planteles directos y el de las multinacionales de servicios especiales. Así, dejan libradas a su suerte a las empresas regionales que hoy emplean unos 10.000 trabajadores en la región y otro tanto en el resto del país", indicó el diputado Darío Martínez ayer, alertado por esta situación.
La Nación
Las empresas de servicios petroleros que perforan, fracturan, mantienen y ponen en marcha la producción en los pozos de Vaca Muerta están atravesando una situación delicada, ya que por la caída de la demanda local y la baja global del precio del barril que produjo la crisis del Covid-19 se generaron problemas en la cadena de pagos, que tornan difícil sostener miles de puestos de trabajo.
Es que la cuarentena dispuesta por el Gobierno desplomó la venta de combustibles a niveles inéditos. La demanda de gasoil cayó más del 50% y la de naftas, en torno del 80%. Y la situación internacional empeora el panorama: tras haber caído un 68,55% en lo que va del año (incluso llegó a valer menos que cero), el barril WTI cerró el viernes a US$19,78. En tanto el Brent, que se toma de referencia en la Argentina, cayó 60% en los últimos meses y terminó en la última jornada a US$ 26,39
En esa línea, en las últimas horas la mayor firma de servicios petroleros del país, San Antonio, envió una comunicación interna a entre 100 y 200 de sus 3700 empleados en la que anuncia que están "imposibilitados de pagar sueldos el próximo lunes 4 de mayo, primer día hábil del mes". El texto, al que tuvo acceso LA NACION, agrega: "Estamos haciendo todas las gestiones posibles para aliviar esta situación y confiamos en poder acreditar sueldos, aunque sea parcialmente, en la semana del lunes 11 de mayo. Continuaremos trabajando incansablemente para resguardar a nuestra empresa y a nuestros empleados ante esta crisis inédita que afecta a todos", señala la comunicación.
Entre los motivos que llevaron a esta situación, la firma explica en el comunicado que la disponibilidad de fondos se ve restringida por la falta de pago de sus clientes, en una clara demostración de que la cadena de pagos cruje en el sector. Además, San Antonio se encuentra en negociaciones con los bancos para reestructurar los plazos de pago de diversos créditos por un total US$106 millones. Ante la consulta de este medio, en la compañía prefirieron no hacer comentarios.
Esta situación se suma a las suspensiones de empleados que debieron llevar a cabo las compañías del sector debido a la falta de actividad, como en el caso de la firma Weatherford, que comunicó a parte de su plantilla suspensiones entre el 1° de abril y el 31 de mayo. La compañía dice en el texto que "la crisis en la que se encuentra el país, agravada por el brote del coronavirus", coloca a la empresa "en una coyuntura internacional que condiciona e impacta negativamente a la industria hidrocarburífera".
El texto añade: "Por ello, y en el marco de los acuerdos firmados con los distintos sindicatos de la industria y los DNU 329/20, el 355/20 y/o el que en un futuro lo reemplace y/o extienda, se le comunica a usted que no deberá prestar servicios efectivos durante el período comprendido entre el 01/04/2020 y el 31/05/2020".
Otra alternativa a la que recurrieron algunas empresas del sector fueron los retiros voluntarios para algunos de sus empleados. Tal fue el caso de Schlumberger, que abrió un programa entre el 1° y el 30 de abril, y de Pecom, cuya adhesión está vigente hasta el 31 de mayo.
Las empresas de servicios petroleros emplean a la mayoría de los trabajadores que están en los yacimientos. A su vez, son la fuente de ingreso de una variedad de pymes contratistas, entre las que se encuentran las proveedoras de arena para realizar el fracking en los pozos no convencionales de Vaca Muerta, por ejemplo.
El ritmo de actividad de las compañías de servicios no depende de ellas. Quienes toman la decisión de invertir y aumentar o bajar los equipos de perforaciones son las empresas petroleras, entre las que se encuentran YPF, Pan American Energy (PAE), Tecpetrol, Exxon, Chevron, Shell, Total y Vista.
Al tratarse de una industria de capital intensivo, el freno en la producción es casi instantáneo cuando las condiciones para invertir no están dadas. Y a diferencia de lo que ocurrió en los últimos años, esta vez el golpe en la actividad se dio por dos fenómenos exógenos a las regulaciones nacionales.
En este contexto, el Gobierno busca llegar a un acuerdo con todas las partes para atenuar la caída en la actividad, que podría desembocar en una pérdida de miles de puestos de trabajo. El foco principal del Ministerio de Desarrollo Productivo -del cual depende la Secretaría de Energía- está en establecer un precio para el denominado barril criollo , al cual la producción sea sustentable, ya que con valores cercanos a US$20 -como cotiza actualmente el precio internacional del petróleo- no hay actividad petrolera posible.
