La reciente postergación del proyecto minero Yanacocha Sulfuros para el 2024 ha puesto nuevamente en duda la capacidad del gobierno para atraer inversiones mineras de talla mundial, según las cifras de IPE.

Si bien existe un clima de mayor incertidumbre en el ámbito global, pocos esfuerzos se han realizado en el ámbito local para frenar el repunte de la conflictividad social y brindar un entorno regulatorio más predecible para la ejecución de proyectos mineros.

Ambos factores restan competitividad a la minería en el Perú y limitan la posibilidad de aprovechar la cartera de más de US$ 46.000 millones de inversiones en el sector.

DÉBIL 2022
Pese al contexto internacional caracterizado por precios de metales en niveles aún atractivos para ejecutar proyectos, la inversión minera en el Perú crece a un ritmo menor que en otros países mineros como Chile, Australia y Canadá.

En efecto, el avance de las inversiones en el sector minero peruano durante el primer semestre del 2022 fue de alrededor de 11% respecto al mismo período del 2021, aumento que representa apenas poco más de la mitad del registrado en el caso australiano.

Si bien este resultado se debe, principalmente, a la finalización de Quellaveco y ampliación de Toromocho, también pone en evidencia la ausencia de otros proyectos de gran envergadura que brinden continuidad al crecimiento de las inversiones en el sector. 

Con el incremento registrado en los precios de los metales a máximos históricos durante el 2021, el IPE estima que la inversión minera en el Perú debió haber acumulado un crecimiento seis puntos porcentuales por encima del observado en los primeros seis meses del 2022.

Ello habría permitido alcanzar un avance similar al promedio de Chile, Australia y Canadá, impulsando US$ 130 millones de inversiones adicionales, monto equivalente al 20% de la cartera de proyectos de exploración minera de US$586 millones, publicada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

MENOR COMPETITIVIDAD
Las menores inversiones en el sector minero se explicarían en gran parte por el clima de mayor incertidumbre local. El incremento de conflictos sociales mineros, que alcanzaron su nivel más alto desde marzo del 2017, ha perjudicado la producción de algunas de las minas más grandes del país.

Para Apurímac y Moquegua, la paralización de Las Bambas y Cuajone, respectivamente, significó una caída en la producción de cobre incluso mayor que la registrada durante el período de cuarentena a inicios de la pandemia. Con ello, entre enero y julio del 2022, la actividad minera acumula una caída anual de 3,2%.

Según el Instituto Fraser, el Perú ha venido perdiendo competitividad minera en los últimos cuatro años debido, principalmente, al deterioro de la percepción de las empresas respecto a las políticas del sector.

En este indicador, el Perú pasó de ubicarse en la mitad superior del ránking mundial en el 2018 a ubicarse en el quinto inferior en el 2021, por debajo del resto de países sudamericanos. En particular, los principales problemas que perciben las empresas son una alta incertidumbre respecto a la regulación, deficiente infraestructura e inestabilidad política.

Esto se refleja en la falta de continuidad de las políticas de promoción del sector ante los constantes cambios en la administración. En la gestión actual, los titulares del Minem han permanecido en su cargo un promedio de 2,5 meses, apenas la quinta parte del tiempo promedio registrado durante las gestiones de las dos décadas previas.

OPORTUNIDADES
El mercado global de metales se encuentra a la expectativa de los efectos que generará la transición energética mundial hacia fuentes renovables, la cual triplicará la “demanda verde” de cobre a casi 5,5 millones de toneladas hacia el 2030, según proyecciones de JP Morgan.

Pese a esta oportunidad, el número de anuncios de inversión en el sector minero peruano para el 2022-2023 identificados por el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) representa apenas la quinta parte de los que se realizaron en el último ciclo de altos precios de los minerales entre el 2011 y 2013. Ante ello, el IPE anticipa que la inversión minera registraría una caída de 18% en el 2023.

Este escenario plantea la necesidad de un mayor aprovechamiento del potencial minero del país, sobre el cual se cuenta con una cartera de proyectos de US$ 46.000 millones. Los beneficios de un esfuerzo de política más proactivo en esta dirección serían significativos.

Por ejemplo, si los proyectos cupríferos Zafranal, Los Chancas y Michiquillay –con inversiones por un total de US$ 6.300 millones– dejan de postergarse como ha venido ocurriendo desde las fechas previstas de inicio de construcción en el 2018, la producción de cobre en el Perú hacia el 2030 sería casi un 20% más alto que en el 2021.

El IPE estima que ello significaría un aumento de US$ 2.700 millones en exportaciones mineras por año, lo cual podría generar directa e indirectamente ingresos fiscales por S/2.500 millones anuales. Este monto resulta equivalente al presupuesto 2022 de los programas sociales Juntos y Pensión 65 sumados.