El gobierno de Pedro Castillo no está exento de conflictos y de dudas sobre su gestión. En este caso se investigan supuestos contratos con China a través de una empresa liderada por allegados al mandatario.

China está dispuesta a profundizar la inversión en Perú. Su encargada de negocios en el país inca, Li Yun, lo reconoció hace dos semanas pero la jugada no le está saliendo bien. Dos de sus compañías, CAMC Engineering Co. LTD y China Railway Tunnel Group, son señaladas de pactar siete contratos con el gobierno izquierdista de Pedro Castillo mediante una incipiente empresa propiedad de allegados al mandatario.

De acuerdo con la base de datos oficial Proveedores del Estado, las cuatro empresas relacionadas con el presunto favorecimiento de adjudicaciones de obras públicas –cuyos nombres fueron señalados por López en un documento que proporcionó a la fiscalía– obtuvieron durante el Gobierno de Castillo más de 1.812 millones de soles en proyectos. La mayoría en Provías Nacional (PVN), del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), dos entidades que han sido el centro de otros escándalos de corrupción.

Según informó La República, López habría decidido acogerse a la colaboración eficaz y señalar al jefe de Estado como cabecilla de una organización criminal, la cual estaría infiltrada en Palacio de Gobierno, en algunos ministerios y en el Congreso

Infografía: La República

La Contraloría General de la República ha solicitado al MTC la relación de todos los funcionarios que dieron la buena pro a las empresas chinas que, según Karelim López, fueron favorecidas con contratos por intermediación de los sobrinos del presidente Castillo.

Según López, la constructora Ingeniería Integración de Proyectos (INIP) registrada en 2019 por los hermanos Roberto y Alejandro Aguilar –de 25 y 33 años– no tenía experiencia en el sector ni acuerdos suscritos con el Estado, pero con el arribo de Castillo al poder este panorama cambió.

En sociedad con las dos compañías chinas ganó cuatro contratos por 580 millones de soles equivalentes a 152.546.380 dólares a tres meses de Castillo haber tomado posesión del cargo, divulga La República. Estos cuatro contratos forman parte de los siete que acordó el también empresario y amigo del presidente, Zamir Villaverde, quien figura como intermediario en las negociaciones.

LA INVESTIGACIÓN DE CONTRALORIA
El contralor de la República, Nelson Shack, informó que investigarán a las empresas chinas que ganaron licitaciones en el país. Dijo que ya se identificó una primera lista de proyectos que superan los 1.000 millones de soles.

“Estos grupos empresariales chinos están en Cusco, Arequipa, Tacna, Moquegua, en el MTC, en otras entidades. Estamos identificando cuáles son esas contrataciones y vamos a intervenir para investigar el lado administrativo”, dijo Shack, en su visita a Cusco para un megaoperativo de control.

El contralor no descartó que se descubra un nuevo Club de la Construcción con diferentes actores. “¿Es posible que asistamos a un nuevo caso de club de la construcción? Eso es perfectamente posible. El caso de Lava Jato no es un caso nuevo. Basta con leer el libro de la corrupción. Estos casos van a ser continuos. La Contraloría va a sacar los informes y vamos a intervenir las distintas obras”, señaló.

LAS DESMENTIDAS A KARELIM
La República entrevistó a Roberto Aguilar Quispe, representante de la empresa Ingeniería Integración de Proyectos (INIP), que en consorcio con China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) y China CAMC Engineering Corporation (CCAMEC) logró contratos por 921 millones de soles. Aguilar señaló que las declaraciones de Karelim López son interesadas porque les ganó contratos a otras empresas chinas con las que ella está relacionada.

Según la versión de Aguilar, López buscaría sacarlo del mercado en beneficio de China Gezhouba Group Company y Wihai Construction Group Company, con las que tendría vínculos. Durante el periodo del presidente Castillo, estas compañías consiguieron contratos por 363,2 millones de soles. Una cifra menor en comparación con las otras firmas chinas consorciadas con INIP, de los hermanos Roberto y Alejandro Aguilar Quispe, presuntamente vinculados con los sobrinos del presidente Castillo, y con Zamir Villaverde García, amigo del jefe del Estado.

Versión. Roberto Aguilar reclamó por qué no se investiga a empresas chinas de Karelim López. Foto: Marco Cotrina/La República

Lo cierto es que la revelación de la existencia de una concertación desde el Gobierno de Castillo en beneficio de las constructoras chinas, que hizo Karelim López ante la fiscal de lavado de activos Luz Taquire, ha expuesto un mecanismo de contratos digitados muy similar a lo que hizo la organización criminal denominada ‘Club de la Construcción’.

Las empresas que fueron parte del ‘Club de la Construcción’ pagaban sobornos a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), de Provías Nacional (PVN), de Provías Descentralizado (PVD), y de otras instancias del Estado, para recibir la adjudicación de gigantescas y cuantiosas obras.

Como consecuencia de las investigaciones del Equipo Especial Lava Jato, el ‘Club de la Construcción’ prácticamente dejó de existir, lo que permitió que las compañías chinas comiencen a ganar con más frecuencia los codiciados proyectos de infraestructura vial de PVN y PVD del MTC. Solo en lo que va del Gobierno de Castillo, 6 constructoras chinas han ganado contratos por 2.176 millones de soles.

Para el representante de INIP, Roberto Aguilar Quispe, como resultado de esta competencia entre constructoras chinas, es que Karelim López ha denunciado a sus socios de China Civil Engineering Construction Corporation y China CAMC Engineering Corporation, además de China Railway Tunnel Group y China Railway Nº 10 Engineering Group.

“Karelim López pretende desprestigiar a mi empresa, INIP, y a China Civil Engineering Construction Corporation, porque es su competencia directa. Y quiere desprestigiarme a mí por ser un empresario joven y que le está yendo relativamente bien. La verdad, es bastante sospechoso que no estén investigando a las empresas relacionadas a ella, a las que no menciona para nada”, explicó Roberto Aguilar a La República.

Como la propia Karelim López se lo ha dicho a la fiscal Luz Taquire, la constructora para la que trabajaba, Termirex, ganó mediante prácticas ilegales el contrato del proyecto Puente Tarata III de Provías Nacional por 232,5 millones de soles. Termirex también ganó un contrato por 235 millones de soles de Provías Nacional en sociedad con Weihai Construction Group Company en el 2019. Y en el 2020, la Corporación Imaginación, cuyo dueño, Marco Pasapera Adrianzén, también lo es de Termirex, en sociedad con China Gezhouba Group Company, consiguió un contrato con Provías Nacional por 63,5 millones de soles.

Lo que no se ha dicho es que el representante de Weihai Construction Group Company, Chen Junkun, se encuentra como no habido. La fiscalía de Puno dispuso la detención del gobernador regional, Agustín Luque Chayña, por presunta colusión con Chen Junkun en la contratación para la construcción de un hospital por 329,3 millones de soles.

Según su movimiento migratorio, Chen Junkun ingresó por primera vez al Perú el 30 de agosto del 2018. Y la última vez fue el 7 de enero del 2021. Quiere decir que todavía sigue en el país, y probablemente sigue trabajando en Weihai Construction Group Company.

Según la base de datos, uno de los representantes de Weihai Construction Group Company es Marco Antonio Díaz Costa, un conocido empresario relacionado a varias contrataciones sospechosas.

En el actual Gobierno, Weihai Construction Group Company ha ganado 301,3 millones de soles en contratos.

Mientras tanto, José Mejía Regalado, quien fue acusado de haber pertenecido a la organización del empresario aeronáutico Fernando Zevallos Gonzales, ‘Lunarejo’, tiene registradas varias visitas a entidades del Estado a nombre de China CAMC Engineering Corporation. Esta compañía, durante el Gobierno de Pedro Castillo, logró 116,4 millones de soles en contratos.

China Railway N° 10 Engineering Group Corporation también enfrenta denuncias en Puno, donde Provías Nacional la contrató por 167 millones de soles para la habilitación de una carretera entre Lampa y Azángaro en el 2018.

Pero en el Gobierno de Castillo, volvieron a ganar más contratos.

Según Karelim López, fue el empresario Zamir Villaverde García quien supuestamente ofreció a las empresas chinas la oportunidad de obtener contratos, en particular en Provías Nacional y Provías Descentralizado. Los intermediarios eran los sobrinos del presidente Castillo, Gian Castillo Gómez, Fray Vásquez Castillo, Rubdel Oblitas Paredes y Fany Oblitas Paredes.

De todos los mencionados, registran ingresos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones Rubdel y Fany Oblitas, además de Zamir Villaverde. Este ha rechazado la versión de López.

Sin embargo, la fiscalía especializada en corrupción de funcionarios ya inició la investigación de los contratos chinos, y ha solicitado toda la documentación relacionada con las adjudicaciones a las constructoras chinas.

Recuérdese que cuando salió a la luz el contrato amañado de Provías Nacional a favor de Termirex, la constructora para la que trabaja Karelim López, el MTC desestimó la existencia de irregularidades. Hasta que López terminó aceptando que sí hubo corrupción ante la fiscal Luz Taquire.

Es que el presupuesto de Provías Nacional es apetitoso: 6.175 millones de soles. Y el de Provías Descentralizado llega a 1.849 millones de soles.

HISTORIA DEL CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN

CARETAS

El “Club de la construcción” está de vuelta, pero esta vez tiene cabeza de dragón. Se trata del “Club Chino de la Construcción” al que hoy se ha adjudicado la mayoría de las megaobras que existen en el Perú con ayuda de malos funcionarios. El grupo nació de la fusión de empresas peruano-chinas, y otras puramente chinas, que llevan bajo el brazo millonarias cartas fianza de la banca china autorizada en Lima. 

Su papel se ha hecho más visible ahora, en el gobierno de Pedro Castillo, dada la última confesión de la aspirante a colaboradora eficaz, Karelim Lopez Arredondo, pero su llegada a estas tierras coincide con la caída del cártel brasileño de la construcción por el escándalo transnacional de corrupción Lava Jato, que también arrastró al sólido club de la construcción local, que integraban las empresas peruanas de construcción más grandes y antiguas. Fue en la corta presidencia de Martín Vizcarra que se le abrió las puertas a las empresas chinas y se le dio todas las facilidades para que tomen el mercado. Así se hicieron de gran parte de las buena pro en las obras de gran infraestructura licitadas por el MTC.

Martin Vizcarra más que atento a las negociaciones de los empresarios chinos en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski

El modus operandi de este club asiático sería el mismo que su antecesor, el «Club de la Construcción» peruano-brasileño, integrado en ese entonces principalmente por Graña y Montero, y las extranjeras Odebrecht, OAS, Camargo Correa, Queiroz Galvao, Andrade Correa, entre otras. O el cártel peruano que reinó muchos años en el MTC, conformado por las empresas Obrainsa, Málaga, Cosapi, ICCGSA, Grupo Plaza, por solo nombrar a las más conocidas. Cada vez que había un proyecto de licitación, las empresas se comunicaban y arreglaban el negocio a cambio de repartir porcentajes en forma de coimas.  Usualmente, sobornos que suponían entre el 1 y el 3 % del valor de los millonarios contratos.

Hoy en día, el «Club Chino de la Construcción», también conocido como el «Club del Dragón», toma conocimiento de cada licitación y limpia la cancha de competidores. Presenta garantías fabulosas, que solo pueden conseguir en bancos chinos que funcionan en nuestro país con permiso oficial de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

CARETAS confirmó que se trata, principalmente, de tres bancos asiáticos instalados en el corazón de San Isidro. Estos empezaron a funcionar entre el año 2020 y el 2022 y desde entonces han entregado millonarios avales solo a empresas chinas con el fin de que se adjudiquen varias importantes obras públicas. No hay forma de que las pequeñas y medianas empresas constructoras peruanas u otras extranjeras compitan con las chinas, pues las bases de los concursos públicos en estas obras le exigen al constructor que demuestre una espalda financiera inmensa, con líneas de crédito o depósitos de hasta el 50 % del valor de la carta fianza estipulada para cada obra. Es como si las bases estuvieran hechas como un traje a la medida para los empresas o consorcios chinos.

Estos documentos sirven como respaldo financiero ante el Estado. Según nuestra investigación, existen “cartas fianza” multimillonarias. Por ejemplo, hallamos una por el valor de hasta mil millones de soles. Está fue entregada a Provias Nacional con la finalidad de adjudicarse la megaobra llamada “Construcción de la vía de evitamiento de la ciudad de Juliaca” en Puno.

Asimismo, en Arequipa, se presentó hace pocos días, ante la sorpresa de los funcionarios de la municipalidad provincial de Castilla en Aplao, otra empresa China en el concurso por una megaobra. La empresa se había enterado de la convocatoria de una licitación pública y llevaba bajo el brazo nada menos que un respaldo financiero de casi 24 millones de soles otorgado por el Banco de China. Esto le permitía adjudicarse la construcción de la carretera Ayo Andomayo, de la provincia de Castilla.

La facilidad y la rapidez con la que estas empresas constructoras  obtienen créditos astronómicos ha impulsado a que empresas peruanas se consorcien y jueguen en pared en diversos concursos públicos.

“Es imposible competir con esas cartas fianza. Los bancos nacionales no entregan respaldos financieros por montos tan grandes. Piden que tengas la mitad del monto de la carta (fianza) en tu cuenta bancaria, pero nadie tiene millones ahorrados o inmovilizados. Trabajamos con dinero. Esto ha impulsado a que muchos empresarios busquen a estas empresas chinas que, incluso, he escuchado, abandonan las obras de mala manera”, indica un representante de una de las empresas constructoras peruanas afectadas por esta modalidad hecha expresamente para sacarlos de juego en las obras de infraestructura pública.

Los que conocen la historia del ingreso del “Club Chino de la Construcción” al Perú consideran que el inicio es el viaje que realizó el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski a la China en setiembre del 2016, su primer periplo al exterior como jefe del Estado. Hubo dos ministros que lo acompañaron en su gira por el gigante asiático: Martín Vizcarra, su primer vicepresidente que también lideraba la cartera de Transportes y Comunicaciones, y Edmer Trujillo, el pequeño ingeniero que Vizcarra había logrado colocar como ministro de Vivienda. Ambos sostuvieron conversaciones clave con los CEO de estas gigantes chinas de la construcción que, enterados del colapso de las brasileras en toda la región, querían expandir sus negocios en esta parte del mundo. Cuando Vizcarra asume la presidencia, en marzo del 2018, siempre ha colocado a hombres de su absoluta confianza en el estratégico MTC. Primero fue Edmer Trujillo y después Carlos Estremadoyro, que Karem Roca llegó a calificarlo como “El Cajero”.

En los veinte meses del gobierno de Martín Vizcarra las empresas chinas reemplazaron a las brasileras envueltas en el escándalo de Lava Jato y a los peruanos denunciadas como un cártel de la construcción. Por eso no sorprende que a julio de 2021, cuando el profesor Pedro Castillo asume la presidencia, había por lo menos una decena de empresas chinas que acaparaban las obras de infraestructura pública tanto en el gobierno central, básicamente en los ministerios de Transportes y Comunicaciones y Vivienda y Construcción. Por ejemplo, la empresa China Civil Engeneering Construction Corporation, una de las tres que menciona Karelim, desde enero 2020 (gobierno de Vizcarra) hasta junio del 2021 (gobierno de Sagasti) obtuvo obras por más de 1300 millones de soles, tanto en Provías Nacional como Provías Descentralizado. La otra empresa que menciona Karelim, la China Railway Group Limited, sucursal Perú desde septiembre de 2018 hasta junio de 2021, había ganado obras por casi 1000 millones de soles en el MTC.

¿Qué es lo nuevo en la delación de Karelim López? Todo indica que Zamir Villaverde, con anuencia del presidente, coordinaba con el ministro Silva la entrega de megaobras a por lo menos tres consorcios chinos que, para ganarlas estaban obligados a tener como socios locales minoritarios a la empresa de los hermanos Aguilar Quispe, que serían una suerte de testaferros de la organización que López dice se instaló en el MTC desde el primer día del gobierno de Perú Libre.

La novedad no es que las empresas chinas estaban ganando las obras a nivel nacional, lo que Karelim ha revelado es que estas fueron obligadas a asociarse con una en particular a cambio de ganar importantes obras. Obviamente, en licitaciones amañadas y controladas por esta organización en la que también participaban los sobrinos del presidente. Zamir Villaverde ha sido tildado como el nuevo cajero en esta mutación de la mafia instalada en el MTC desde julio del año pasado.

Zamir Villaverde, el «cajero» de la era Castillo, dice no ser amigo del presidente, pero según Karelim López, contaba con su anuencia para operar en la mafia del MTC

Por confesión de la aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López Arredondo, hoy sabemos que el joven de 27 años llamado Roberto Aguilar Quispe se ha convertido en el principal socio comercial para dos empresas multinacionales de China. Un joven chinchano que en Lima vivía en la zona del Fundo Oquendo, en el Callao, y que recientemente ha obtenido el título de bachiller en Ingeniería Civil. Aguilar Quispe nunca antes tuvo contratos de esa magnitud, la buena fortuna le ha sonreído en Provías Nacional y Provías Descentralizado del MTC durante los siete meses en los que el profesor Juan Silva fue ministro de Transportes.

El renunciante Juan Silva. Dice tener las manos limpias luego de que la lobista Karelim López lo acusa de encabezar una mafia en el MTC

Desde que se inició el gobierno del presidente Pedro Castillo, Roberto Aguilar Quispe ha firmado junto a las empresas China CAMC Engineering CO. LTD y China Civil Engineering Construction Corporation contratos con el Estado por más de S/580 millones.

Y ¿cómo lo hace?, ¿cuál es el negocio?

Quizá la explicación se halle en el hecho de que tiene tras de sí a un dragón que cuida el tesoro y no está dispuesto a compartirlo con nadie.