AMLO presentó los detalles de una propuesta que probablemente excluirá a las plantas privadas de generación eléctrica y podría desatar denuncias bajo el acuerdo comercial con EE.UU. y Canadá
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador presentó los detalles de una propuesta que probablemente excluirá a las plantas privadas de generación eléctrica y podría desatar denuncias bajo el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), según informó la agencia Associated Press.
La reforma constitucional presentada por López Obrador cancelaría contratos bajo los cuales 34 plantas privadas venden energía eléctrica a la red nacional. El plan declara “ilegales” a otras 239 plantas privadas que venden directamente su energía a clientes corporativos en el país.
La medida también cancelaría muchos contratos de suministro eléctrico a largo plazo y los planes de adquisición preferencial de energías limpias, afectando sobre todo a compañías extranjeras.
La propuesta coloca a las plantas privadas de gas natural casi al final de la fila —sólo delante de las termoeléctricas del gobierno que operan con carbón— de los derechos para vender electricidad a la red nacional, a pesar del hecho de que su producción de energía es aproximadamente 24% más barata. Las plantas bajo gestión del gobierno que queman combustóleo tendrían preferencia por encima de las plantas eólicas y solares privadas.
Ello le garantiza a la generación eléctrica del gobierno una participación en el mercado de al menos 54%, contradiciendo las promesas de reservar el 46% para las compañías privadas.
Rocío Nahle, secretaria de Energía, señaló que eso significa que “los privados van a estar en el mercado en el 46% y no se les va a nacionalizar ni nada, ni un tornillo, ni una tuerca”.
Sin embargo, Nahle no explicó cuál es la diferencia entre cerrar de hecho una planta de energía privada y nacionalizarla. Ninguna de las dos tendría valor alguno para el propietario y sería imposible de vender.
Además, aparentemente dependería de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) — la proveedora estatal de servicio eléctrico — determinar si quiere incrementar su participación de mercado de “al menos” el 54%.
La iniciativa del presidente — que para poder implementarse necesita que al menos dos terceras partes del Congreso la aprueben — tiene el objetivo de reforzar las finanzas de la CFE, que actualmente sólo produce aproximadamente 38% de la energía del país, ya que sus plantas son más viejas, contaminan más y su operación es más costosa, informó Associated Press.
López Obrador adora las compañías propiedad del Estado, y necesita que la CFE queme todo el excedente de combustóleo producido por las refinerías del país, las cuales ha expandido. El combustóleo, un derivado del proceso de refinación de gasolina y diésel, es un producto que nadie quiere por ser más sucio durante su consumo.
Así que el presidente no tardó en presionar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) — que tiene los votos necesarios para aprobar la reforma — con el fin de que apoye la medida. Sin embargo, es poco probable que lo haga: Fue el PRI el que promovió la reforma de privatización de 2013, y muchos de sus miembros más destacados aseguran que no votarán por llevar nuevamente al sector eléctrico al dominio del gobierno.
“Si no se hace la reforma a la Constitución, pues estas empresas (privadas) terminan por apoderarse de todo el mercado eléctrico... nos pasaría lo que está sucediendo ahora en España, que las tarifas de luz para el usuario están por las nubes”, manifestó López Obrador.
Irónicamente, Nahle presentó una gráfica que mostraba que, en lo que va del año, los precios de la luz apenas han subido en México bajo el esquema actual de privatización parcial.
Muchas de las plantas privadas se construyeron con inversión extranjera bajo la reforma energética de 2013 que el presidente quiere revertir, y los analistas dicen que dichas compañías extranjeras podrían presentar denuncias bajo las reglas del T-MEC que les garantizan a los extranjeros un trato igualitario y prohíben favorecer a empresas locales o gubernamentales.
La compañía privada BBVA Research dijo que el plan del presidente “generaría controversias en el marco del T-MEC”.
“Con relación al T-MEC, la propuesta de reforma se contrapone a los capítulos 14 (Inversión) y 21 (Política de Competencia), por lo menos”, señaló la empresa en un análisis de la medida.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reconoció la posibilidad, pero no lució preocupado al respecto.
“Si esto hubiese ocurrido sin que tuviésemos el tratado, pues seguramente podría llegar a ser un gran tema bilateral. Hoy no lo es”, declaró Ebrard. “¿Por qué no lo es? Porque hay conductos, hay procedimientos para que si tú tienes una diferencia, lo puedes defender, y si ganas porque te afectaron indebidamente, pues te vamos a tener que reponer o reparar el daño”.
Extrañamente, el plan de López Obrador no parece enfocarse en lo que muchos analistas consideran es una de las verdaderas deficiencias del sistema eléctrico actual: el hecho de que las compañías privadas no tienen que pagar mucho del costo de transmisión por la energía que producen.
Pero eliminaría a todas las agencias de regulación, competencia y supervisión en el sector eléctrico y las incorporaría a la CFE, lo que le permitiría a esta empresa decidir por sí sola si sus propias prácticas son justas o no.
“Esta iniciativa cierra la puerta a la competencia y es un hecho que, de aprobarse, en el corto plazo generará desabasto, apagones y tarifas cada vez más caras para las familias mexicanas”, aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
La iniciativa, que López Obrador envió al Congreso este mes, también declara al litio como un “mineral estratégico” y reserva para el gobierno cualquier exploración y extracción a futuro, a pesar de que México no cuenta con ninguna compañía paraestatal capaz de producir litio.
La medida posiblemente deje a la única mina de explotación privada en el país — cuya producción está programada a comenzar en 2023 — en manos de una compañía de litio china.
Empresas canadienses en alerta
Si la iniciativa de reforma constitucional eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López es aprobada por el legislativo, provocará consecuencias graves al país y “destruirá las inversiones de empresas canadienses en el sector eléctrico y en otras áreas de la economía”, alertó la Cámara de Comercio del Canadá en México (CanCham).
En medio de un proceso de reactivación económica, en donde las empresas canadienses con inversión en México contribuyen al desarrollo del país, “vemos con sorpresa y preocupación las consecuencias que esta propuesta de reforma constitucional podría tener y podrían deteriorar el clima de confianza y certidumbre necesario para la recuperación económica”, afirmó el organismo privado.
Por ello, como promotores de la inversión canadiense en México, la CanCham planteó al Ejecutivo y al Legislativo en participar en el debate para promover el diálogo y encontrar mejores opciones que fortalezcan la industria, al subrayar la importancia del cumplimiento a los tratados internacionales como el T-MEC, al que pertenece México, Estados Unidos y Canadá, según informo El Economista.
“De aprobarse la iniciativa en los términos en los que ha sido planteada, tendría consecuencias graves, profundamente lamentables y ciertamente irreversibles en muchos años incluyendo el impacto al medio ambiente. La mejor forma de fortalecer al sector energético en México es a través de la creciente colaboración entre los sectores público y privado”, consideró.
A través de un documento, la Cámara de Comercio de Canadá expresó que los países de América del Norte han invertido muchos años, lo que se traduce en un gran esfuerzo para integrar a la región. “La propuesta de reforma constitucional representa un retroceso frente a dichos esfuerzos y se aleja de los acuerdos logrados para fortalecer los lazos entre los países miembros”, advirtió.
Los empresarios canadienses se pronunciaron porque el Congreso de la Unión rechace los cambios propuestos por el jefe del Ejecutivo, ya que la cancelación de los permisos eléctricos impedirá a las empresas eléctricas, incluyendo a las canadienses, generar electricidad, y destruirá las inversiones bajo modelos de negocios conforme a la Ley de Servicio Pública de Energía Eléctrica (LSPEE) y la Ley de la Industria Eléctrica.
La inversión de empresas privadas es determinante para abastecer energía a los mexicanos y a los negocios que activan la economía de este país y que a su vez incentiva el desarrollo social, ofreciendo tarifas más bajas y mejores en condiciones de sustentabilidad y protección al medio ambiente.
Para la CanCham, la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), así como la reincorporación del CENACE a la CFE tendrán como resultado una “regulación inequitativa” emitida por un participante de la industria que será juez y parte, dañando la competencia, lo que aumentará las ineficiencias en el mercado eléctrico y de los combustibles.
La función de los reguladores es actuar con imparcialidad para establecer reglas claras y promover la certeza legal y regulatoria en el mercado energético como un ente autónomo desligado de los ciclos políticos. Por lo tanto, en el T-MEC, México se obligó a mantener organismos reguladores autónomos que brinden la certidumbre necesaria para la participación privada en los sectores estratégicos.
Respecto al tema del litio, el anuncio de reservar para el Estado los minerales estratégicos de la transición energética, sin definir dichos minerales, todo ello en detrimento del Estado de Derecho, genera gran incertidumbre en el sector.
FMI advierte riesgos de marcha atrás en apertura energética en México
El Fondo Monetario Internacional advirtió el martes sobre los riesgos de dar marcha atrás a la apertura del sector energético aprobada en 2013 en México, y recalcó que la provisión de energía debe ser "eficiente", "asequible" y "sostenible", según AFP.
"Hemos visto un retroceso de las reformas del sector energético de hace unos años, y eso ciertamente aumenta la incertidumbre sobre políticas, que luego puede inhibir la inversión del sector privado", afirmó Gita Gopinath, economista en jefe del FMI.
Gopinath respondió así al ser consultada por periodistas sobre los riesgos para la recuperación económica de México si el Congreso aprueba reformas impulsadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para limitar la participación de empresas privadas en el sector energético.
El presidente mexicano promueve una modificación de la Constitución para aumentar el control del Estado en el mercado de la energía, revirtiendo medidas de su antecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018), que abrió el sector local a la inversión privada tras más de 70 años de monopolio estatal.
"Nuestra opinión es que cuando se trata de suministro de energía, se debe poder hacerlo de la manera más eficiente, asequible y sostenible en lo que respecta al medio ambiente", dijo Gopinath.
"Y ese tiene que seguir siendo el enfoque cuando se está realizando cualquier tipo de reforma en el sector eléctrico", afirmó.
Gopinath destacó el repunte de la economía de México al presentar el martes el último informe del FMI sobre las "Perspectivas de la economía mundial" (WEO en inglés).
"Ya no es una recuperación a dos velocidades que antes estaba impulsada completamente por las exportaciones y las manufacturas", subrayó.
"Ahora también estamos viendo una recuperación en el sector de servicios. Y eso es una buena señal de que la recuperación tiene una base mucho más amplia", sostuvo.
El FMI prevé un crecimiento del PIB de México de 6,2% en 2021 (0,1 puntos porcentuales menos que en su pronóstico anterior de julio), y de 4,0% en 2022 (-0,2 puntos).
