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MINERÍA
Bloomberg y Reuters: Chile, cobre y riesgo político
AGENCIAS/MINING PRESS

En Chile, el Teniente es la mina de cobre subterránea más grande del mundo y la sexta más grande por tamaño de reserva

17/05/2021

Reuters: Chile, cobre y riesgo político

En las montañas de Los Andes abundantes en cobre, el riesgo político crece a medida que los altos niveles de pobreza, exacerbados por la pandemia de COVID-19, impulsan cambios potencialmente drásticos y ponen la riqueza minera en la mira de políticos y ciudadanos enojados.

Chile, el mayor productor mundial del metal rojo, está en vías de redactar una nueva Constitución y sus políticos debaten un aumento en las regalías. Perú, segundo mayor extractor, se encamina a unos comicios presidenciales polarizados, con un socialista poco conocido que encabeza las encuestas y quiere redistribuir la riqueza minera.

“El 42% de la producción mundial de cobre mina bajo una incertidumbre política que podría traer aparejado riesgos sobre la producción futura, justamente en un momento en el cual todas las apuestas están mirando ese futuro”, dijo Juan Carlos Guajardo, jefe de la consultora chilena Plusmining.

Esa incertidumbre está ayudando a sustentar los precios globales del cobre, que han alcanzado máximos históricos a medida que la demanda china se recupera tras la pandemia, así como el rápido desarrollo de una revolución verde de electrificación que se espera impulse el apetito por el metal industrial en los próximos años.

Pero en la propia América Latina, la recuperación parece algo lejana. La pandemia de COVID-19 ha provocado un aumento en la pobreza, dando paso a medidas para desbloquear y redistribuir recursos, ya que muchos luchan por mantenerse a flote en medio de paralizaciones de la actividad y altos costos de la atención médica.

Eso ha puesto los recursos minerales en foco, dado el papel descomunal que desempeñan en el motor económico de la región.

El candidato presidencial que lidera los sondeos en Perú, Pedro Castillo, prometió dar vuelta a la tortilla y retener el 70% de las ganancias mineras en el país y frenar el “saqueo” de empresas extranjeras, y advirtió que podría nacionalizar algunos recursos. Encabeza los sondeos previos a la votación del 6 de junio, aunque la derechista Keiko Fujimori está ganando terreno.

Chile está en medio de un largo proceso para reemplazar la Constitución de la dictadura de Augusto Pinochet, que sostuvo décadas de crecimiento, pero también es responsabilizada por agudizar la desigualdad, lo que condujo a las violentas protestas que sacudieron al país a fines de 2019.

La Cámara de Diputados también aprobó este mes un proyecto de ley que aumentaría drásticamente la carga tributaria sobre el sector para financiar programas sociales, que según algunos expertos de la industria podría impactar a la minería.

En tanto, Pablo de la Flor, director ejecutivo de la principal cámara minera de Perú, dijo que había problemas de asignación de recursos que debían abordarse, pero que la solución estaba en reformar los gobiernos locales ineficientes en lugar de un nuevo régimen fiscal.

“Lamentablemente, los fondos no se han utilizado adecuadamente para cerrar las brechas sociales, dejando atrás a las regiones productivas”, dijo.

La convergencia de riesgos está creando el escenario más incierto en años, aunque la región tiene historial de volatilidad, con frecuentes cambios políticos, protestas y huelgas.

Ejecutivos de la minería dijeron que parte del riesgo puede atenuarse, ya que quienes buscaban los cambios más audaces se enfrentaron a la oposición política y se vieron obligados a diluir sus planes.

Diego Hernández, director del gremios de mineras chilenas Sonami, dijo que el proyecto de regalías liderado por la oposición probablemente se enmendará en el Senado antes de recibir luz verde.

“No creo que se apruebe el proyecto como está hoy día en el Senado porque sería muy irresponsable y muy imprudente”, dijo a Reuters. Advirtió a principios de mayo que la medida legislativa sería un voto a favor de “no más minería”.

“En un período donde todos debemos preocuparnos por la recuperación económica prescindir o estrangular a la minería no le hace bien a ninguno de estos países. Entonces uno finalmente supone que el sentido común prevalecerá”, agregó.

La estatal chilena Codelco es el mayor productor mundial de cobre, mientras que el país alberga la enorme mina Escondida de BHP y Collahuasi, una empresa conjunta de Glencore y Anglo American .

En Perú, Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, dijo que la redistribución de la riqueza mineral era una forma obvia de mejorar el uso de fondos para la recuperación pospandémica, aunque un Congreso fragmentado probablemente limitaría el poder de quien se convierta en presidente.

Agregó que la incertidumbre podría desanimar a inversores, temerosos de que el Estado se apodere de los activos. “A nadie le gusta meter 1.000 o US$1.500 millones de inversión donde al Jefe de Estado le gustaría nacionalizar”, opinó.

Perú tiene una lista de unos US$ 56.000 millones en inversiones mineras. La férrea oposición de comunidades locales ya ha detenido algunos proyectos, incluido Tía María de Southern Copper y una iniciativa de oro de US$ 5.000 millones de Newmont y la local Buenaventura.

En Chile, Guajardo de Plusmining dijo que además las mineras se enfocan en proyectos existentes o “brownfield”, que con el tiempo verían caer los niveles de producción si no se realizaran nuevas inversiones.

“Si tú no haces esas inversiones vas a tener que administrar un activo que va a tener una tendencia a caídas en sus leyes y variables que se va a reflejar en menor producción”, dijo.


Análisis de Bloomberg: la política en Chile se vuelve en contra de la minería del cobre

La minería chilena del cobre enfrenta su mayor amenaza regulatoria desde que la industria despegó hace más de tres décadas.

Desencadenado por los peores disturbios sociales en una generación, Chile acaba de elegir una asamblea que dejará la redacción de una nueva Constitución en gran medida en manos de la izquierda, luego de que la coalición gobernante no lograra obtener el porcentaje necesario para ejercer el poder de veto. Tras la votación del fin de semana, las acciones, los bonos y la moneda del país cayeron, mientras que los futuros del cobre subían.

La composición de la Convención Constituyente deja a mineras como BHP Group y Anglo American vulnerables a normas más estrictas en materia de agua, glaciares, minerales y derechos comunitarios. La aplastante derrota del Gobierno también puede dar impulso a un proyecto de ley que crearía una de las mayores cargas fiscales en la minería mundial del cobre .

“Viendo cómo queda la distribución de los constituyentes está claro que se buscarán los mecanismos para una mayor repartición de los beneficios de la minería a la sociedad, y aumentarán las exigencias medioambientales respecto a una industria que se piensa, de manera a veces simplista, que es muy rentable y contaminante ”, dijo Alejandra Fernández, directora de metales y minería de Fitch Ratings.

La nueva Constitución podría incluir un lenguaje que aumente los requerimientos para las concesiones mineras y sus impactos ambientales , dijo Fernández. Las conversaciones probablemente se centrarán en que el agua se convierta en un bien nacional de uso público, lo que apunta a una revisión de los derechos de propiedad y un aumento de las compensaciones por uso indebido, agregó. Cada año, la industria minera usa suficiente agua para abastecer 75% de las necesidades del país, según McKinsey.

Aun así, las mineras ya han comenzado a trabajar en sus huellas de carbono y en su compromiso con la comunidad. La Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, análisis que la industria satisfaga una mayor parte de sus necesidades de agua mediante la desalinización en los próximos años, y las empresas se están cambiando a la energía renovable y empezando a recurrir al hidrógeno verde como una forma de sustituir el diésel.

Posibilidad de negociacion

Los posibles cambios legislativos y regulatorios se producen en medio de un repunte de los metales que ha generado ganancias récord. Para los defensores de un proyecto de ley que grava las ventas del cobre con tasas de hasta 75% cuando los precios superan US $ 4 la libra, las empresas deben destinar una mayor parte de las alzas no anticipadas del metal a rectificar los persistentes desequilibrios económicos y sociales de Chile .

Si bien las sólidas ganancias podrían compensar las regulaciones más estrictas para los productores, los altos precios de los metales también ayudan a explicar el aumento en el nacionalismo de los recursos, especialmente en un momento en que la pandemia está agravando las desigualdades en los países en desarrollo.

A pesar de las tensiones sociales y políticas, sigue habiendo posibilidad de negociación, según el analista Mariano Machado de Verisk Maplecroft. Las distintas facciones podrían buscar modificaciones al proyecto de ley de regalías mineras a cambio de ajustes en los derechos de agua, por ejemplo.

“Nadie tiene hoy el crédito suficiente para liderar este, pero al mismo tiempo nadie tampoco tiene crédito suficiente para obstaculizarlo”, dijo Machado . “La política de la vieja escuela y la nueva política tienen que seguir forjando una relación”.

Los vientos en contra que enfrentan las minas chilenas también son parte de la historia alcista del cobre. El metal ha duplicado su valor en el último año, en parte debido a la preocupación de que la oferta no pueda satisfacer la creciente demanda de materias primas necesarias para la transformación de energía limpia.

Incertidumbre para la inversión

Los enormes yacimientos de pórfidos y las grandes entradas de inversión extranjera desde el regreso de la democracia han convertido a Chile en el principal proveedor del mundo.

Pero la ley del mineral chileno ha disminuido de forma sostenida en los últimos años. Esto significa que se debe extraer más volumen, e invertir más dinero, para producir la misma cantidad de metal. La empresa estatal Codelco, formada por minas estadounidenses nacionalizadas en la década de 1970, gastan decenas de miles de millones de dólares solo para evitar que su producción caiga.

 

El proceso constitucional durará al menos un año y las mineras extranjeras tienen acuerdos de estabilidad que las protegen de los cambios fiscales hasta 2023. Pero mientras dure el debate, es posible que se muestren reticentes a dar luz verde a grandes nuevos proyectos .


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*La información y las opiniones aquí publicados no reflejan necesariamente la línea editorial de Mining Press y EnerNews

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