Facturas impagan superan los US$ 70 MM
PATRICIA SAN JUAN/LA TERCERA
Luego que Interchile, y su matriz la colombiana ISA, anunciaran que presentaron una solicitud de arbitraje en contra del Estado de Chile en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) informó que fue notificada de la acción y que se encuentra analizando el documento para presentar sus argeumentos.
El conflicto se da en el marco de los retrasos en la construcción de la línea de transmisión eléctrica Cardones - Polpaico, la más grande del país, y que derivaron en el cobro de boletas de garantía y la aplicación de multas por parte del Estado a Interchile.
En específico las empresas alegan la violación del capítulo de inversiones del Acuerdo de Libre Comercio suscrito por Chile y Colombia.
Al respecto, el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, señaló que Chile presentará sus argumentos ante las instancias pertinentes, una vez haya tenido la oportunidad de analizar a fondo la solicitud de arbitraje.
Asimismo, recalcó que “Chile tiene una trayectoria indiscutida como un país receptor de inversión extranjera que ofrece a sus inversionistas un trato acorde con sus obligaciones internacionales. Esta afirmación se ve respaldada por el hecho que nuestro país ha enfrentado como demandado un número muy bajo de arbitrajes en materia de inversión y ha resultado victorioso en todas menos una de las oportunidades.”
La línea Cardones-Polpaico consta de tres tramos y entró en operación en mayo de 2019. La empresa incurrió en retrasos de 135 y 499 días para la finalización de los tramos 2 y 3 del proyecto, respectivamente.
Al respecto la Subrei indicó que “tras la conclusión de sendos procesos administrativos, en los que las reclamantes tuvieron amplias oportunidades para presentar pruebas y argumentos, el Ministerio de Energía determinó, sobre la base de la normativa aplicable, que no existía una eximente de responsabilidad (fuerza mayor, caso fortuito u otro) que justificara el total de los retrasos”.
“Consecuentemente, y en apego a la legislación vigente, se ordenó el cobro de boletas de garantía y la aplicación de multas a Interchile. Los cobros tuvieron lugar entre marzo de 2019 y febrero de 2020. Posteriormente, el 7 de abril de 2020, las reclamantes presentaron al Estado una notificación de disputa por la que manifestaron por primera vez su intención de someter a arbitraje estos reclamos y solicitaron iniciar un proceso de consultas y negociaciones”, añadió.
En este sentido sostuvo que considerando el texto del Artículo 9.15 del Tratado y la intención del Estado de cumplir a cabalidad los compromisos internacionales asumidos, el Estado llevó a cabo, de buena fe, un proceso de negociación con el objeto de alcanzar una solución amistosa.
El plazo inicial para llevar a cabo las consultas se extendió en dos oportunidades, sin que las partes lograran llegar a un acuerdo amistoso que pusiera término a la disputa.
“Chile es un país con un marco legal y regulatorio claro y estable, con instituciones sólidas, en el que las garantías ofrecidas, tanto a nivel nacional como internacional, se encuentran plenamente vigentes y el Estado de Chile las cumple a cabalidad”, afirmó Yáñez.
M. G. ARTEAGA Y KAREN PEÑA /DF
Una nueva empresa se suma a la lista de compañías que han decidido llevar al Estado de Chile ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Ahora ISA Interchile, filial local del holding estatal colombiano Interconexión Eléctrica S.A.
ISA anunció que presentó una solicitud de arbitraje ante el organismo internacional (dependiente del Banco Mundial) por el proyecto de transmisión eléctrica Cardones-Polpaico, que une Atacama con la Región Metropolitana y que es el más grande construido en el país a la fecha.
La compañía indicó en un comunicado que la decisión fue tomada "luego de agotar diversas instancias de diálogo", en las que no logró "llegar a un acuerdo con el Estado de Chile sobre las razones que ocasionaron el retraso en la entrada en operación".
Según los resultados de la empresa, el Ministerio de Energía ha cobrado multas por US$ 72,8 millones por la demora en la entrada en funcionamiento de dos de los tramos de la megalínea, que fueron pagadas en febrero de 2020.
Además, detallaron fuentes cercanas al proceso, a la cifra se suman cobros de boleta de garantías con lo que el monto total bordea los US$ 83 millones. "Esta es la multa más grande que se ha pasado, hasta la fecha, en la industria", comentaron.
El objetivo de la firma es que la institución pueda resolver las diferencias como mediador, como lo estipulan las normas internacionales.
El conflicto surge luego de que ISA Interchile acumulara alrededor de 500 días de retraso en los tramos 2 y 3 de la megalínea, que ha asegurado se ha debido a "causas de fuerza mayor". Y es que -recuerda una de las fuentes consultadas-, la compañía ha enfrentado diversos contratiempos como la toma de algunas de las torres de alta tensión en la zona de La Dormida, en Olmué, debido a protestas de vecinos que se oponían a la construcción. Esto derivó en demoras que se tradujeron en cobros por parte del Estado.
Desde entonces, tras pasar por un juicio que la firma perdió y habiendo cancelado las multas, se creó una mesa con expertos técnicos y jurídicos, locales e internacionales, para evaluar cómo responder.
La empresa sostiene que los informes respaldarían su posición, por lo que se abrió un período de conversaciones con el Ministerio de Energía y la Cancillería. "ISA Interchile tiene la convicción jurídica de que los argumentos presentados ante el Ministerio de Energía desde 2017, acreditan de manera contundente todos los hechos no imputables a la compañía que obstaculizaron el normal avance constructivo de la obra", dijo.
En este marco, pasaron "más de seis meses de diálogos amparados en el proceso de consultas amistosas que conteplan los acuerdos de libre comercio", tal como el que suscribieron Chile y Colombia el 27 de noviembre de 2006, explicó la filial en un comunicado.
Pero no se logró acuerdo. Por ello, se decidió iniciar esta etapa que se activó ayer, con la notificación en Hecho Esencial ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la notificación al Ciadi como cualquier otra causa a ser ingresada en tabla.
El Grupo ISA -que opera en el país principalmente en infraestructura y energía, a los que suma su presencia en telecomunicaciones-destacó que, más allá de haber dado comienzo a esta etapa de litigio internacional, "afirma su confianza en Chile como socio estratégico a largo plazo para el desarrollo de sus inversiones tanto en negocios actuales como futuros".
Fuentes consultadas aseguran este caso no influirá en los planes de inversión que tiene la compañía en el territorio. El año pasado, el Grupo ISA anunció su intención de participar en más proyectos al 2030, con miras a ser la transmisora más importante del mercado chileno.
En enero de este año, se dio a conocer el caso de Nuevo Pudahuel. Los controladores del Aeropuerto de Santiago -Aéroports de Paris, con un 45% de la propiedad; Vinci Airports, con 40%, y la italiana Astaldi, con 15%-, decidieron acudir ante el Ciadi para buscar extender los plazos de la concesión, argumentando el impacto económico sufrido por la pandemia. Su caso se convertía así en el quinto en la historia del Estado de Chile ante el organismo.
A ellos se suma ahora el Grupo ISA y ambos llegan con un récord desfavorable a las empresas. Y es que, en solo una ocasión, han logrado ganar el proceso. Ese único triunfo se le atribuye a la firma MTD, con sede en Malasia, que impulsaba un megaproyecto inmobiliario en la zona de Pirque. El tribunal le dio la razón a esos inversionistas en 2007 al considerar que se vulneraron sus legítimas expectativas al ofrecer la iniciativa que requería un cambio normativo en un comuna cuyo plano regulador no podía ser modificado.
Los otros casos son interpuestos por la pesquera española Eduardo Viera S.A.; Victor Pey (por expropiación del diario El Clarín) y el de los dueños de Alsacia y Express, operadores del ex Transabntiago.
