Los resultados financieros y de producción de las empresas registraron pérdidas en el cierre del 2020, mientras que algunas pasaron el año raspando
ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ/Portafolio
Los resultados financieros y de producción de las llamadas petroleras privadas de la ‘segunda línea’ de operación en el país, registraron pérdidas al cierre contable del 2020. La razón, la caída en los precios del crudo y la pandemia, que disminuyó la demanda de combustibles, golpeó no solo sus numeros, sino también la extracción de petróleo.
Uno de esos casos es el de la multinacional canadiense Frontera Energy, que registró una utilidad neta de US$ 497,4 millones en comparación con los US$ 294,3 millones reportada en 2019. Así mismo, los ingresos en 2020 fueron de US$ 648,5 millones en comparación con los US$ 1.383 millones del año anterior.
En cuanto a la producción de crudo, Frontera reportó una extracción anual de 47.800 barriles de petróleo día (bpd) en comparación con 70.875 bpd en 2019. Este resultado se encuentra en el rango superior del plan que actualizó la canadiense en agosto de 2020 que estaba entre 46.000 bpd y 48.000 bpd.
“Redujimos los gastos de capital en un 69% en comparación con 2019, nos enfocamos en nuestra producción de mayor valor, redujimos los costos de producción y transporte por barril en un 7% y 10% respectivamente y ajustamos los gastos generales, operativos y administrativos, del 2020 en un 28%, mejorando nuestra estructura de costos y competitividad en el futuro”, señaló Richard Herbert, director de Frontera Energy.
Otra petrolera a la que el Covid-19 y la caída de precios del crudo le pasó cuenta de cobro en su tarea del 2020, fue a Parex Resources, compañía que reportó un ingreso neto de US$ 99,3 millones en comparación con los US$ 328 millones del 2019. Además, los gastos de inversión fueron de US$ 141,3 millones frente a los US$ 208,2 millones del año anterior.
Y el flujo de efectivo generado fue de US$ 297 millones, lo que representa una disminución del 48% con respecto al 2019 que fue de US$ 570,5 millones.
“La producción anual de petróleo y gas natural en el 2020 fue de 46.518 bpd lo que significa una disminución del 12% con respecto a la producción promedio en el 2019 que fue de 52,687 bpd”, señala el reporte financiero de Parex Resouces.
Sin embargo, no todas las petroleras privadas de la ‘segunda línea’ de operación, registraron un decrecimiento en las finanzas y en la producción, pero pasaron el año raspando en cuanto a su tarea.
Este es el caso de GeoPark, cuyos números finales por su tarea en el 2020, serán anunciados en mayo. Su producción consolidada se estima por encima de los 33.000 bpd, frente a los más de 32.000 bpd de 2019, y un decrecimiento leve en sus reservas al pasar de 95,9 millones de barriles (2020) a 95,2 millones de barriles (2019).
“GeoPark es hoy una empresa mejor y más fuerte y está bien posicionada para las prometedoras oportunidades del futuro. 2021 ya está en marcha con tres plataformas de perforación en funcionamiento, un proyecto sísmico que avanza para identificar nuevos prospectos en un área de alto potencial, y nuestro equipo está completamente comprometido en llevar cada molécula de hidrocarburo de manera segura, limpia y rentable”, resaltó su CEO, James F. Park.
Otra petrolera que alista sus resultados, pero que no duda que la pandemia y la caída de los precios del crudo afectó su operación es Canacol, multinacional canadiense que anunciará sus balances financieros del 2020 en los próximos días.
Al cierre del tercer trimestre, las ganancias de la gasífera alcanzaron los US $2,6 millones, pero en el consolidado de los primeros nueve meses del 2020, registra una pérdida de US$ 5,6 millones.
“La compañía espera que la demanda nacional de gas se incremente en el 2021 frente a los niveles de 2020, debido a la actual coyuntura del Covid-19 en Colombia, permanece la incertidumbre con respecto tanto a la demanda futura de gas como a los precios interrumpibles dependiendo de la trayectoria de la pandemia en el país”, señala un vocero de la gasífera.
Gran Tierra Energy, otra de las petroleras con operación en el territorio nacional, registró una pérdida neta de US$778 millones y un Ebitda de US$635 millones en el 2020. Además, los costos generales y administrativos fueron de US$23 millones, un 32% menos que los US$33 millones para el año terminado en 2019.
Así mismo, los costos totales de operación y transporte disminuyeron a US$145 millones para el año terminado en 2020; es decir US$92 millones menos, que representa una reducción del 39%, frente a los US$237 millones del 2019.
INFOBAE
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente) anunciaron que modificarán sus requerimientos para avalar proyectos del sector de hidrocarburos. El objetivo de este cambio es que los proyectos, obras o actividades que deban ser licenciados por la autoridad sean más sostenibles y ayuden a reducir la emisión de dióxido de carbono (CO2).
“La ANLA ha venido construyendo un portafolio de buenas prácticas en las etapas de construcción, operación, desmantelamiento y abandono, que tienen que ver con la adaptación al cambio climático. Por otro lado, también están relacionadas a la mitigación de gases de efecto invernadero que son aplicables a proyectos, obras o actividades de los sectores de hidrocarburos, minería, energía, infraestructura y agroquímicos”, explicó la entidad.
Según la Anla, este cambio se ha venido implementando de forma voluntaria en algunas compañías, sin embargo, ahora será aplicado obligatoriamente, pero de forma progresiva. Las nuevas medidas empezarán a regir en 2022 para las empresas de hidrocarburos, minería, energía e infraestructura, y apenas en 2026, cobijará al sector de agroquímicos. El resto de áreas o entidades que necesitan el aval de la entidad tendrán que someterse al lineamiento en 2030.
Entre las medidas propuestas por la Anla está que las empresas indiquen e implementen buenas prácticas operacionales en sus proyectos y procuren hacer mejoras tecnológicas en temas de ahorro de combustible y eficiencia energética.
Así mismo, se reiteró que los interesados deben pagar una compensación e inversión ambiental forzosa de no menos del uno por ciento del total de sus proyectos. Estos recursos serán empleados para el financiamiento de las áreas donde se ejecuten los trabajos.
Tanto la Anla como MinAmbiente argumentaron que la decisión está basada en el compromiso que adquirió el Gobierno nacional durante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc) realizada el pasado 29 de diciembre. Entre las promesas hechas por Colombia se encuentra reducir la deforestación y la emisión de CO2 en un 51 por ciento.
Esta meta quedó fijada en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, un documento en el que se establecen las reducciones previstas de las emisiones de gases tóxicos de acuerdo con la Cmnucc. MinAmbiente detalló que, este acuerdo contiene tres componentes: la mitigación de Gases Efecto Invernadero (GEI), la adaptación al cambio climático, los medios de implementación como componente transversal e instrumental de las políticas y acciones para el desarrollo bajo en carbono, adaptado y resiliente al clima.
La Anla aseguró que, realizó un estudio teniendo en cuenta el mencionado documento y a partir de él identificó que los sectores productivos que son sujetos a licenciamiento ambiental tienen una oportunidad de contribuir al cambio climático, por lo que decidió implementar el cambio informado.
“Para la Anla es un reto importante contribuir a esta meta del Gobierno Nacional. En este sentido, incluiremos medidas de cambio climático en los instrumentos de manejo y control en los diferentes sectores que son competencia de esta Autoridad”, manifestó Rodrigo Suárez Castaño, director general de la entidad.
Aunque, según el presidente Iván Duque, Colombia representa solo el 0,4 por ciento de todas las emisiones de CO2 del mundo, es uno de los países más vulnerables en términos de cambio climático. Este hecho es la principal motivación para que el gobierno se centre en impulsar iniciativas más amigables con el ambiente.
“Queremos sembrar 180 millones de árboles para cuando lleguemos a agosto de 2022, cerraremos este año con 50 millones de árboles ya sembrados y hemos llamado al sector privado para que participe en una política de economía circular con la idea de producir conservando y conservar produciendo”, dijo Duque a finales de 2020.
