CLEDIS CANDELARESI

En épocas de décit fiscal, economía con baja presión e irrupción de una pandemia, arbitrar a favor de la producción del petróleo en detrimento de los consumidores de combustibles instaurando el "barril criollo" es una decisión que encoge dos números el calzado de los funcionarios nacionales con competencia en el tema. Más todavía si se recuerda la transferencia de ingresos que esa experiencia generó durante los casi tres años en los que se aplicó. 

Es tan incómodo como resolver ya un nuevo esquema de tarifas para transportistas y distribuidoras de luz y gas con diferentes realidades. Algunas gozando la holgura, otras con fuertes deudas en dólares. Lo que parece más claro es que con un décit nanciero que en febrero alcanzó los $ 65.000 millones, la administración de Alberto Fernández no tiene mucho margen para ningún montaje de subsidios generosos.

El barril criollo divorcia los precios locales de los del mundo cuando éstos están muy bajos, garantizándole a las petroleras un valor más alto. Productoras y renadoras operan con un precio doméstico aribitrario jado con la anuencia estatal y, como contrapartida, los combustibles son más caros. En los últimos días se analizaron variantes para asistir a la industria local, que venía desvaneciéndose por el desplome del precio el mundo, elrecorte de subvenciones y provisorio congelamiento local y ahora está jaqueada porla cuarentena. Pero está difícil pronosticar cuánto costará en poco tiempo el crudo que hoy está por debajo de los u$s 30 y más desaante es diseñar políticas sobre esa incertidumbre. 

Ninguna opción fue aún bendecida en un debate interno del Gobierno, demorado por el virus. Tampoco un subsidio fiscal directo para épocas de hidrocarburos baratos; ni la liberación total y maridaje perfecto con el exterior, lo que obligaría ya a bajar drásticamente el precio de las naftas en Argentina. Un golpe para todos, empezando porla líder YPF. En los dos años que duró la implementación del precio sostén (de enero 2015 a nes de 2017) se transfirió a las petroleras u$s 9900 millones, equivalentes al 41% del valor del barril en el país.

La envergadura del número paraliza las manos oficial para reeditar esta modalidad de ayuda, que reclaman a coro empresas y provincias productoras: cobran regalías sobre ese precio sostén y necesitan reanimarinversiones. A aquella cuenta de casi u$s 10.000 millones, las empresas contraponen otra. Durante los diez años previos (2004 a 2014), porla aplicación de retenciones las petroleras habrían resignado caja por unos 4.600 millones de dólares anuales. Claro que esta estimación, incluida en los cómputos sociales, es teórica y contrafáctica. Los impuestos a la exportación no sólo son un recurso para recaudarsino para regularlos precios internos, induciéndolos a la baja.

Difícil que en este contexto scal la Rosada desista de esta herramienta o aumente los subsidios energéticos. Tiene poco resto, más allá de sus convicciones. Otro dilema en esta etapa turbulenta es qué criterio optar para revisarlas tarifas de servicios energéticos básicos como la luz o el gas. La tentación social es contenerlas todo lo que pueda y un camino argumentalsería el de señalar cuánto dinero ganaron las transportistas y distribuidoras en los últimos cuatro años, desde que empezó la recomposición de sus márgenes.

El desafío es que ese enfoque único sirva para todas las actoras del mercado y como parámetro para determinarlos precios futuros sin desalentarinversiones privadas. No hay dudas de que las compañías reguladas mejoraron drásticamente su situación relativa hasta mediados del año pasado. Por otro carril va el insumo que ellas llevan hasta los usuarios (luz, gas, petróleo), que tiene su propia lógica de precios mayoristas.

Papers oficiales realizados en base a balances de las prestadoras privadas muestran, por ejemplo, que en aquel lapso todas las gasíferas tuvieron superávits operativos. Algunas repartieron dividendos, otras sólo cubrieron un plan de inversiones básico. Previsiblemente la mirada social para reformularlos cuadros tarifarios se enfocará en ese cuadro, inobjetable desde el punto de vista legal o de la lógica capitalista, pero políticamente difícil de sostener en momentos de precios díscolos y angustia económica general.

También es cierto que en ese contexto pródigo algunas distribuidoras enfrentan fuertes vencimientos de sus deudas en dólares y consecuente riesgo de liquidez a corto plazo, con lo que cualquier medida que les restrinja la caja las puede llegar a poner en una situación extremadamente delicada, que termine siendo un llamador al auxilio estatal. Después de mejorarla performance de sus cuentas, la distribuidora eléctrica Edesur espera ansiosa la mesa de diálogo para rediscutirtarifas, con el afán de salir del congelamiento y que la accionista Enel no deba volver a asistirla este año con los 8000 millones de pesos del año anterior para afrontar una suba de costos.

Difícil clasicar como inocentes o culpables. Es arriesgado asegurar hoy que se darán las condiciones para que Vaca Muerta sea ese esperado anabólico de la economía local. Antes del drástico desplome ya no había demanda local que la justique y tampoco se sabe cuánto y a qué precio podría comprar el mundo su producción. Gobernar es un desafío apasionante, pero nadie dijo que fuera fácil. Ni hablar en época de cisnes negros.