El proyecto Coastal GasLink, un gasoducto de 670 kilómetros de extensión a cargo de la compañía TC Energy, atravesará de este a oeste la provincia canadiense de Columbia Británica para aumentar la exportación de gas. Sin embargo, esta obra valorada en unos 5.000 millones de dólares (4.540 millones de euros) enfrenta protestas que han perturbado actividades laborales y de transporte. Hay varios detenidos, pero el ánimo de los opositores —principalmente miembros de comunidades indígenas— no decae.

David Pfeiffer, presidente de Coastal GasLink, valoró las relaciones desarrolladas con socios, contratistas y comunidades autóctonas. “También nos enorgullece que estemos brindando una oportunidad para que todos los indígenas participen en el proyecto. Por dicha razón, la situación en la que nos encontramos actualmente es muy decepcionante”, escribió en un comunicado.

John Horgan, primer ministro de la Columbia Británica, ha subrayado que el gasoducto fue aprobado por distintas instancias y que es de una alta importancia económica y social para la provincia.

Los Wet’suwet’en que se oponen al proyecto habían instalado un puesto de control sobre el único camino que da acceso a los trabajos de construcción en la zona. En enero de 2019, un juez ordenó que la policía interviniera y 14 personas fueron arrestadas. Luego de reuniones fallidas con representantes provinciales, los opositores bloquearon el camino con árboles.

A principios de este año, otro juez dio luz verde a una nueva intervención policial, subrayando que el proyecto había sido autorizado. “Esta tierra nos pertenece”, señaló John Ridsdale, uno de los jefes herederos, en rueda de prensa. Los opositores solicitaron una reunión con autoridades federales y provinciales. En esos días, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU expresó al Gobierno canadiense su preocupación por la construcción de tres proyectos –uno de ellos Coastal GasLink- que no contaron con el “consentimiento libre, previo e informado de los grupos autóctonos afectados”.

El pasado 6 de febrero, la policía lanzó otro operativo. Esta vez arrestó a 11 personas. Un día después, miembros de grupos indígenas y simpatizantes ocuparon la entrada del Parlamento de la Columbia Británica en protesta. Dos días después, un grupo de manifestantes quiso bloquear el acceso al puerto de Vancouver y hubo 33 detenidos. El concejo de los jefes herederos señaló que ha ofrecido varias opciones para el trazado del gasoducto, pero que los constructores insisten en una ruta que atraviesa zonas de importancia medioambiental y cultural.

Las muestras de apoyo a los jefes herederos se han propagado por otros puntos de Canadá. Las calles de Winnipeg (Manitoba), Regina (Saskatchewan) y Ottawa (capital del país) han visto marchar a grupos de inconformes. Desde el fin de semana, el tren de pasajeros que conecta a Toronto con Ottawa y Montreal ha sido suspendido por un bloqueo de miembros de la nación Mohawk en Belleville (Ontario). Dicha acción también ha perturbado el envío de vagones de mercancías hacia el este del país. Una línea del tren de cercanías de Montreal ha cerrado temporalmente por la presencia de manifestantes. Un grupo de opositores ha bloqueado la entrada del Ministerio federal de Justicia en Ottawa. Asimismo, varios jóvenes ocupan la oficina en Toronto de Carolyn Bennett, ministra federal de Relaciones con los Pueblos Indígenas.

El gobierno de Justin Trudeau ha recordado que, de acuerdo con las conclusiones de la Agencia Nacional de Energía, el proyecto Coastal GasLink compete exclusivamente a la Columbia Británica. Las fuerzas del orden podrían actuar en las próximas horas en Ontario para que el servicio ferroviario vuelva a la normalidad. Marc Garneau, ministro federal de Transportes, expresó su preocupación por el impacto de las manifestaciones para pasajeros y mercancías. Sin embargo, dijo que son los tribunales provinciales los que deben autorizar la intervención policiaca.

Ottawa confía en que las provincias hagan frente a la situación. Las protestas en varios puntos del país y las tenues esperanzas en una negociación fructífera entre las partes implicadas en la Columbia Británica han hecho que algunos analistas evoquen al Gobierno de Trudeau como un posible puente. Aunque no está claro que los liberales quieran lidiar con otro tema relacionado con comercio energético, derechos indígenas y medioambiente tras lo ocurrido con Trans Mountain. La nacionalización y el anuncio de expansión de este oleoducto durante el primer mandato de Trudeau provocaron sonados señalamientos entre buena parte de los canadienses.