LUCÍA SALINAS

La ex presidenta puede ser beneficiada si la UIF y la OA, de la nueva gestión albertista, desisten de realizar la acusación final antes de que haya sentencia.

Durante más de tres horas Cristina Kirchner se defendió en el juicio de Vialidad que enfrenta desde mayo de 2019, acusada de ser jefa de una asociación ilícita por haber direccionado la obra pública a favor de Lázaro Báez. El eje central fue que toda la causa responde a una operación política, que no hay argumento jurídico para la imputación y que detrás de todo se esconde el lawfare, la supuesta doctrina de persecución a dirigentes opositores.

En el juicio de Vialidad el gobierno de Alberto Fernández es querellante a través de la Oficina Anticorrupción que ahora dirige Felix Crous, el ex fiscal y uno de los fundadores de Justicia Legítima. Su rol es clave para la suerte de Cristina: si decide en la etapa de alegatos no mantener la acusación, el juicio podría iniciar un laberíntico camino hasta correr el riesgo de caerse. 

En el primer juicio por corrupción que enfrenta la vicepresidenta de la Nación está imputada como jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado en $ 46.000 millones, que es el monto que recibió según una auditoría de Vialidad Nacional en la que se basó parte de la investigación, Lázaro Báez. Los 51 contratos viales que llevaron al banquillo de los acusados al empresario K, a Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López y a doce personas más, quedaron inconclusos en un 50% según la acusación de la fiscalía y con sobreprecios promedio del 65%. Por otro lado, se determinó que en varios concursos sólo se presentaron sólo empresas del Grupo Austral “simulando licitaciones”.

Ante las pruebas recolectadas por los fiscales del caso, y que construyeron la acusación,  Cristina se defendió señalando que no había ninguna prueba concreta que pudiera sostener los argumentos judiciales en su contra y utilizó el término lawfare para señalar que todo responde a una operación política para desprestigiarla a ella y a su espacio político.

Pero ahora será el mismo gobierno que integra la vicepresidenta el que deberá decidir si en la instancia de alegatos, es decir, de las acusaciones finales antes que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) dicte su sentencia. Es en este punto donde todo podría comenzar a complicarse si los organismos del Estado que son querellantes en el caso, deciden no realizar ninguna acusación. A este instancia se llegará cuando concluyan las más de cien declaraciones testimoniales pautadas, entre ellas la del propio Alberto Fernández que cuando parte de aquellos contratos fueron adjudicados al Grupo Austral, era jefe de Gabinete y tenía a su cargo la ejecución de las partidas presupuestarias.

La Oficina Anticorrupción (OA) dirigida por el ex fiscal Félix Crous - integrante de Justicia Legítima- indicó que su idea es “tener una continuidad en los juicios en desarrollo” y que continuarían los mismos abogados que vienen trabajando en los casos, “ellos tienen su estrategia y su responsabilidad profesional”, señaló en su momento a Infobae. En la última audiencia del juicio durante diciembre de 2019, la defensa de la ex presidenta adhirió a un pedido de una de las defensas para apartar a los letrados de la OA y de Unidad de Información Financiera (UIF) que continúan de la anterior gestión. Laura Alonso en la OA, y Mariano Federici en la UIF venían impulsando el expediente de Vialidad.

El Gobierno de Alberto Fernández podrá mantener las querellas, pero en instancia de alegatos puede decidir no formular ninguna acusación. Frente a la UIF, hasta finales de enero, continuará Mariano Federici. El Presidente postuló como su reemplazo a Carlos Cruz, ex presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Fue impugnado por Elisa Carrió por su cercanía a Víctor Santa María, presidente del PJ porteño e íntimo de Alberto F.

En caso de que ambas querellas no formulen acusaciones, el TOF 2 sólo podrá dictar sentencia si la fiscalía a cargo de Diego Luciani acusa. De así ocurrir, la misma deberá ser sostenida por el fiscal ante la Cámara de Casación y en caso de resultar respaldada, puede ser apelada por los abogados defensores ante la Corte Suprema de Justicia.

Ante el Máximo Tribunal la intervención del Ministerio Público Fiscal queda en cabeza del Procurador, es decir, podría quedar en manos del por ahora juez Daniel Rafecas propuesto para el cargo por el Presidente Fernández. Si él no la sostiene, el juicio corre “un marcado riesgo de caer porque se trataría de la única acusación para sostener una sentencia en caso de ser la misma desfavorable para los acusados”, indicaron fuentes judiciales a Clarín.