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Licitación Offshore: El amparo por la Cuenca de Malvinas. Las ganadoras de Argentina
24/05/2019

El amparo colectivo para frenar la exploración en la Cuenca Malvinas Oeste

ENERNEWS/Revista Puertp

La justicia hizo lugar al amparo interpuesto por el Intendente de Río Grande y el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, deberá presentar información respecto del impacto ambiental de la exploración offshore en las áreas adjudicadas antes de que se decida dar curso o no a una medida de no innovar. La información básica con la que se debe contar antes de dar inicio a las actividades sísmicas es un estudio de impacto y un mapa de sensibilidad ambiental que puedan determinar los recursos biológicos, económicos y culturales que se verían afectados.

La jueza Federal de la ciudad de Río Grande, Mariel Borruto, admitió el recurso de amparo que interpuso el intendente de esa ciudad, Gustavo Melella, que busca frenar la adjudicación de áreas en la Cuenca Malvinas Oeste a empresas de origen británico y con relaciones con el gobierno de ocupación de las Islas Malvinas.

El amparo incluye una medida cautelar para que la justicia suspenda el procedimiento de adjudicación de los derechos de exploración y explotación sobre las áreas licitadas. El fiscal Marcelo Rapoport solicitó que, previo a tratar la medida cautelar, se solicite a la Secretaría de Energía toda la documentación que dé cuenta del cumplimiento de los requerimientos legales, informó el Diario del Fin del Mundo.

Rapoport requirió además que se remitan todos aquellos estudios de evaluación de impacto ambiental realizados en las áreas adjudicadas donde se realizará actividad sísmica e información complementaria sobre el proceso de adjudicación.

Los estudios de impacto ambiental que se deben realizar antes de dar inicio a las prospecciones sísmicas forman parte de la información rutinaria con la que cuentan las empresas, dado que estas tareas no pueden autorizarse sin cumplir este requisito; por lo tanto es probable que este obstáculo sea fácilmente sorteado.

El problema radica en que estos estudios son encargados a consultoras privadas, contratadas por las empresas petroleras, sin intervención de organismos científicos estatales. Una falencia de la política de gestión ambiental de la Secretaría de Energía que ha sido remarcada por investigadores del área.

Cuando en 2009 la firma Panamerican Energy realizó prospecciones sísmicas en el Golfo San Jorge, lo único que se le exigió fue la presentación de algún estudio de impacto ambiental, al igual que ocurre ahora. El problema, que persiste, es que no se estableció qué protocolo debía seguir el informe ni qué requisitos debían reunir las instituciones que hacen el estudio.

El informe se encargó a una consultora de Buenos Aires y cuando empresas pesqueras locales evidenciaron una merma significativa en los meses posteriores a la prospección sísmica (estuvieron 16 meses sin pescar un solo kilo de merluza), realizaron en 2010 una presentación judicial que, según confirmó uno de los demandantes, todavía no fue resuelta por la jueza que entiende en la causa.

En aquel momento no se realizaron estudios que son considerados básicos para el resto del mundo, evaluaciones que permiten medir el impacto de la prospección utilizando protocolos estandarizados, especialmente para peces, dada la coexistencia de la pesca con la explotación petrolera.

Básicamente hay que realizar campañas para medir parámetros oceanográficos, fisicoquímicos, distribución y abundancia de peces, fauna de mamíferos, desde las aves hasta el bentos; y se deben realizar al menos tres evaluaciones, una inmediatamente antes de la sísmica, otra durante esta y la tercera inmediatamente al finalizar. Luego, en función de los resultados, puede realizarse una cuarta campaña para medir el impacto, coinciden los especialistas.

Estos estudios no solo se realizan para minimizar el efecto de las prospecciones sísmicas, sino también para proteger a los que pudieran resultar damnificados, toda vez que pueden ser utilizados como elementos de prueba valederos en caso de ulteriores demandas por resarcimiento, si correspondieran.

Desde el Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego confirmaron a Revista Puerto que la gobernadora Rosana Bertone está trabajando en una presentación para dejar sin efecto las adjudicaciones de áreas en la Cuenca Malvinas Oeste, basada en el riesgo que la actividad sísmica implicaría para la industria pesquera y los recursos naturales. Reclamarán por la falta de estudios de impacto ambiental exigidos por la legislación vigente y las normas internacionales de exploración offshore.

Solo tres firmas nacionales

Río Negro

Se desprende de las concesiones otorgadas por la Secretaría de Energía de la Nación a las empresas ganadoras de la Ronda 1 Costa Afuera. Una medida cautelar a partir de la participación de la británica Tullow amenaza con frenar el proceso.

Por medio de la Resolución 276/2019 emitida días atrás la Secretaría de Energía de la Nación que conduce Gustavo Lopetegui otorgó las concesiones de exploración de 18 de los 38 bloques que conformaron la Ronda 1 de la licitación internacional Costa Afuera. Si bien una medida cautelar dictada por la justicia federal siembra dudas sobre el proceso, el nuevo mapa de la búsqueda de hidrocarburos en el Mar Argentino trazado por la adjudicación reveló que de las 13 firmas que lograron alzarse con bloques sólo tres corresponden a capitales nacionales.

En la licitación realizada en abril pasado se recibieron en total 23 ofertas por 995 millones de dólares, dado que en varios bloques hubo más de un interesado. Desde el gobierno nacional se siguió el criterio de la mayor oferta presentada, por lo que finalmente fueron 18 las ofertas que tuvieron el visto bueno por un total de 724 millones de dólares.

La firma que más bloques logró captar en la licitación fue Equinor, la exStatoil, la compañía estatal noruega que se alzó con siete áreas en total, cinco como operadora y sin socios y dos más en alianza con otras empresas.

En el ranking de la captura de bloques la sigue Qatar Petroleum (QP). La compañía del país de Medio Oriente logró la concesión de cinco bloques, todos junto a socios.

Con tres bloques las sigue la compañía francesa Total, con operaciones en el offshore argentino, la gigante norteamericana ExxonMobil y la firma que desató la presentación del recurso de amparo que tramita en la justicia federal,la inglesa Tullow que en un área se encontrará sin socios. En tanto que con dos bloques se ubican la angloholandesa Shell, la alemana Wintershall DEA, y la inglesa BP.

Con un sólo bloque fueron adjudicatarias la japonesa Mitsui y la italiana Eni.

En tanto que las tres firmas con capitales nacionales que lograron un lugar en la exploración de las aguas continentales del país son Pluspetrol, con participación junto a socios en dos bloques; Tecpetrol con un área en sociedad e YPF también con dos áreas y en ambos casos en sociedad con otra operadora.

En el caso de Pluspetrol la compañía accedió a bloques en la Cuenca Malvinas Oeste junto a Tullow y Wintershall DEA. Tecpetrol se asoció con Eni y Mitsui en la misma cuenca, e YPF lo hizo con la experimentada Equinor en la Cuenca Argentina Norte y con Equinor y Total en Malvinas Oeste.

La firma de mayoría estatal también presentó ofertas por otros dos bloques en el mar que bordea las Islas Malvinas pero se quedó corta y no logró retener las áreas. Uno de esos bloques quedó en manos de la compañía de Paolo Rocca, en tanto que el restante será explorado por la inglesa Tullow.
La petrolera de la familia Bulgheroni, Pan American Energy (PAE) se había inscripto para participar de la licitación pero finalmente no participó del proceso. Lo mismo sucedió con China National Offshore Oil Corporation (Cnooc) que tras registrarse, finalmente no presentó ofertas.

La Ronda 1 culminó con 20 bloques sin interesados pero sentó un buen precedente no sólo por la cantidad y el monto de las ofertas sino en especial por la solvencia y trascendencia de las operadoras que se interesaron. Es por esto que desde el gobierno ya se anticipó que habrá nuevas rondas licitatorias, aunque se aclaró que el objetivo es realizar una licitación por año. Sin embargo, los reclamos judiciales ponen en dudas el futuro de los procesos.

 

En total los bloques que fueron concesionados representan 200.800 kilómetros cuadrados de mar que a partir del segundo semestre del año podrán comenzar a ser explorados. En el caso de la Cuenca Austral las aguas son someras con una profundidad menor a los 100 metros. Allí sólo Equinor será la encargada de explorar dos bloques.

La Cuenca Malvinas Oeste fue la que capturó la mayor atención de las empresas y concentró la mitad de los bloques concesionados y casi dos tercios de las ofertas económicas. Los potenciales recursos se encuentran a una profundidad que va de los 100 a los 600 metros.

En tanto que en la Cuenca Argentina Norte, emplazada prácticamente en frente a la provincia de Buenos Aires, las aguas son mucho más profundas y van de los 200 hasta los 4.000 metros.

La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, declaró admisible un recurso de amparo colectivo presentado por el intendente de esa localidad fueguina, Gustavo Melella, junto a gremios y sectores políticos, por medio del cual se solicitó que se declare nulo e inconstitucional el Decreto 872/18 que llamó a licitación para la Ronda 1.

Si bien la magistrada corrió traslado a la secretaría de Energía de Gustavo Lopetegui no hizo lugar a la cautelar que incluía el amparo y que buscaba la suspensión del proceso.

 

La jueza solicitó informes al Observatorio de la Energía (Oetec) y a la Secretaría a la cual también le solicitó el expediente de la licitación. El eje del amparo es la participación de la firma inglesa Tullow que en 2007 tuvo adjudicaciones en la misma cuenca pero por el gobierno inglés.

Desde Energía se enfatizó que si bien la Ley 26.659/11 fija que está prohibida la contratación o concesión de áreas a empresas que hayan realizado actividades en la zona sin autorización del Estado argentino, la norma es de 2011 y no tiene efectos retroactivos al 2007 cuando Tullow operó en el área en cuestión.

Más de una década para la exploración de los bloques 

Las empresas adjudicatarias de las áreas contarán con hasta 13 años para estudiar los bloques, dado que en las áreas más cercanas a la costa ese plazo se acota a un máximo de 11 años.

En los primeros cuatro años de las concesiones las firmas no tendrán la obligación de realizar perforaciones, sino de completar los estudios exploratorios. Recién al solicitar la máxima extensión del plazo es que desde el Estado nacional se reclama a las empresas la realización en forma obligatoria de uno o dos pozos.

De todas formas hay dos bloques se concentraron la atención del proceso licitatorio y en los que las fuentes consultadas dan cuenta de que, de confirmarse la existencia de hidrocarburos en valores comerciales, las operadoras procederán a la realización de pozos productores.

Se trata de los bloques MLO 113 y MLO 119, ambos en la Cuenca Malvinas Oeste y por los cuales no sólo hubo dos ofertas presentadas, sino que además excedieron con creces la base fijada y representaron un compromiso económico importante, dado que en el primer caso las empresas Tullow, Pluspetrol y Wintershall DEA destinarán 105 millones de dólares a la exploración y en el segundo un poco más de 82 millones de dólares.


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