La sentencia impone penas de cárcel e inhabilitación política, aunque el expresidente todavía puede retrasar su ejecución.
La condena por corrupción al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, va a a ser ratificada por un tribunal de Porto Alegre, lo que compromete las aspiraciones del político izquierdista de un nuevo mandato en los comicios presidenciales del próximo octubre. Aunque la sesión que examina el recurso de Lula contra la condena que emitió el pasado julio el juez Sérgio Moro, cabeza visible de las investigaciones sobre la corrupción en Brasil, todavía no ha finalizado, dos de los tres miembros del tribunal ya han votado por ratificar el fallo. Por el momento, Lula aún tiene un margen para evitar pisar la cárcel y aún para evitar su inhabilitación política, al menos de manera inmediata.
La sentencia implica que Lula queda declarado inelegible, aunque el líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) puede recurrir para aplazar su ejecución y ganar tiempo en un intento de llegar a unas elecciones en las que todas las encuestas le sitúan como el gran favorito. Ese margen sería mayor si el último de los magistrados que aún no ha comunicado su voto se decantase por absolver a Lula e impedir una condena unánime.
Los magistrados han avalado los argumentos del juez Moro para concluir que Lula recibió un apartamento triplex en una playa del litoral de São Paulo como un soborno de la constuctora OAS, beneficiaria de contratos de la petrolera pública Petrobras. Los dos han rechazado las alegaciones de la defensa de que ni Lula ni su familia llegaron nunca a ocupar la vivienda y que de hecho no existe ningún documento que pruebe que el expresidente es su propietario. "La OAS fue el testaferro del verdadero titular del inmueble [Lula]", ha sentenciado el magistrado João Pedro Gebran Neto, quien también consideró que existen "pruebas más allá de lo razonable de que el presidente fue uno de los principales artífices, sino el principal" del sistema de corrupción creado a través de los contratos de la Petrobras. Ese sistema, según los jueces, implicaba el pago de sobornos para financiar al PT y hacer favores personales a algunos de sus dirigentes.
Tanto los magistrados como la fiscalía insistieron en negar que el proceso tenga un carácter político, como vienen denunciando Lula y sus seguidores. "No juzgamos al hombre o al personaje, reconocido estadista, si no a quien cometió delito", señaló Gebran Neto, quien, no obstante, insistió en que los crímenes son más graves por el hecho de que fuesen cometidos por una persona que fue presidente de la República, ya que eso supone una "desestabilización del orden democrático".
El fiscal, Mauricio Gotardo, criticó también duramente la campaña del PT para denunciar el juicio contra Lula, con protestas públicas que se han repetido en los dos últimos días en Porto Alegre. El representante del ministerio público denunció que el PT creó una "tropa de choque" que usó prácticas "próximas al delito de coacción" con el único propósito de "perpetuar un proyecto político personal", publicó El País.
El ex mandatario puede presentar un Embargo de declaración, que consiste en pedir un esclarecimiento de una decisión judicial, independientemente del número de votos y sería analizado por los tres magistrados de la octava sala del TRF4.
Si es condenado por 2 votos a 1, deberá presentar un Embargo infringente, que sería analizado conjuntamente por la séptima y octava sala del TRF4.
Si los recursos fueran desestimados, puede apelar al Superior Tribunal de Justicia (STJ) y al Supremo Tribunal Federal (STF).
La defensa de Lula y la mayoría de los juristas descartan una "prisión automática", aunque la ley lo contempla. De esa forma, lo más probable es que un eventual pedido de prisión en caso de condena solo ocurra después del análisis de todos los recursos.
En materia electoral, una condena por corrupción tornaría a Lula "inelegible" según la legislación brasileña, aunque también caben recursos que le permitirían ganar tiempo e incluso registrarse como candidato y hacer campaña.
La dirección del PT planea reunirse el jueves en San Pablo para proclamar su apoyo a una candidatura de Lula, cualquiera sea el fallo del TRF4.
Independientemente de la decisión judicial, Lula, quien ha expresado su deseo de aspirar a la presidencia, puede registrar su candidatura en el Tribunal Superior Electoral (TSE) hasta el 15 de agosto. Si la candidatura fuera eventualmente impugnada, se abrirá un juicio en el TSE, pero Lula podría hacer campaña hasta la decisión final del tribunal.
Los partidos pueden cambiar su abanderado hasta 20 días antes de las elecciones, previstas para el 7 de octubre, pero el Partido de los Trabajadores (PT) ha admitido que su "único" candidato es Lula, puntualizó Infobae.
O GLOBO
El primer juez votó a favor de confirmar la sentencia y pidió elevar la pena a 12 años al ex presidente de Brasil. Otros dos desembargadores deben presentar sus votos. En la sentencia de septiembre, Moro había condenado a Lula a nueve años y seis meses de prisión.
Al justificar el aumento de la pena, el desembargador afirmó que la culpabilidad del ex presidente, por el cargo que ocupaba, es extremadamente elevada, ya que en la condición de mandatario del país fue tolerante y beneficiario de la corrupción en Petrobras, que puso en jaque la estabilidad democrática del país. Él alejó la petición de la defensa de prescripción del crimen de corrupción.
- La culpabilidad es el vector más grande. Y la culpabilidad es extremadamente elevada (por tratarse de ex presidente) - afirmó Gebran.
En un informe de 430 páginas, que tardó unas tres horas en ser leído, el relator de los procesos de Lava-Jato en el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4) rechazó todos los argumentos de la defensa y dijo que las pruebas son suficientes para la condena. Según él, Lula tenía conocimiento del esquema de corrupción en Petrobras y le dio su apoyo con el objetivo de abastecer a los partidos políticos. Para Gerbran, el ex presidente actuaba intensamente, entre bastidores, para indicar personas a puestos clave en la dirección de la estatal para recaudar las tasas.
Gebran dijo que hay pruebas "por encima de lo razonable" de los crímenes y que son coherentes con los indicios de que el tríplex fue dado a Lula por la OAS y descontado de la cuenta de propina del PT, como dijo el ex presidente de OAS Léo Pinheiro, también condenado . Según él, el juicio del Mensalão creó nuevo entendimiento, alejando la necesidad de que la acusación indicara "acto de oficio" practicado por el agente público para demostrar corrupción pasiva. Gerbran argumentó que, por entendimiento de ministros como Luiz Fux y Joaquim Barbosa, basta con demostrar "poderes de hecho" para actuar.
El desembargador afirmó además que el ex presidente era el garante del esquema de corrupción que funcionaba en Petrobras. Y dijo que, en razón de eso, no hay necesidad de que exista un acto de oficio para indicar el acto de corrupción del ex presidente.
- No se exige la participación activa de Luiz Inácio Lula da Silva en cada uno de los contratos. El reo, en verdad, era garante de un esquema mayor que tenía como finalidad incrementar de modo supremo el financiamiento de partidos, por lo que actuaba entre bastidores para nombramiento y mantenimiento de agentes públicos en cargos claves para la organización criminal, dijo Gebran.
Gebran afirmó en su voto que la prueba indirecta y los indicios usados para condenar al ex presidente en el caso del tríplex del Guarujá son pruebas de "igual envergadura" y lo que importa es la coherencia de ellas con los demás elementos del proceso.
El relator del proceso citó las indicaciones de directores de Petrobras ya condenados, como Paulo Roberto Costa, Nestor Cerveró y Jorge Zelada:
- Hay prueba por encima de lo razonable de la participación en el esquema. Al menos (Lula) tenía ciencia y daba soporte al esquema de Petrobras. "Hay una intensa acción dolosa en el esquema de propinas", dijo Gebran.
El desembargador redujo la pena del ex presidente de OAS, Léo Pinheiro, de 10 años y ocho meses de prisión, con inicio en régimen cerrado, para tres años y seis meses de prisión, con inicio en régimen semi abierto.
En su sentencia, Moro había determinado que después de dos años y medio de prisión, el ejecutivo podría cambiar el régimen de pena, beneficio que sería extendido a la suma de todas las epnas unificadas en otros procesos penales en que él es reo. Gerbran anuló la hipótesis de extensión del beneficio en otras acciones y determinó la concesión de ventajas en función de su confesión, sólo en este proceso.
El relator también alejó el argumento de la defensa de que el tríplex del Guarujá no tendría vínculo con contratos de Petrobras. El abogado del ex presidente, Cristiano Zanin, había dicho en la apelación y en la sustentación oral que el juez Sergio Moro construyó una nueva acusación al reconocer en la sentencia que la ventaja a Lula podría no estar ligada directamente a valores de contratos de Petrobras. En la denuncia, el Ministerio Público Federal había atribuido la ventaja indebida a tres contratos específicos cerrados por OAS con Petrobras.
Uno de ellos, el desembargador derribó los argumentos de la defensa, y recordó que varios de ellos ya fueron apreciados por la Corte en los diversos recursos presentados por la defensa del ex presidente, como la sospechada del juez Sergio Moro, la conducción coercitiva para rendir testimonio y la quiebra de confidencialidad telefónica del abogado Roberto Teixeira.
La defensa aún criticó la quiebra de secreto telefónico de la oficina de uno de los abogados de Lula, Roberto Teixeira. Sin embargo, según Gebran, la confusión ocurrió porque la petición del Ministerio Público Federal objetivaba que el teléfono de LILS, empresa que administra las conferencias del ex presidente Lula, fuera grapado y el número registrado por la empresa en la Receita Federal era el mismo que el de la oficina.
Entre los argumentos utilizados por los abogados de Lula está un artículo jurídico escrito por Moro en 2004, en el que el magistrado analiza la Operación Manos Limpias, investigación de corrupción en Italia. Según Gebran, sin embargo, "nadie se vuelve sospechoso por analizar un hecho de 10 años antes".
En total, la defensa presentó cerca de 30 motivos que justificar la nulidad del proceso, reunidos en 13 ítems por Gebran.
MINING PRESS/ENERNEWS/Diarios
Un tribunal decide este miércoles si ratifica la condena al expresidente, favorito en todas las encuestas y en riesgo de ser inhabilitado.
Es mucho más que el juicio al que llegó a ser uno de los líderes políticos más populares del planeta. Las circunstancias políticas lo han convertido en un juicio al pasado más reciente y al futuro inmediato de Brasil. Tres jueces de Porto Alegre deciden este miércoles si ratifican o anulan la condena a nueve años y medio de prisión de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil durante ocho años, una leyenda para sus seguidores, un hombre odiado hasta la exasperación por sus detractores.
A los miembros del tribunal les corresponde dictaminar si el juez Sérgio Moro, el gran adalid de la lucha contra la corrupción, tenía pruebas suficientes para concluir que Lula fue sobornado por una constructora con un apartamento tríplex en una playa de São Paulo. Esa es la estricta decisión judicial. Pero sus consecuencias serán infinitamente mayores, hasta el punto de condicionar de forma decisiva el rumbo del mayor país de Latinoamérica.
Aunque lo que se juzga es solo la honestidad personal de Lula, todo Brasil sabe que lo que simbólicamente estará sentado en el banquillo de Porto Alegre tiene una trascendencia mucho mayor. El juicio al expresidente se ha convertido en el juicio a toda una época, a 13 años de Gobierno (2003-2016) del izquierdista Partido de los Trabajadores.
Para los que reclaman la absolución de Lula, aquella etapa trae el recuerdo de la economía brasileña creciendo como una locomotora y de las políticas de auxilio social que lograron elevar el estatus de decenas de millones de personas condenadas a vivir en la miseria en uno de los países más desiguales del mundo. Para los que desearían ver a Lula no solo políticamente inhabilitado sino incluso entre rejas, lo importante de aquel periodo es que acabó en la mayor recesión económica de la historia reciente del país y en medio de una montaña de acusaciones de corrupción que enfangaron la imagen tanto del PT como de su líder. Nada de eso está sobre la mesa de los tres jueces, pero casi todo Brasil ha planteado la cuestión como si de eso se tratase.
En el tribunal de Porto Alegre también pueden comenzar a decidirse este miércoles las elecciones presidenciales del próximo octubre. Una ratificación de la condena corre el riesgo de dejar fuera de la batalla al que todas las encuestas sitúan como máximo favorito con amplia diferencia sobre sus rivales. Lula quedaría inhabilitado y, aunque un presumible recurso paralizaría la decisión provisionalmente, el líder del PT tendría muchas dificultades para llegar vivo a octubre.
De todos modos, puede haber muchos matices en la decisión de los jueces, que, si no hay sorpresas, debería conocerse sobre las 16 horas del miércoles (hora brasileña) tras una sesión que será retransmitida al país. Una ratificación unánime de la condena del juez Moro colocaría a Lula en la situación más comprometida, ya que tendría menos opciones de recurso para ganar tiempo e intentar llegar a las elecciones. Pero una decisión desfavorable por 2-1 le daría concedería más margen para demorar el proceso en Porto Alegre antes de llegar al Tribunal Supremo. Dirigentes del PT han llegado a reconocer que esa salida hasta podría constituir un alivio para el expresidente.
Tanto el PT como el propio Lula vienen diciendo desde hace semanas que seguirán adelante con la candidatura ocurra lo que ocurra en Porto Alegre. Y todo indica que si el expresidente fuese condenado profundizarían en el discurso que repiten una y otra vez: el candidato mejor situado para ganar la presidencia de Brasil sería apartado de la carrera por una acusación con dudosa base probatoria, según ellos, ya que ni siquiera se ha podido demostrar que el famoso apartamento sea de su propiedad.
En función de lo que la defensa de Lula lograse estirar el proceso, podrían hasta producirse situaciones insólitas, como que la inhabilitación definitiva llegase entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones. O incluso tras haberlas ganado. Si una parte del país ya discute la legitimidad del sistema político después de las oscuras maniobras que desembocaron, el año pasado, en el impeachment de la también miembro del PT Dilma Rousseff, cualquiera de esas situaciones abriría heridas difícilmente reparables en una de las mayores democracias del mundo. Pero si Lula fuese absuelto, la operación Lava Jato, la mayor investigación contra la corrupción en América Latina, iniciada a partir de los manejos fraudulentos en la petrolera Petrobras, sufriría un revés en su credibilidad difícil de superar.
La actitud desafiante del PT quedó plasmada este martes con la imagen del propio Lula, flanqueado por Rousseff y los principales dirigentes del partido, dando un mitin ante miles de seguidores en Porto Alegre, cerca del lugar donde el tribunal decidirá su futuro. Allí, el expresidente volvió a alardear de sus logros en el Gobierno, a prometer que es posible repetir el milagro de los primeros años de mandato del PT si él vuelve a ganar las elecciones, a cargar contra la “élite” que, según él, quiere destruirle y a insistir en que va a continuar con su campaña. “Solo una cosa me va a sacar de hacer lo que estoy haciendo: el día que me muera”, clamó.
Pero los militantes del PT no estaban solos en Porto Alegre, donde se han desplegado grandes medidas de seguridad. En otras partes de la ciudad, miembros de grupos contrarios a Lula se manifestaban también para pedir su condena. Partidarios y detractores volverán este miércoles a las calles de la ciudad, al tiempo que las protestas de unos y otros se repetirán en otros puntos del país. En São Paulo hasta es posible que los dos bandos se crucen en la avenida Paulista, lugar habitual de concentraciones políticas en la mayor ciudad del país. Otro de los numerosos simbolismos que encierra este juicio que es mucho más que un juicio: el de un país profundamente dividido y sin expectativas de que esa división se vaya a superar a corto plazo, publicó El País.
Luiz Inácio Lula da Silva enfrentará este miércoles la mayor encrucijada de su vida política, cuando un tribunal de segunda instancia se expida sobre la condena a nueve años y medio de cárcel que recibió en 2017 por corrupción y lavado de dinero.
El caso que involucra un apartamento en las afueras de Sao Paulo es el más avanzado de los nueve procesos que enfrenta el exmandatario (2003-2010), siete de los cuales están en juicio y dos en la fase de denuncia.
1- El tríplex
Cargos: Recibir un tríplex en un balneario de Sao Paulo para beneficiar a la constructora OAS con obras en la estatal Petrobras cuando aún era presidente de Brasil.
El soborno fue valuado en 2,4 millones de reales (en valores actualizados), equivalentes a unos 750.000 dólares.
Lula fue absuelto de la acusación de que OAS también había pagado 1,3 millones de reales para conservar su acervo presidencial.
Estado: Condena en primera instancia. Apelada ante un tribunal superior.
2- Instituto Lula
Cargos: Negociar con Odebrecht un soborno de 12 millones de reales para comprar un terreno para erigir el instituto que divulga su legado. La transferencia no se concretó, pero la fiscalía afirma que el delito se consumó con la mera aceptación del soborno.
Está acusado en la misma causa de recibir un apartamento contiguo al que habita en Sao Paulo.
Estado: Juicio en la primera instancia.
3- Residencia de Atibaia
Cargos: Recibir sobornos de Odebrecht y OAS para reformar una hacienda en Atibaia (Sao Paulo), que la fiscalía afirma es del exmandatario, a cambio de contratos con Petrobras.
Estado: Juicio en la primera instancia.
4- Aviones de combate
Cargos: Lavado de dinero y tráfico de influencia en la compra del Estado brasileño de aviones suecos Gripen por 5.000 millones de dólares durante la presidencia de Dilma Rousseff (2011-2016), su sucesora y protegida política.
Según la denuncia, Lula recibió 2,25 millones de reales a través de una empresa de su hijo Luis Claudio.
Estado: Juicio en la primera instancia.
5- El silencio
Cargos: Obstrucción a la justicia al supuestamente participar en un plan para comprar el silencio del exdirectivo de Petrobras Nestor Cerveró, involucrado en el fraude a la petrolera estatal.
La fiscalía pidió archivar la causa por falta de pruebas.
Estado: Juicio en la primera instancia.
6- BNDES
Cargos: Tráfico de influencia, corrupción pasiva, lavado de dinero.
Según la denuncia, Lula "influenció la política de financiación internacional del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo), con la intervención de otros organismos públicos federales para favorecer a Odebrecht". La contraprestación fue de 20,6 millones de reales materializados mediante una participación en la empresa de uno de los sobrinos del expresidente.
Estado: Juicio en la primera instancia.
7- Automotrices
Cargos: Corrupción pasiva. La denuncia sostiene que recibió 6 millones de reales en 2009 -su segundo mandato- para prorrogar beneficios tributarios a automotrices.
Estado: Juicio en la primera instancia.
8- Partido de los Trabajadores
Cargos: Organización delictiva que cometió crímenes de cártel, corrupción y lavado de dinero.
Fue acusado junto a la cúpula del partido de izquierda que cofundó de haber cobrado ilegalmente 1.485 millones de reales, usando a la administración pública.
Estado: Denuncia en el Supremo Tribunal Federal (STF) por involucrar a políticos con fueros parlamentarios.
9- Nombramiento ministerial
Cargos: Obstrucción a la justicia al articular junto con la expresidenta Dilma Rousseff su nominación como ministro Jefe de la Casa Civil (principal articulador del gobierno) para dotarse de fuero privilegiado y escapar a la investigación de la primera instancia de Sergio Moro.
Su nombramiento fue bloqueado por el STF y tras la destitución de Rousseff el caso pasó a la justicia ordinaria.
Estado: Denuncia en la primera instancia, puntualizó Swissinfo.
Ante expectativa por juicio a Lula, el Bovespa trepa 2,1% y el real se aprecia 1,6% a 3,18. La bolsa de San Pablo avanza este miércoles 2,1% y su índice Bovespa se situaba en los 82.451 puntos, beneficiado por un alza de inversiones de extranjeros y por el escenario externo, mientras el mercado aguarda un fallo en el juicio por corrupción contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
En el mercado de cambio, el real brasileño se aprecia un 1,6% frente al dólar, moneda que era negociada a 3,183 reales para la venta en el tipo de cambio comercial, en un reflejo del buen ánimo de los inversores en torno a las perspectivas electorales del país sudamericano.
Una corte de apelaciones de Porto Alegre decidirá el miércoles si mantiene la condena por corrupción contra Lula, una decisión que podría impedirle al político más influyente de Brasil competir en la carrera presidencial de este año.
Decenas de miles de partidarios se manifestaron en las calles de Porto Alegre el martes para protestar contra lo que ven como una persecución política al ícono de la izquierda brasileña, que fue sentenciado a nueve años y medio de prisión por corrupción y lavado de dinero en un caso que involucra a un apartamento tríplex en la ciudad costera de Guarujá.
Entre las operaciones destacadas del Bovespa, los papeles preferenciales del Banco Bradesco saltaban 2,% y eran uno de los principales soportes del referencial, mientras que los valores de Banco do Brasil ganaban 4,7%.
Las acciones de la minera Vale subían 2,4% y se recuperaban de las pérdidas del día anterior, impulsadas por mejores precios del mineral de hierro en China.
Los títulos de la productora de celulosa Fibria generaban la única presión negativa al Bovespa el miércoles, al bajar 1%, en un movimiento considerado por analistas como una corrección de mercado tras una racha alcista.
