Más de 2,8 millones de usuarios de todo el país están en condiciones de acceder a la tarifa social por el servicio de electricidad que instrumentó el Gobierno nacional para los sectores de la población con menor capacidad adquisitiva, tras un relevamiento que realizó el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

Solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires (AMBA) la tarifa diferenciada alcanza a 709.227 personas de los 2.849.918 casos analizados y aprobados por el organismo estatal.

Le siguen el resto de la Provincia de Buenos Aires con 468.708 usuarios, Córdoba con 371.333 y Santa Fe con 300.110; en tanto que en los distritos del Norte (NOA + NEA) el número de beneficiarios llega a 578.870.

"La tarifa social es básicamente una herramienta de inclusión y cuidado a las familias de bajos ingresos y más vulnerables. Sabemos de la importancia de contar con este beneficio y por eso vamos a escuchar y dar respuesta a quienes nos necesiten", señaló la ministro de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

"Hemos hablado con intendentes, representantes provinciales, defensores del pueblo, fundaciones, organizaciones y entes de bien público, que cuentan con nuestra predisposición y compromiso para trabajar juntos de manera coordinada y transparente", añadió.

El Gobierno Nacional declaró en diciembre pasado la Emergencia del Sistema Eléctrico Nacional e inició una etapa de normalización del servicio que tiene como objetivos incentivar las inversiones, mejorar la prestación y proteger a los sectores más vulnerables.

Pueden acceder a la tarifa especial los beneficiarios de programas sociales, como también los jubilados y pensionados que perciban haberes mensuales brutos por un total menor o igual a dos veces la jubilación mínima nacional vigente a febrero pasado, que es de 8598,12 pesos.

Del mismo modo, aquellos trabajadores con remuneraciones mensuales brutas por un valor menor o igual a dos salarios Mínimo Vital y Móvil (SMVM) que, a la fecha, es de 12.120 pesos.

Además, reciben la tarifa reducida las personas con discapacidad, las que cobren seguro de desempleo, las inscriptas en el Monotributo Social y las empleadas del servicio doméstico.

No tienen acceso quienes sean propietarios de más de un inmueble, posean un vehículo de hasta 15 años de antigüedad o tengan aeronaves o embarcaciones de lujo.

La gestión para acceder a la Tarifa Social se puede realizar a través de www.minem.gob.ar y por el número telefónico 0800-333-2182.

En la Resolución N° 061, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) impuso la multa más alta en la historia a Energía San Juan, de $ 1.246.310, por incumplimiento en la entrega de información necesaria para verificar el cumplimiento del Contrato de Concesión. También por incumplimiento en lo referido al tipo y plazos de entrega de la información contenida en los Informes Mensuales.

¿Es común que EPRE imponga multas tan altas a la empresa? "No es común. Es la más alta”, fue la respuesta de la gerencia de Energía San Juan. 

Pero eso no es todo, la multa fue acompañada de una orden de bonificar a un grupo de usuarios con distintos montos que van desde los $74,88 a los $1.876, según el tipo de consumidor. Estas bonificaciones alcanzarán a un grupo de 1.840 suministros por un total de $1.500.000, de los cuales $ 250.000 van directamente a los usuarios, y el resto al Fondo de Contención Tarifaria.

Entre ambos montos, la multa y las bonificaciones a los usuarios, la cifra que debe desembolsar la distribuidora alcanza los $2.746.310.

Según confirmó la empresa, estas bonificaciones se ordenaron porque EPRE "consideró que los usuarios han tenido una atención comercial no satisfactoria”.  

Esas bonificaciones no se harán efectivas en las siguientes facturas, "se ha pedido, como en otras oportunidades, al EPRE que nos conceda una financiación”, señalaron desde la firma.

Las multas a la empresa llegan después del ajuste tarifario producido como consecuencia de la quita de subsidios del gobierno nacional, que se tradujo en nuevos precios de la generación de energía eléctrica en el mercado mayorista.

 El anuncio se realizó en enero y días después el titular del EPRE, Jorge Rivera Prudencio, salía a informar que la Provincia usaría el Fondo de Contención Tarifaria para que el 78 % de los usuarios residenciales no tenga un único aumento en la tarifa sino que sea una suba escalonada hasta llegar a diciembre de 2016. 

Esto, luego de que los medios nacionales hablaban de subas de entre 300 % y hasta 600 % en la tarifa de la energía eléctrica. En San Juan los usuarios domiciliarios que ahorren energía tendrían subas de 36 %, 48 %, 53 %, dependiendo de su consumo y dónde vivan, dijeron entonces.

Detalles técnicos

La resolución de EPRE tiene 26 artículos, en el primero se define la multa y en los siguientes se identifica cada grupo de usuarios y la bonificación que les corresponde.

A modo de ejemplo, el artículo 2° señala que Energía San Juan deberá bonificar a los usuarios detallados en la Tabla 1 del Anexo, un monto de $ 74,88 si es Tarifa Tl-Rl, T1-R2, T1-R3 o Tl-Gl; $ 225,19 si corresponde a Tarifa T1-G2 o T1-G3; $ 374,95 si corresponde a Tarifa T2 y $ 1.876,62 si corresponde a Tarifa T3 BT o T3-RA… debiendo certificar fehacientemente ante EPRE el cumplimiento del mismo en un plazo no mayor de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente.

En el artículo 23°, el Ente ordena a la distribuidora que deberá depositar el total de la multa en la cuenta del Banco Hipotecario, denominada "Fondo de Contención Tarifaria -E.P.R.E.", dentro de los 5 días hábiles administrativos de notificada la resolución. 

¿Fin de un ciclo?

Tiempo de San Juan publicó en su edición del 5 de marzo que la máxima autoridad del EPRE, Jorge Rivera Prudencio, termina mandato en junio y que el Gobierno debería llamar a concurso para cubrir su cargo. El Ejecutivo también podría extender su mandato por decreto, si así lo decidiera. 

Aún hay incertidumbre respecto a lo que sucederá con ese cargo estratégico para la provincia. El EPRE es quien realiza las audiencias para los ajustes de la tarifa eléctrica, define los porcentajes de suba, realiza las licitaciones relacionadas a nuevas redes y estaciones eléctricas, y actúa defendiendo al consumidor en los casos en los que éste se siente afectado por la distribuidora, entre otras cosas.