La problemática ambiental ocasionada por la ruptura del dique de colas de la mina Santiago Apóstol, cercana al río Pilcomayo, obligó a 13 de 15 ingenios mineros de la zona a paralizar sus actividades y a movilizar a las autoridades ambientales de Potosí, quienes verifican las licencias.
“De las 15 empresas mineras de Canutillos y Colavi, 13 están paralizadas. Esto porque se realizó las inspecciones de licencias de funcionamiento en estas comunidades a raíz de los problemas con el dique de colas)”, informó la secretaria de Medio Ambiente y Madre Tierra de la Gobernación de Potosí, Ivana Bellido.
La Razón recorrió esta semana las comunidades de Canutillos y Colavi, en el este potosino, donde verificó dicha paralización en seis de las 13 empresas mineras: Santiago Apóstol, Canutillos, San Juanino, Firex, Colavi y Sachacuchu. No obstante, pobladores aseguraron que hay más ingenios cerrados en lugares alejados.
Bellido señaló que por temor varios propietarios de las empresas mineras paralizaron sus actividades, incluso antes de la inspección. De acuerdo con los datos de la Gobernación, en Potosí existen 450 cooperativas y empresas mineras. De ellas, el 80% no cuenta con una licencia ambiental y trabaja de manera ilegal.
Basilio Taquirichi, empleado de la mina Sachacuchu, indicó que la paralización de su ingenio se dio después de la polémica en Santiago Apóstol. El responsable de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) en Canutillos, Alfredo Condori, coincidió, por separado, con esta versión y confirmó la cifra de la Gobernación.
El 4 de julio, el dique de cola (infraestructura de mina para almacenar los desechos tóxicos de la actividad) del ingenio de Santiago Apóstol sufrió una ruptura tras colapsar y derramó sólidos remanentes a las aguas del río Pilcomayo. El 18 de febrero, el técnico de la Gobernación potosina, Néstor Burgoa, advirtió del posible colapso y de la deficiencia en la construcción del dique de colas. Estudio. Sin embargo, nadie tomó en cuenta ese informe y cuatro meses después comenzaron a suscitarse las consecuencias. Al respecto, las autoridades nacionales y departamentales discrepan en sus informes sobre la afectación al afluente, que es compartido entre Chuquisaca, Potosí y Tarija.
Por ejemplo, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Departamental de Chuquisaca, Shirley Espada, aseguró que hay contaminación de residuos de plomo, plata y zinc en los afluentes, y, por ende, existe peligro en las tres regiones. Datos similares brindó el primer informe de la Gobernación de Chuquisaca.
No obstante, el ministro de Minería, Cesar Navarro, sostuvo que el estudio oficial concluyó en que las colas y el contaminante del sifonamiento no alcanzaron las aguas del río. La investigación fue realizada por la comisión interinstitucional integrada por los ministerios de Minería y Medio Ambiente, las gobernaciones de Potosí y Chuquisaca, y la Comibol.
Según un estudio independiente de la Comibol, las compañías mineras de las comunidades de Colavi y Canutillos desechan sus aguas contaminadas al río Colavi que, a su vez, desemboca en el Pilcomayo, y éstas causan alto nivel de contaminación.
Al interior del dique de Santiago Apóstol se presentó un suceso extraño, pues se abrió la tierra en un cráter de unos 30 metros de diámetro, contaron pobladores, quienes además manifestaron sentir miedo de que el fenómeno en la superficie sea replicado y afecte a las viviendas aledañas. Los pescadores también son un sector preocupado por las especies.
En otro informe, que aborda este nuevo problema, uno de los responsables de las oficinas técnicas de la Comibol, Hilarión Andrade, sugirió el cierre de la empresa y la revisión del contrato con su propietario, Mario Cano.
Andrade afirmó que las colas (sólidos tóxicos) fueron evacuadas hacia el río Colavi, generando un alto grado de contaminación al Pilcomayo. También advierte que en época de lluvias todos estos restos depositados en el lecho del río serán arrastrados hacia varios afluentes de la región.
Este hecho generó una actuación sin antecedentes previos de las autoridades judiciales. Cano fue aprehendido por el Ministerio Público y posteriormente la Justicia determinó su detención preventiva en la cárcel de Cantumarca de Potosí, acusado del delito de daños a la salud pública.
Campamentos mineros se vuelven ‘pueblos fantasmas’
Yuvert Donoso /Potosí
En los últimos tiempos acontece un fenómeno un tanto recurrente en Potosí; si bien antes la actividad minera agrupaba a poblaciones que luego formaban campamentos por el movimiento económico, ahora se observan varias comunidades abandonadas a causa de la contaminación, situación que lentamente da paso al surgimiento de “pueblos fantasmas”.
Campamentos desolados y con pocas familias, escuelas con menor cantidad de alumnos, tierras poco fértiles y solo algunos animales, es como se ven algunas regiones de Potosí.
La causa principal es la actividad minera y la contaminación que desprende, según testimonios de los pobladores. El accidente ambiental de la mina Santiago Apóstol causó que las familias abandonen su terruño en busca de mejores condiciones de vida.
Ana María Bravo, esposa de uno de los mineros de Santiago Apóstol y propietaria de una tienda de abarrotes, relató que la población se fue desde el sifonamiento del dique de colas. “Es una pena porque nos estamos quedando sin gente. Hasta hace poco había más de 200 personas trabajando y ahora no hay más de 30”.
Otro de los ejemplos es la disminución de estudiantes en la única escuela que educa a los niños de Canutillos y Colavi, ubicada a una hora y media del cruce a Chaqui, sobre el camino que une Sucre con Potosí. El establecimiento poseía antes 40 alumnos, ahora quedan 28.
Abandono. La Gobernación de Potosí ordenó a las empresas mineras de la zona paralizar su actividad hasta obtener la licencia y manifiesto ambiental. Esa decisión causó abandono al no haber movimiento.
Al otro extremo de Canutillos está la comunidad de Lava, a 50 kilómetros de Potosí. En este lugar la situación es aún más complicada porque su población se dedica a la actividad agrícola y cada día hay menos habitantes a raíz de la contaminación de la cuenca de la Lava.
Cerca del pueblo, las empresas minera Andacaba y Murana vierten sus residuos tóxicos a la cuenca de la Lava. Esa agua es utilizada por los campesinos para regar sus cultivos y producir haba, papa, cebada y trigo. Los alimentos semanalmente son vendidos en la feria de Belén.
El director del colegio 21 de septiembre de la Lava, Alfredo Bautista, reveló que en un año sus alumnos se redujeron de 180 a 84. “Abandonaron su pueblo porque la tierra ya no es fértil y por los problemas de salud que ocasiona consumir el agua contaminada por las minas”.
Máxima Llanos, vecina del lugar, aseguró que los niños comenzaron a nacer con los pies chuecos y con problemas de desnutrición. Algunos animales dieron a luz crías con seis patas “por tomar el agua del río”.
Esa versión fue confirmada por Mario Pereyra y Patricia Medrano, médicos de la posta, quienes informaron que en los últimos meses atendieron a personas incluso con deficiencia mental. Como Lava y Canutillos, muchos pueblos que viven cerca de las riberas de los ríos que desembocan sus aguas al Pilcomayo soportan las consecuencias de la actividad minera que afectan al medio ambiente.
Costos frenan la planta para aguas servidas
Yuvert Donoso /Potosí
Potosí no cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas y esta situación se complica también en la capital, donde además urge el tratamiento del líquido ácido que sale de manera natural del Cerro Rico. Ante esa problemática, se planteó el uso de nuevas tecnologías, pero el elevado costo frena el emprendimiento.
Las aguas servidas que genera Potosí se vierten en la cuenca del río Tarapaya, uno de los principales afluentes del Pilcomayo, que actualmente se encuentra contaminado, según reconocen los ejecutivos de la empresa de Administración Autónoma Para Obras Sanitarias (AAPOS).
La solución pasa por la construcción de una moderna planta con el uso de nuevas tecnologías. El gerente de AAPOS, Williams Cervantes, explicó que la propuesta surgió de Suiza, que plantea construir una planta de flotación y no de sedimentación con características únicas en el país.
Este emprendimiento tendría un costo de 12 millones de dólares, tres veces más que cualquier otra planta convencional; por ello, Cervantes señaló que se busca el apoyo de otras instituciones locales, como también del Gobierno nacional, para alcanzar el financiamiento de la obra.
De acuerdo con la planificación, este proyecto además permitiría que las aguas tratadas puedan ser utilizadas para sistemas de riego y, de esa manera, solucionar otro problema que aqueja a esta región de Potosí.
Previamente a esta propuesta se elaboraron otras dos alternativas que fracasaron. El primer estudio a diseño final, financiado por la cooperación alemana, fue inviable, porque, en criterio de Cervantes, era ilógico tratar las aguas y reenviarlas a un río contaminado como es Tarapaya.
El segundo proyecto también fracasó por diferencias entre los comunarios de Cantumarca y San Antonio que se opusieron a la cesión de terrenos.
La comunidad potosina de Tres Cruces contará con una planta de tratamiento de aguas, según proyectos previstos para el próximo año por la Gobernación del departamento. Se beneficiará a 15.000 familias del lugar.
