El número de empresas que han trasladado su sede social fuera de Cataluña asciende a 1.821 desde el día posterior al referéndum del 1 de octubre hasta el pasado viernes, según datos del Colegio de Registradores.

En la jornada del viernes, la última con datos disponibles, salieron de la comunidad autónoma 140 empresas.

De ellas, 131 estaban afincadas en Barcelona, cuatro en Lérida, otras cuatro en Tarragona y una en Gerona.

El éxodo empezó el 9 de octubre, víspera del pleno convocado por el Parlament para debatir sobre la declaración de independencia, cuando trasladaron su sede social 212 empresas.

En los cinco días laborales anteriores (del 2 al 6 de octubre) sólo habían salido de Cataluña 7 empresas.

El día en el que más compañías dejaron la comunidad fue el 19 de octubre, fecha límite en la que Puigdemont debía responder al requerimiento del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre si había declarado o no la independencia.

A continuación se sitúan, el ya mencionado 9 de octubre (212), el 10 de octubre (177 empresas) y el 11 de octubre (155).

De las 1.821 sociedades que se han movido a otros puntos de España, 1.639 tenían su sede en Barcelona, 36 en Gerona, 71 en Lérida y 75 en Tarragona.

En sentido contrario, desde el 2 de octubre hasta el pasado viernes instalaron su sede social en Cataluña 75 empresas, lo que deja un saldo negativo de 1.746.

ÁNGELES GONZALO ALCONADA

La gran banca española ha capeado hasta ahora bastante bien las tensiones políticas catalanas. Incluso CaixaBank y Banco Sabadell han logrado anular en sus balances el pánico de los clientes tras el resultado del referéndum ilegal del 1 de octubre de Cataluña. O por lo menos eso han asegurado la semana pasada en sus respectivas presentaciones de resultados.

Ambas entidades han reconocido el “nerviosismo” que se produjo entre sus clientes en las primeras semanas de octubre. Incluso admitieron una salida de depósitos que comenzaba a ser preocupante, aunque todavía controlable, en los primeros días de este mes o la petición de trasladar las cuentas de numerosos clientes fuera de Cataluña, lo que se conoce como cuentas espejo. Los movimientos fueron tales que otras entidades, como Santander o BBVA, reconocieron que en esos mismos días recibieron más afluencia de cuentas y clientes de lo habitual. 

Esta salida de depósitos provocó que tanto CaixaBank como Sabadell decidieran, en una respuesta histórica, trasladar sus sedes sociales y fiscales fuera de Cataluña. Una medida traumática para ambas entidades, pero la única que atajó la fuga de fondos e incluso, como han afirmado sus respectivos consejeros delegados, que la situación revirtiera y que una cantidad considerable de los clientes o depósitos que se fueron volvieran.

Solo la declaración de la creación de la república de Cataluña el viernes a primeras horas de la tarde por parte del Parlament volvió a instaurar el nerviosismo en el sector financiero y económico en general, además, claro, de en el ámbito político. Fue entonces cuando las dos patronales de la banca, la AEB y la CECA, se replantearon activar la carta institucional que habían redactado y acordado el 3 de octubre, en la que defendían la estabilidad financiera. Además, estaban dispuestos, si era necesario y el Ejecutivo de la Generalitat insistía en gobernar, a implantar medidas radicales, como reducir a la mínima expresión o incluso dejar su actividad financiera en Cataluña.

Pero se decidió posponer la emisión del comunicado, tras la cadena de llamadas que llevaron a cabo los principales presidentes del sector (de Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell). Esperarían la respuesta a últimas horas de la tarde de Mariano Rajoy al desafío del Parlament y, dependiendo de ella, emitirían su comunicado en 24 horas o 48 horas. Era viernes y el mercado estaba a punto de cerrar. El daño en la cotización del sector ya estaba hecho. El Ibex había caído un 1,4% y fueron los valores más ligados a Cataluña y la banca los más castigados. Sabadell y CaixaBank perdieron en Bolsa el 27 de octubre 1.100 millones de euros.

“Era mejor esperar. La Bolsa había cerrado y no tenía sentido difundir un comunicado institucional sin saber si se iba a activar el artículo 155 y en qué medida. Se podría haber creado más alarma que tranquilidad, y es lo que menos quiere el sector financiero. El pánico es el peor enemigo de la banca. El dinero es muy miedoso”, explica un influyente directivo financiero que admite, además, que tras la intervención de Rajoy con el anuncio de las elecciones el día 21 de diciembre y la sustitución del Govern, las tensiones en Cataluña deberían difuminarse.

Ayer domingo, el Círculo de Empresarios emitió un comunicado en el que respaldaba la actuación del Gobierno en Cataluña. La banca también optó horas más tarde por hacer pública su declaración, esa que había guardado en un cajón el 3 y el 10 de octubre, y que recordaba a la hecha el 18 de septiembre de 2015 (justo unos días antes de que se celebraran las elecciones catalanas del 27 de septiembre). Eso sí, la redacción final se ha modificado respecto al borrador de los primeros días de este mes. La declaración de la banca, impulsada más desde la AEB que desde la CECA, señalan varias fuentes, también coincide con la multitudinaria manifestación celebrada en Barcelona y convocada por Societat Civil.

En su comunicado, las entidades financieras apelan a su “compromiso con la Constitución y la legalidad vigente”. Han medido mucho los tiempos de su emisión así como sus palabras para evitar el rechazo que provocó hace dos años en algunos círculos su declaración ante lo que consideraban una interferencia de la banca en una cuestión política que no le correspondía. Habrá que ver hoy la reacción de la Bolsa a los acontecimientos de este fin de semana, aunque ayer todas las fuentes consultadas aseguraban que parece que la calma se va instaurando en Cataluña.

La gran banca, mientras, ha vuelto a recuperar pulso y sus cuentas de resultados brillan nuevamente, aunque no a niveles precrisis financiera, algo que parece casi imposible de recuperar. A falta de que Bankia presente hoy sus resultados, los beneficios de Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter suman 11.000 millones de euros.

Este resultado bate solo en los nueve primeros meses del año, y sin la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri, las ganancias de todo 2016. Un buen dato para el sector y para la economía en general que hace así enterrar por completo cualquier sombra de la crisis.

Puede que el Gobierno opte así por apretar el botón para vender entre un 7% y un 9% del capital de Bankia de forma acelerada. Los bancos de inversión ya tenían todo listo para colocar este paquete entre inversores institucionales en septiembre, tras la aprobación de la fusión de esta firma con BMN.

BFA, matriz de Bankia, ya tiene el panel de bancos para encontrar una ventana para llevar a cabo esta venta, y parece que ya han encontrado el momento. Sería poco después de la presentación de sus resultados. El hecho de que Liberbank haya activado su ampliación de capital por 500 millones de euros para que finalice a mediados de noviembre no lo consideran un impedimento. “Muchos fondos quieren invertir en España. Tienen dinero y ven potencial en el sector financiero”, explican desde un banco de inversión.

Estas mismas fuentes precisan, no obstante, que el Gobierno va a tener especial cuidado en esta colocación, no quiere ninguna metedura de pata. De ahí que esté controlando al milímetro esta colocación que se ha retrasado, y no se descarta que pueda guardarse nuevamente en un cajón por las tensiones en Cataluña.

Los bancos de inversión aseguran que hay peticiones para comprar bankias, y hay que aprovechar los momentos o ventanas que se abren, ya que sería complicado llegar a 2018 con el 67% de su capital en manos del Estado. “Es un porcentaje muy alto para venderse entre 2018 y 2019, fecha en la que finaliza el plazo para su privatización total. Aunque también es cierto que la fecha la marca el Gobierno y podría volver a retrasarla si fuera necesario”, declaran desde otra firma de inversión

PABLO NUEVO LÓPEZ*

Dilema para los nacionalistas: elecciones con la legalidad española o marginalidad y ridículo

El  viernes pasado, tras el espectáculo dado por el Parlamento de Cataluña y la aprobación por mayoría absoluta del Senado de las medidas propuestas por el Gobierno, comenzó la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Como es sabido, las medidas aprobadas por el Senado tienen un alcance muy amplio, permitiendo una intervención en profundidad en la Generalitat de Cataluña: cese del Ejecutivo, avocación al presidente del Gobierno de la facultad de disolución del Parlamento autonómico, restricción de las facultades de este para asegurar que actúa dentro del marco constitucional, etc. 

En relación con estas medidas estaba comenzando un debate jurídico-constitucional acerca de hasta dónde permite el artículo 155 CE intervenir en una comunidad autónoma. Frente a quienes sostenían que la intervención únicamente permite al Gobierno de la nación dar instrucciones a los órganos de la comunidad autónoma, pero no cesar a los titulares de los mismos, un sector importante de la doctrina (entre quienes destaca el profesor Eduardo Vírgala, probablemente el mayor especialista en ese precepto constitucional) argumentaba diciendo que, para tutelar adecuadamente el interés general de España, el Gobierno de la nación está habilitado –si así le autoriza el Senado– a adoptar cuantas medidas se requieran para preservar el sistema constitucional.

En este sentido, tratándose de una situación de legítima defensa social, el canon constitucional para enjuiciar las medidas es que respondan al criterio de “necesidad racional del medio empleado”. Debe tenerse en cuenta que el sentido común es el primero de los criterios de interpretación jurídica, y no parece razonable que –estando en una situación de abierta rebelión contra el orden constitucional– la respuesta del Estado deba limitarse a dar instrucciones a aquellas autoridades que llevan años comportándose con un abierto desprecio por el orden jurídico.

Así las cosas, Rajoy ha optado por una interpretación del artículo 155 que va en esta segunda dirección, considerando que le faculta para realizar una intervención de máximos en la Generalitat. Ahora bien, esta intervención ha ido acompañada de una limitación temporal que hace que, en la práctica, no pueda ser considerada como desproporcionada ni siquiera por quienes abogaban por una interpretación restrictiva del mencionado artículo 155.

En este sentido, y como es sabido, no solo ha procedido a destituir al presidente y al Gobierno de la Generalitat, sino que ha disuelto el Parlamento autonómico convocando elecciones para el 21 de diciembre.

Desde una perspectiva jurídica esto implica que los comicios se celebrarán al amparo de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg). Así, en estas elecciones sí habrá garantías jurídicas, a diferencia del simulacro de referéndum de los separatistas: supervisión por parte de una junta electoral independiente, neutralidad de la Administración y de los medios públicos, etc. Además, siendo de aplicación la Loreg, los partidos nacionalistas deben ajustarse a lo previsto en dicha norma: plazo de 20 días para decidir la forma en la que se presentan (ERC y PDeCat por separado o en coalición) y las correspondientes listas de candidatos para cada provincia, cumplimiento de los requisitos sobre inelegibilidad, régimen de subvenciones electorales, etcétera.

Desde una perspectiva política, esto fuerza a los partidos nacionalistas a aceptar la vigencia del ordenamiento constitucional, pues de no hacerlo quedarán fuera del Parlamento de Cataluña. Debe tenerse en cuenta que, en esta ocasión, tendrán difícil inventar alguna argucia más con la que intentar engañar al Estado. Si optan por concurrir mediante una agrupación ad hoc (para poder mantener que no aceptan otra legalidad que la de la ficticia república catalana), en esos 20 días deben reunir las firmas que exige la Loreg a las agrupaciones de electores; además, si esa candidatura no viene a suceder a los partidos nacionalistas (lo cual es incompatible con propugnar una legalidad paralela), no tendrá derecho a los adelantos de subvenciones electorales que regula la Loreg, con la consiguiente dificultad de afrontar una campaña electoral sin financiación adecuada.

Ahora bien, la aceptación de la legalidad constitucional como la única vigente pone a los partidos nacionalistas ante sus contradicciones. Si Cataluña sigue siendo una comunidad autónoma, ¿qué sentido tiene lo realizado hasta ahora? Siguiendo su curso los procedimientos judiciales, ¿cómo explicar a quienes van a tener procesos penales por desobediencia, malversación o sedición que su sacrificio no ha servido para alcanzar la independencia? A los supuestos moderados, ¿cómo explicarles que para acabar como en 2012 ha sido necesario destruir la seguridad jurídica, dilapidar cientos de millones de euros en alimentar un proceso inútil, provocar la fuga de miles de empresas, dejar a Cataluña sin entidades financieras ni aseguradoras y provocar una fractura social que tardará lustros en ser reparada?

Ciertamente, la jugada del Gobierno es arriesgada. El sistema electoral privilegia a Girona y Lleida, dándoles un peso en escaños muy superior a Barcelona, lo que beneficia a los nacionalistas. Y 54 días es poco tiempo para que se perciban en su integridad las nefastas consecuencias económicas del proceso separatista.

Pero es que el artículo 155 CE no es un instrumento apto para corregir décadas de tolerancia con la continua deslealtad del nacionalismo catalán, sino un remedio para impedir la ruptura del orden constitucional.

A partir de ahí es la hora de la política, que aprendiendo de errores pasados no puede significar premiar a quienes han atacado nuestro sistema de convivencia y amenazado nuestro futuro en paz y libertad. Por el contrario, es el momento de ofrecer a todos (catalanes y resto de españoles) un proyecto de futuro basado en la concordia y la búsqueda del bien común.

*Profesor de Derecho Constitucional de la Universitat Abat Oliba CEU