El presidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha declarado la independencia de Cataluña pero ha pedido suspender, durante varias semanas, los efectos de esa declaración “para emprender un diálogo, para llegar a una solución acordada para avanzar en las demandas del pueblo de Cataluña”. “Con los resultados del 1 de octubre, Cataluña se ha ganado el derecho a ser un estado independiente”, ha dicho Puigdemont ante el Parlament. “Si todo el mundo actúa con responsabilidad, el conflicto se puede resolver de manera serena. Por nosotros no quedará”, ha indicado.
Como justificación a su intención de asumir “el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república", Puigdemont ha hecho referencia a “un consenso amplísimo y transversal” que sostenía que el futuro “lo tenían que decidir los catalanes a través de un referéndum”. Y sobre el intento de diálogo con el Estado ha interpretado que la respuesta ha sido “una negativa radical y absoluta y combinada con la persecución de las instituciones catalanas”. “No somos unos delincuentes, ni unos locos, ni golpistas ni abducidos”, ha dicho Puigdemont en castellano. “No tenemos nada contra España y los españoles”, ha seguido para luego recurrir a la “relación que no funciona” para justificar su decisión.
El mandatario catalán ha agradecido la colaboración de todas las personas que colaboraron en la organización de la consulta, ha hablado de los "violentos ataques policiales"contra los manifestantes y ha tenido palabras de recuerdo para las más de 800 personas que fueron atendidas. El objetivo de las acciones policiales, ha dicho, era "sembrar el miedo", en lo que ha calificado de un hecho sin precedentes en las democracias europeas. Previamente, Puigdemont ha advertido que no se esperara de su intervención "ni amenazas de insultos".
A partir de esa primera exposición, Puigdemont ha tirado del guion habitual del secesionismo para recordar la contribución de Cataluña a la modernización de España, su apuesta por la Constitución Española y "las 18 veces documentadas" que Cataluña ha intentado negociar con el Gobierno de todas las maneras posibles. En ese capítulo también ha tenido un recuerdo para la sentencia del Estatut de "infausto recuerdo" y ha añadido que "el pueblo de Cataluña reclama desde hace años libertad para poder decidir y no hemos encontrado interlocutores en el pasado ni el presente".
Puigdemont también ha criticado el discurso del Rey. "El discurso de la semana pasada confirmó la peor de las hipótesis posible", ha añadido, antes de añadir que Cataluña se ha ganado el derecho a ser un Estado independiente.
EL PAÍS
Es una de las claves que recoge el documento "EnfoCATs Reenfocando el proceso de independencia para un resultado exitoso. Propuesta estratégica", intervenido el pasado 20 de septiembre por la Guardia Civil.
El gobierno de Carles Puigdemont estableció tres posibles escenarios para conseguir la declaración unilateral de independencia y la creación de un "Estado propio" y, además, diseñó una hoja de ruta para llegar a este fin, según un segundo atestado de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Europa Press. En una de la opciones plantea "generar más conflicto y la desconexión forzosa".
Este informe ha sido remitido a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que investiga al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapeo; a la intendente, Teresa Laplana; y a los presidentes de ANC y Òmnium Cultura, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, por un delito de sedición en relación a los los incidentes que tuvieron lugar los pasados días 20 y 21 de septiembre a las puertas de la Consejería de Economía en Barcelona.
La Guardia Civil contempla que el primero de los escenarios, el más "deseable" para el Gobierno de Puigdemont -apuntan-, sería la aceptación de la declaración de independencia y la "creación de un estado propio negociando la desconexión".
El segundo escenario prevé una "reacción violenta del Estado con dos consecuencias que pierdan o que resistan. Caso de resistir deberían generar más conflicto y tendrían que poner en marcha el plan de desconexión forzosa obligando a un referéndum acordado que llevase a la creación de un estado propio".
Como última alternativa, se sitúa el rechazo de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y se abre la posibilidad de "oferta de negociación", aunque de antemano "no contemplan aceptar" por lo que se exigiría un referéndum que "podría llevar nuevamente a generar más conflicto y desconexión forzosa".
Por otro lado, los investigadores señalan que la creación de ese Estado propio se haría en "dos etapas". La primera se haría a cargo de un "gobierno de transición", que se encargaría de diseñar un "plan estratégico creíble, realizable y de consenso"; y la segunda la realizaría un "gobierno de independencia" que seguiría todas las instrucciones del primero para "crear un nuevo Estado por la vía del pacto o de la unilateralidad".
El primer gobierno se encargaría de crear las "herramientas", como las leyes de desconexión y la movilización social, para el nacimiento de un nuevo Estado y su "reconocimiento internacional", así como evaluar los "riesgos" de la transición. "Una vez realizado este trabajo convocará elecciones cuando sepa que habrá un nuevo parlamento independentista", subraya el informe del Instituto Armado.
Según detalla la Guardia Civil, la estrategia de la Generalitat señala por hacer una oferta de sumar las fuerzas pro-referéndum y, a partir de ahí, pactar la consulta independentista con el Gobierno central. "En caso de que este no acepte se producirá un conflicto que puede derivar incluso en la creación de un Estado propio y a partir de ahí derivar en un referéndum acordado", subraya.
Los pasos a seguir se detallaron en un informe denominado "#EnfoCATS. Reenfocant el procés d'independència per a un resultant exitós. Proposta estratègica", incautado el pasado día 20 de septiembre durante el registro del domicilio particular del secretario general de la vicepresidencia de Economía y Hacienda, Josép María Jové, que fija como objetivos: "sumar mayorías, inspirar confianza y trabajar con garantías de éxito".
Este documento que se incluye en el atestado de la Guardia Civil fija como inicio de dicha "hoja de ruta hacia la independencia" en las elecciones plebiscitarias del 27 de septiembre de 2015 y establece un organigrama de responsabilidad en el que se incluye a Trapero como "ejecutor" del plan.
Hace hincapié en que la negociación de una desconexión y el pacto de una consulta independentista es la "fórmula óptima", pero si no se llega a este acuerdo, "como último recurso" se provocaría un "conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano, orientado a generar inestabilidad política y económica" que fuerce al Gobierno de Mariano Rajoy a aceptar la negociación de la separación de España.
"La DUI generará conflicto que bien gestionado puede llevar a un estado propio porque concluyen que el Estado español no reconocerá el derecho a hacer un referéndum pero si lo ve todo perdido lo hará hacer para que lo perdamos", prevé el informe del gobierno catalán. Por otro lado, EnfoCATS destaca que "precipitar una DUI sin haber trabajado a fondo estos valores la haría poco atractiva a los ojos de la comunidad internacional".
La Guardia Civil contempla en su atestado que las leyes necesarias de desconexión, como la de transitoriedad, aprobada por el Parlamento de Cataluña y suspendidas por el Tribunal Constitucional, es uno de los mecanismos indicados en esta hoja de ruta que debería realizar el "gobierno de transición".
Asimismo, se establece un plan de actuación en caso de recurrir a la "desconexión forzosa", en el que se "incrementará paulatinamente el nivel de conflictividad según la respuesta del Estado". Precisa que se necesita para ello "una clara determinación ciudadana" que apoye y se "implique activamente", además de la "complicidad internacional".
JUAN CARLOS ALGAÑARAZ
Muy presionado por sus aliados principales, Ciudadanos, y el propio Partido Popular, Mariano Rajoy ya tiene decididas una serie de severas medidas de castigos judiciales contra el presidente de la Generalitat.
Muy presionado por sus aliados principales, Ciudadanos, y el propio Partido Popular, Mariano Rajoy ya tiene decididas una serie de severas medidas de castigos judiciales contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por su previsible declaración a favor de la independencia, sea directamente o con argucias que el gobierno considera “completamente intolerables”.
La más reclamada, y que Rajoy se ha negado a aplicar, hasta ahora, en que las papas queman, es el artículo 155 de la Constitución, donde se establece que el gobierno “previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y en caso de no ser atendido”, puede adoptar “las medidas necesarias para obligar al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones”.
Esta disposición muy amplia, posibilita a Rajoy desde suspensión de la autonomía catalana, o la inhabilitación de los más altos funcionarios de la Generalitat o el parlamento, el control de la policía catalana y enviar los refuerzos de orden que considere necesarios.
Otras leyes de punición, que solo necesitan de un decreto ley inmediato, que puede utilizar el estado atienden a cuatro “situaciones excepcionales”. La ley de estado de crisis prevista por la ley de Seguridad Nacional, aprobada y aplicada por los socialistas.
El presidente de España, Mariano Rajoy. REUTERS
Permite decidir una situación de interés para la seguridad nacional y designar “una autoridad funcional para dirigir y coordinar a las administraciones. El ejecutivo puede declarar la Ley del Estado de Alarma, por el que toma el mando directo de todos los funcionarios públicos y policías autonómicos y locales.
La Ley del Estado de Excepción supone la suspensión de derechos y libertades fundamentales (reunión y manifestación, inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones, entre otros) y la atribución de poderes extraordinarios a una autoridad gubernativa. Debe ser aprobado por mayoría simple del Congreso.
Ley de Estado de sitio. La autoridad civil es sustituida por una autoridad militar. Quedan en suspenso los derechos de los detenidos. Toque de queda. Debe ser aprobado por mayoría absoluta del Congreso de Diputados.
El jefe de Gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont. dpa
El líder conservador, según un último sondeo, incrementa su caudal de votantes. Pero, los más beneficiados por la encuesta son los liberales de centro derecha, Ciudadanos, originarios de Cataluña, que aumentan espectacularmente sobrepasando por primera vez con claridad a Podemos (Pablo Iglesias) que vuelven a perder apoyo.
Las presiones de los liberales, quienes sostienen en su mayoría absoluta a Rajoy, lo que les permite gobernar en minoría, son constantes y más propios de opositores cuando se trata de no tomar medidas drásticas contra Puigdemont y los separatistas. Ayer mismo las han reiterado. “Estamos esperando a Puigdemont”. “Si los separatistas no ponen urnas en Cataluña para que se exprese la mayoría que quiere cumplir con la Constitución entonces ¡que las ponga de una buena vez Rajoy!”, declaró hoy un vocero libera. Rajoy está más fortalecido que nunca para afrontar con la energía y rotundidad que marcó el discurso del Rey, la personalidad más popular de España, vivado en cuanto acto patriótico sucede en España. Lo dicen las encuestas claramente. En el PP ya hay voces críticas importantes por lo que se considera su “exceso de prudencia”. Lo mismo en los centros de poder de la derecha.
Un manifestante sostiene un retrato del rey Felipe VI durante la manifestación de ayer en el centro de Barcelona, en rechazo a una posible declaración de independencia en Cataluña. dpa
Puigdemont le ha servido en bandeja de plata la ocasión de lanzarse adelante con su declaración directa o llena de subterfugios, a las 18 de hoy ante el parlamento. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ratifico hoy su línea dura. "El gobierno está preparado para afrontar cualquier decisión que anuncie Puigdemont. Eso no va a quedar sin respuesta" (hoy en el parlament), afirmó.
Ante la grave situación Francia ha emitido un claro apoyo a España. La secretaria de Estado para Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau, advirtió que si se produce una declaración de independencia no será reconocida. "La primera consecuencia de una independencia sería la automática salida de la Unión Europea”. Y añadió: “Somos socios y aliados de España, que es una gran democracia”.
También Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, dio su pleno apoyo a Rajoy ante Puigdemont. “Apoyaremos la respuesta del Estado ante la quiebra unilateral de la convivencia entre los españoles. Una declaración de ruptura no tiene cabida en ningún estado social de derecha. Es un proceso que violenta la Constitución, el Estatuto de Autonomía catalán y los principales valores del proyecto europeo”..
