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ENCUESTA
Barómetro de Corrupción: Venezuela, el primero de América Latina. TIAR: ¿un acuerdo conveniente?
24/09/2019

87% de los venezolanos sostienen que la mayoría de la oficina de Maduro es corrupta

ENERNEWS/MINING PRESS/Agencias

La encuesta de Transparencia Internacional muestra una diferencia entre la percepción de los venezolanos sobre el régimen chavista y la Asamblea Nacional, liderada por la oposición. A más de la mitad de los ciudadanos se les pidió pagar algún tipo de soborno en el último año

El 87% de los venezolanos asegura que "la mayoría o todos" en el entorno de Nicolás Maduro son corruptos, una percepción mucho más alta que la registrada hace dos años y la más dura en América Latina, según reportó este lunes la ONG Transparencia Internacional en su informe Barómetro Global de la Corrupción.

Venezuela es el único país de todos los países estudiados donde la mayoría de los ciudadanos informaron que les habían pedido pagar sobornos (61%), mientras que uno de cada dos venezolanos se vio obligado a realizar el pago.

Los datos en Venezuela indicaron que si bien el 87% de los venezolanos sostienen que la mayoría o todas las personas de la oficina de Nicolás Maduro son corruptas, solo el 38% de ellas piensan que la mayoría o todos los parlamentarios son corruptos. "Al parecer, los ciudadanos consideran que la Asamblea Nacional, que está compuesta en su mayoría por la oposición, es menos corrupta que el Poder Ejecutivo", indicó el reporte.

 

Venezuela, además, es el único país de todos los países estudiados donde la mayoría de los ciudadanos informaron que les habían pedido pagar sobornos (61%). También, el 90% de los ciudadanos afirmó tener poca o ninguna confianza en la Justicia y en la policía.

La encuesta se llevó a cabo a través de entrevistas personales a 17.000 personas de 18 países, asistidas por computadora, excepto en Venezuela, donde la encuesta se completó con papel y bolígrafo, posiblemente por razones de seguridad.

"Lo que está pasando con Venezuela no es aceptable ni sostenible", apuntó Patricia Moreira, Directora General de Transparencia Internacional.

En el plano regional, más de la mitad de los ciudadanos en América Latina y el Caribe cree que la corrupción está aumentando y que su gobierno no hace lo suficiente para combatirla.

 

Aunque no hay una clasificación de la situación por países, el barómetro sí que detalla los resultados nacionales de la macroencuesta.

Los venezolanos son también quienes más pesimistas se muestran sobre la actuación de las autoridades: el 91% cree que lo está haciendo mal, seguidos por los ciudadanos de Panamá (79%) y República Dominicana (72%). Sobresale en sentido contrario México, donde el 61% piensa que su Ejecutivo lo está haciendo bien en la lucha contra la corrupción.

 

La edición regional del décimo Barómetro Global de la Corrupción apunta que el 53% de los interrogados cree que en los últimos doce meses ha empeorado la situación, una tasa algo inferior al 62% del muestreo anterior, publicado en 2017.

Además, un 85% de los encuestados mantiene que la corrupción en el Ejecutivo es un "gran problema" y un 57%, que los gobiernos no están haciendo un buen trabajo atajando esta lacra. Sólo uno de cada cinco dice tener "confianza" en su gobierno.

"Lo que nos dicen es que la situación no mejora, más bien que sube la preocupación. Pero no sólo por la corrupción, también por las dificultades de los gobiernos para dar una respuesta al problema, una respuesta coherente con sus discursos contra la corrupción", explica Moreira.

El estudio revela asimismo que el 20% ha tenido que pagar un soborno para acceder a un servicio público básico, del agua y la electricidad a la sanidad y la educación. Los países más afectados son Venezuela (donde un 50% asegura haber pagado), México (34%) y Perú (30%). Costa Rica, con sólo un 7 %, aparece en el otro extremo de la clasificación.

 

Las malas prácticas están además estrechamente ligadas con las elecciones, según se desprende de esta encuesta. Un 65% piensa que sus representantes están influidos por "intereses privados" y un 25% asegura que se le ha ofrecido dinero a cambio del voto.

La compra de votos, por su parte, aparece como endémica en México, donde el 50% asegura que se le ha ofrecido dinero para respaldar a un partido o candidato, seguido por República Dominicana (46%), Colombia y Brasil (40%).

"Algo muy llamativo es la compra de votos en México. Es un caso excepcional, el país más destacado en este apartado. Otro dato preocupante es que uno de cada cuatro de los que se le ha ofrecido dinero dice haber sido amenazado para votar realmente por lo que se le pagó", señala la directora ejecutiva de TI.

El barómetro también señala que tres de cada cuatro encuestados cree que denunciar la corrupción les conllevará "represalias" (especialmente en El Salvador, Honduras, Jamaica y Venezuela). No obstante, el 77% confía en que cualquiera puede "marcar una diferencia" en la lucha contra estas malas prácticas.

Sobre estos resultados, TI insta a los gobiernos a castigar la compra de votos, a reforzar la transparencia financiera de partidos y candidatos y a mejorar la eficiencia de los servicios públicos. También pide que se garantice la independencia de la Justicia, que se proteja a los denunciantes y que se reconozca la extorsión sexual como una forma de corrupción.

El informe llama también a implementar el Compromiso de Lima, que contiene 57 acciones para reforzar la acción de los gobiernos contra la corrupción, y difundir públicamente los avances en este ámbito.

Los planes del TIAR

El Espectador

El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) contempla bloqueo naval, económico, aéreo y hasta el uso de la fuerza armada. ¿Sería un error aplicarlo en Venezuela?

Los cancilleres de varios Estados americanos se reunieron este lunes en Nueva York para discutir la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) sobre la crisis venezolana. En el encuentro pactaron identificar y sancionar a dirigentes del gobierno venezolano de Nicolás Maduro vinculados con actividades ilícitas, corrupción o violaciones de los derechos humanos

Este tratado, firmado el 2 de septiembre de 1947, pretendía desde su creación servir como una herramienta de defensa mutua para los países americanos. Sin embargo, la historia indica que el pacto ha sido un instrumento más infructuoso que exitoso en materia de cooperación regional, y los países miembros del Tratado han desconocido su funcionamiento en por lo menos tres momentos cruciales.

El TIAR concibe en el artículo 3° el principio de defensa colectiva, lo que significa que un ataque a cualquier país miembro del acuerdo es considerado como un ataque a todos los integrantes. Por ello, las naciones quedan comprometidas a defenderse de la agresión. Esto aplicaría para ataques tanto extracontinentales como intercontinentales. Sin embargo, cuando el Tratado iba a cumplir 15 años vigente sufrió su primer revés.

Cuba, un Estado miembro del TIAR para entonces, acusó a EE. UU., otro miembro del acuerdo, de dos agresiones. La primera fue el intento de invasión de Bahía de Cochinos en 1961; la segunda fue el bloqueo norteamericano a la isla en 1962. El gobierno cubano, considerando estos actos como agresivos, invocó el TIAR para mediar en el problema, pero ninguno de los países miembros apoyó su denuncia. Después de eso, sus socios excluyeron a Cuba del TIAR. Inmediatamente vino el segundo golpe para el acuerdo: los integrantes del TIAR dieron vía libre a las invasiones de Estados Unidos a República Dominicana (1965), y años más tarde a Panamá (1989). En estos casos, a pesar de tratarse de un acto hostil, tampoco se citó el acuerdo.

Pero el evento que sepultó el TIAR por más de cuatro décadas fue durante el complejo conflicto de Argentina en las islas Malvinas. Este país, reclamando una “recuperación” de su territorio, recobró el control de las Malvinas en abril de 1982. Previendo un ataque británico en respuesta a sus acciones, el canciller Nicanor Costa Méndez, de Argentina, invocó el TIAR para reclamar ayuda, pero el apoyo regional nunca llegó. Aunque los miembros de la asamblea aprobaron por 17 votos a favor y cuatro abstenciones el reconocimiento de Argentina como soberana, la ausencia del secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig, impidió que se emitieran acciones contra los ingleses. Estados Unidos, que también era miembro de la OTAN, fue fiel a sus aliados de Reino Unido y los apoyó durante el conflicto. Lo que siguió a partir de allí fue una serie de acusaciones contra el gobierno estadounidense argumentando que había incumplido su deber con el tratado. El gobierno estadounidense destacó que en este caso fue Argentina quien atacó, y el Tratado habla sobre defensa ante los ataques. Pero esto no impidió que el mismo perdiera crédito para el futuro.

“En vez de haber aplicado los principios del TIAR se hizo todo lo contrario, porque Estados Unidos terminó apoyando a Inglaterra. En sentido estricto el TIAR comenzó a fallar en su aplicación”, dice Carlos Martínez, del Observatorio de Economía Internacional de la Universidad Nacional. “Esos tres casos muestran una agresión de un Estado miembro a otro país que está en el TIAR y no hubo ninguna denuncia por parte de los otros países que ratificaron ese tratado. Es una cuestión absolutamente incoherente, es un esquema unilateral de intervención de Estados Unidos”, agrega.

Ahora el TIAR apareció de nuevo. El pasado 11 de septiembre, miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidieron la activación del acuerdo para actuar en la crisis venezolana, argumentando que esta pone en riesgo la estabilidad continental y que el gobierno de Nicolás Maduro está cobijando en su territorio a grupos terroristas armados como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

La invocación del TIAR en un momento tan crítico, según Nastassja Rojas, decana de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás, busca enviar el mensaje de que la posibilidad de una intervención militar, aunque remota, es real. Rojas aclara que la invocación del Tratado no necesariamente se traduce en el empleo de la fuerza, sino que también plantea otro tipo de acciones previas, como “el retiro de embajadores, la ruptura de relaciones diplomáticas y la interrupción de comunicaciones aéreas y marítimas, entre otras”.

El profesor de la Universidad del Rosario Mauricio Jaramillo explica que para activar el TIAR se necesita una mayoría calificada, es decir, 12 votos. “Creo que eso es muy difícil en este momento para Colombia”, añade. Sin embargo, el experto proyecta un par de escenarios. “Si eso pasara, el TIAR lo que haría es acelerar las sanciones económicas y políticas contra Venezuela. Porque este tratado se creó para responder inmediatamente a coyunturas específicas, es decir, para aplicar medidas sin tanta consulta. Pero en el plano real no creo que más países apoyen aplicar más sanciones comerciales y económicas a Venezuela, porque se están dando cuenta del deterioro que eso está causando a los venezolanos, que no tienen acceso a medicamentos; hoy hay más precariedad”. Como explica Martínez, “ponerle más sanciones a Venezuela va en contravía de lo que se quiere: resolver el problema de escasez en alimentos y medicamentos, y además crea una situación más grave... Hay estudios que lo dicen, que miles de personas han muerto por el bloqueo que se ha ido generando progresivamente”.

Jaramillo señala que el artículo 3° del Tratado de Río contempla el uso de la fuerza, pero aclara: “Antes de cualquier acción militar, Colombia debe demostrar que hay una agresión desde Venezuela; y hasta ahora lo único que ese país ha hecho son provocaciones. Lo segundo, que para mí es lo más complicado, es que el artículo 2° es claro al decir que se deben agotar todos los mecanismos de diálogo, y ahí Colombia tiene que demostrar que ha intentado hablar con Maduro. No en vano el secretario general de la ONU dijo que Maduro y Duque tenían que dialogar. Es decir, a Colombia le toca explicar por qué no está agotando la etapa de negociación con Venezuela”. Además, “en el tema militar se ha partido de la idea de que el territorio venezolano es fácil de intervenir, y lo que no se han dado cuenta es de que Venezuela tiene un gran desarrollo en el ámbito aéreo y marítimo, puede que tenga unas dificultades en infantería, pero está muy bien preparada”, concluye Martínez.

Rojas considera además que el protagonismo que ha tomado Estados Unidos al invocar el Tratado tiene que ver con una forma de demostrar su fuerza e influencia a nivel regional y, por otro lado, presionar a los países a actuar de manera conjunta para presionar a Venezuela. “En los últimos meses tanto Colombia como EE. UU. se habían quedado un poco solos en la presión diplomática contra Maduro. Por eso, con este Tratado, Washington busca de nuevo comprometer a la región en su objetivo de salir del actual gobierno venezolano”, concluye Rojas.

De otra parte, Rafael Piñeros, profesor de la U. Externado de Colombia, explica que “en teoría, como Venezuela salió de la OEA y también de la jurisdicción del TIAR, no debería suceder nada. Es como si se invocara el Tratado del Atlántico Norte para amedrentar a Bielorrusia, que no forma parte de él”.


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