FERNANDO VIVAS *
No hay uno sino varios radicalismos en el gobierno de Pedro Castillo. Mirtha Vásquez ha enfrentado varios. Desde que tomó la PCM en el ala este de Palacio, el 6 de octubre, ha apagado más de un incendio ocasionado por los humores radicales del presidente en el ala oeste. Hasta tuvo que amenazar con renunciar para que se fuera Luis Barranzuela del Interior, y soportar que parte de la bancada de Perú Libre votara contra ella.
Pero llegó el día en que se invirtieron los papeles. Mirtha ocasionó un incendio y otros ministros han tenido que ayudar a apagarlo. El presidente también ha ayudado, absteniéndose de meter carbón y repitiendo cada que ha podido que el gobierno fomenta la inversión (aunque arremetió, desde Huancavelica, contra los medios, y ocasionó otro incendio en su área de comunicaciones, perdiendo a su jefa de prensa Suzie Sato, pero esa es otra historia).
¿Qué llevó a una primera ministra apegada a la ley decir el viernes 19, ante un auditorio crítico a la minería, “respecto a las 4 mineras [Apumayo, Breapampa, Inmaculada y Pallancata] que ustedes han ido señalando, no va a haber ampliación, ninguna ampliación”? Lo sorprendente no es solo que Mirtha Vásquez estaba decretando un cierre unilateral de empresas, negando la posibilidad de que pidan ampliación y sin que a la PCM le competa el tema. Esas competencias están repartidas entre dependencias ligadas a los sectores de Energía y Minas y Ambiente.
Lo más sorprendente, casi increíble, y que paró los pelos en el ala oeste de Palacio y a dos cuadras de allí, en el MEF de Pedro Francke; es que el gobierno está apostando a financiar buena parte de su déficit, su deuda creciente, sus vacunas, su Yanapay, su segunda reforma agraria, sus fondos de estabilización; con una reforma tributaria que tiene como piedra de toque la aplicación de una nueva escala de impuestos a la bonanza minera.
Francke, para hacerla más persuasiva, se está asesorando con el Banco Mundial y el FMI y tiene como consultor en ese afán a José de Echave, el hombre de Cooperacción, la ONG más influyente en el debate anti extractivo en esta región mineral del planeta. Si bien ya tenemos un sistema de aplicación progresiva de impuestos de acuerdo a ingresos extraordinarios desde el gobierno de Humala; el MEF estima que hay que actualizarlo para hacerlo más efectivo desde el punto de vista recaudador. Los detalles aún no se han socializado con los mineros que van a solventar el sistema. Conversé con De Echave y me dijo: “No se quiere repetir lo que sucedió en el 2012 donde eso se hizo al final. Es legítimo buscar capturar parte de las sobre ganancias sin que ello implique que la minería deje de ganar. Estos cinco años las ganancias van a ser extraordinarias y la bonanza beneficiará al país, no por piloto automático sino por política tributaria”.
O sea, el gobierno está embarcado en lo que los teóricos del ambientalismo llaman ‘la captura de la renta extractiva’ y para eso necesitan mantener una relación amistosa con la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE). Los dos Pedros, Castillo y Francke, hicieron en CADE un discurso pro inversión privada con ese fin, justo el jueves 18, un día antes de que Mirtha, ¡zas!, hablara de cierres de cuatro minas que, con los miedos revividos de la polarizada campaña, sonaron a golpe a todo el empresariado. El eco llegó hasta la bolsa de Londres, sede de Hochschild Mining (dueño de Inmaculada y Pallancata, dos de las cuatro minas en cuestión), y sus acciones cayeron el lunes hasta 27%. Los días siguientes, ha habido un rebote positivo, acompañando los correctivos del gobierno.
Desde el viernes 19, todos los pasos del gobierno –a los que la primera ministra se ha allanado, a pesar de declaraciones ambiguas- se han conducido hacia la reconciliación. En declaración publicada el miércoles, queda muy claro que no habrá cierres unilaterales de operaciones mineras y que estas tienen la puerta abierta para pedir ampliaciones de su plan de cierre. La SNMPE saludó el texto como una ‘rectificación’. Hablé con su gerente, Pablo de la Flor, y me dijo: “Vemos positivamente esta rectificación de la PCM, es un paso en la dirección correcta”.
La primera ministra, en un tweet desganado, prefiere interpretar la declaración de otra forma: “Ratificamos lo que hemos venido sosteniendo: el gobierno respeta el estado de derecho”. Y en declaraciones a La República, con una mezcla de pica e imprecisión, volvió a subrayar el hecho de que las minas están en proceso de cierre (a pesar de la gran flexibilidad que este concepto tiene en minería y que fue reconocido en la declaración del miércoles), provocando que el viernes, los gremios empresariales difundieran otro comunicado airado y también impreciso. La atmósfera sigue contaminada.
Desencuentro de Estado
He indagado con fuentes del Ejecutivo y con gente que conoce a la premier, buscando explicaciones de su lance en Cora Cora. La primera razón está en su hoja de vida y la conocemos desde antes de que fuera congresista del Frente Amplio: el radicalismo de una activista verde. La primera ministra abraza ese culto, muy arraigado en la izquierda cristiana cajamarquina, que sacraliza la armonía rural oponiéndola a la actividad extractiva. Sucedió a Marco Arana en el liderazgo de la ONG Grufides y uno de sus hitos fue defender a Máxima Acuña, la mujer que no quiso vender su terreno a Yanacocha, frenando así, las operaciones del proyecto de Conga y convirtiéndose en un símbolo internacional del ambientalismo.
De ahí que Vásquez apueste por cualquier concepto y argumento que sirva para limitar la extracción. Por ejemplo, sembrar la idea de que no debe haber minería en cabeceras de cuenca es crucial. Pero luego vuelvo a las cuencas. Vayamos a un serio problema de información. El Minem le dio a la PCM detalles de los planes de cierre de 4 minas, pero no le dijo que, las dos del grupo Hochschild, Inmaculada y Pallancata, habían presentado a tiempo sus pedidos de ampliación. Las otras dos, Apumayo y Breapampa, no son social de la SNMPE y no han sustentado si lo han hecho (Guillermo Shinno, gerente de Apumayo y ex vice del Minem, ha dicho que tiene el proyecto de hacerlo); pero según la ley y la declaración del miércoles, tienen pleno derecho y oportunidad de hacerlo. Por cierto, Apumayo, sufrió el pasado 28 de octubre un ataque de inusitada violencia. Los manifestantes incendiaron volquetes y parte de las instalaciones.
Alguien que conoce a la premier y ha estado en varias mesas de diálogo, me dijo que tras largas discusiones donde se oye a una sola parte –en esta ocasión no hubo representantes de las mineras- y se llega a un acuerdo, a la autoridad le ponen el estrado, la hacen a hablar, y se va de bruces. Por cierto, el escándalo no está en el acta que habla de ‘diálogo’ y ‘negociación’, dejando abiertas varias alternativas; sino en su discurso post firma de acta, donde dijo que 4 minas no van, no se amplían, caput.
Los días siguientes, la premier no solo tuvo que oír las reacciones airadas de los mineros y de la Confiep, sino las evidencias de que estaba mal informada en cuanto a los procesos de cierre de cada mina. Habló con Francke y con De Echave que, aunque no tenemos detalle de lo que hablaron, podemos adivinar que intentaron convencerla de la prioridad de capturar la renta minera. Y empezó a entenderse mejor con el viceministro de Energía y Minas (Minem), Jorge Chávez Cresta, militar en retiro que tuvo una buena experiencia de gestión en la cabeza del Indeci, pero que recién se está empapando de su nuevo sector. Según mis fuentes, Chávez de alguna forma está supliendo la baja intensidad del ministro Eduardo González Toro, aquejado por problemas de salud y reprendido, dos semanas atrás, por Mirtha Vásquez, en un oficio de se hizo público, donde le pedía explicaciones por no dinamizar la comisión multisectorial de masificación del gas.
No ha habido, pues, una política de estado única ante el sector minero, sino serios desencuentros. Mientras la PCM se ha concentrado en la atención y prevención de conflictos, con un sesgo ambientalista al que se sumaría Pablo Sánchez de Francesch, flamante vice ministro de Gobernanza que ha sido director de Grufides; el MEF, con la venia de Pedro Castillo y el entusiasmo de otros ministros que reclaman presupuesto para sus carteras, está en busca de renta minera.
Pero los reclamos de la población que se siente afectada y relegada por la minería, tienen que atenderse con vigilancia efectiva del Estado. ¿Se puede conciliar la captura de la renta con la fiscalización efectiva para evitar conflictos? Claro que sí, pero ambas prioridades chocarán eventualmente. Por ejemplo, la declaración del miércoles, compromete el primer punto del acta que la primera ministra firmó en Cora Cora: “Queda constituida la comisión ejecutiva de negociación de los plazos y términos de retiro de las cuatro unidades mineras de las cabeceras de cuenca, con el liderazgo de la PCM”. Ahora, si se lee bien la declaración, los plazos son elásticos.
Llamé a Che Bernaola Torres, profesor en Cora Cora, exafiliado a Acción Popular según me contó, y uno de los líderes del frente de defensa que estuvo en la mesa del 19 (luego de mi conversación, Perú21 y Correo, difundieron documentos que mostraban su participación en la organización del Movadef en su provincia). Le pedí su reacción sobre la declaración, pero me dio a entender que no habían sido notificados de alguna nueva posición de la PCM y se atenían al acta y a su cronograma, que empezaría con una reunión de dirigentes y mineros, promovida por la PCM. “Nosotros estamos calmados. Estamos dentro del tiempo que dice el acta. El pueblo es inteligente, sabrá tomar sus decisiones”, me dijo Bernaola.
Más allá del acta y de sus plazos, le pregunté a Bernaola porqué, a diferencia de la población aledaña al corredor minero en Apurímac y Cusco que no pide cerrar minas sino mejorar sus condiciones de vida; ellos sí lo hacen: “Aquí la gran mayoría es población que se dedica a la agricultura y a la ganadería”, me respondió e hizo un largo inventario de ríos, sus cuencas y afectaciones a grosso modo. Le pedí información de alguno de estos desastres o pruebas de contaminación, y me mencionó una avalancha de agua, lodo y piedras en el distrito de Chaviña, que muchas de sus víctimas asocian al impacto de la mina Apumayo. Me pasó el link de un video que muestra imágenes del desastre y entrevistan a diversas personas que describen el impacto negativo de la minería, aunque sin mencionar estudios y pruebas específicas. En el video y en discurso de Bernaola, como en el de muchos dirigentes en zonas donde priman los ‘conflictos de rechazo’ sobre los ‘conflictos de convicencia’, se repite, constantemente, la idea de que la minería es irreconciliables con los lugares donde nacen las aguas.
Cabecera de playa
Desde muchos años atrás la oposición entre mina y agua, es subrayada en el discurso verde. Es indiscutible, pues la contaminación del agua con desechos mineros puede ser fatal en muchos ecosistemas. Pero, mientras unos buscan establecer estándares de protección al medio ambiente para hacer la minería viable; otros buscan elevarlos hasta hacerla prohibida. Entre los últimos están quienes plantean una incompatibilidad absoluta entre minería y cabeceras de cuenca (zonas donde nacen los ríos y sus afluentes) y creen, por lo tanto, que se debiera legislar estableciendo una genérica prohibición en ese sentido.
Verónika Mendoza, por ejemplo, cree en este evangelio ambiental y, cuando fue congresista, bregó por incluir en la agenda parlamentaria un proyecto de zonificación u ordenamiento territorial, oportuno en cuanto ayudaría a planificar y organizar mejor la economía; pero que buscaba poner cortapisas a las zonas donde se podía realizar la actividad minera con el argumento de las cuencas. En el 2019 se promulgó la Ley 27795 de Demarcación y Organización Territorial y ni de ella ni de su reglamento, se deben inferir prohibiciones absolutas a actividades económicas. Para evitar esas interpretaciones, fruto de la lucha silenciosa entre ambientalistas y liberales económicos, ya se había promulgado en el 2104 la Ley 30230, sobre medidas y permisos para dinamizar la inversión, que en su Art. 22 dice: “Ni la zonificación económica ecológica, ni el ordenamiento territorial asignan usos ni exclusiones de uso”. Ese artículo, ha sido blanco de proyectos desde bancadas con congresistas verdes que buscaban su derogación.
Al no prosperar la visión restrictiva del ordenamiento territorial, la normativa sobre protección de cabeceras de cuenca se limita al artículo 75 de la Ley de los Recursos Hídricos (Ley 29338) que establece: “El Estado reconoce como zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca (…). La Autoridad Nacional del Agua [ANA], con opinión del Ministerio de Ambiente, puede declarar zonas intangibles en las que no se otorga ningún derecho para uso, disposición o vertimiento de agua”. Al poco tiempo de promulgada esta ley, en el 2017, durante el gobierno de PPK y con mayoría congresal absoluta de Fuerza Popular, se modificó ese artículo por Ley 30640, agregándose que se “debe elaborar un Marco Metodológico de Criterios Técnicos para la Identificación, Delimitación y Zonificación de las Vertientes Hidrográficas del Pacífico, Atlántico y lago Titicaca”.
Ese marco recién se aprobó en julio pasado, durante el gobierno de Sagasti y sirve, según me explica el experto en derecho minero, Francisco Tong, del estudio Rodrigo, Elías y Medrano, para identificar las cabeceras de cuenca pero no su grado de vulnerabilidad. “Se encuentran en elaboración las Disposiciones Técnicas para el Análisis de la Vulnerabilidad Ambiental de componente hídrico de las cabeceras de cuenca, disposiciones que podrían eventualmente llevar a que na cabecera sea declarada intangible” me dice Tong, y añade que la intangibilidad no solo sería para la minería sino para cualquier otra actividad, incluyendo el uso comunitario. Ya veremos, si esas disposiciones, que se aprobarían por Decreto Supremo y con opinión de los los sectores concernidos, incluido el MEF, se convierten en camisa de fuerza anti minera o buscan un equilibrio. Una fuente del sector agrario me dijo que la ANA está elaborando el documento y, aunque este mes se están cumpliendo los 90 días que de plazo fijados por el decreto de julio, espera tenerlo listo en enero.
Pero, ¿todos los ambientalistas siguen pensando en la dualidad irreconciliable? No. Los estándares de protección ambiental se han elevado en todo le ,indo. tecnología minera que atenúa la contaminación y la izquierda verde han evolucionado, y el argumento se ha matizado. Le pregunté a José de Echave si cree en la conveniencia de una prohibición taxativa y de saque me dijo que no, que hay que definir cada caso, y si hay ecosistemas muy frágiles, ellos deben merecer cuidados adicionales. Solo en casos extremos, podría justificarse una prohibición a la actividad minera. Hice la misma pregunta en el entorno de la premier. Me dijeron que no cree en la pertinencia de una prohibición absoluta.
Sin embargo, los dirigentes que firmaron el acta de Cora Cora sí creen que mina y agua son irreconciliables. Y han dejado –con la venia de la primera ministra y de las autoridades firmantes- su cabecera no de cuenca, sino de playa, en el acta. El punto 5 acuerda que la ANA, en su plan de identificación de cabeceras, priorizará las del sur de Ayacucho. Por supuesto, esto quedará en manos de técnicos que no necesariamente complacerán a las partes en conflicto.
Che Bernaola sí cree en la protección absoluta de las cabeceras de cuenca ante la minería. Pero cuando hablamos de propuestas para que canon, regalías e inversión social de las empresas, impacten en el desarrollo de la región; matiza su posición anti minera. Entonces, le oigo argumentos que podrían, al menos, desescalar un conflicto de rechazo hacia uno de convivencia. Bueno, en esas también estamos en la política nacional.
* Columnista, cronista y redactor de El Comercio
