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ANÁLISIS
Picolotti condenada, 14 años después. La crónica de Savoia, el periodista que la investigó
CLARÍN/MINING PRESS/ENERNEWS
28/09/2021

CLAUDIO SAVOIA *

Muchas veces me imaginé escribiendo esta nota. En cada una de ellas, sacaba y agregaba datos de la investigación que este lunes fue ratificada en cada detalle por la justicia federal.

El domingo 8 de julio de 2007 me desperté más temprano que lo habitual, aunque había dormido poco y mal: la noche anterior, cerca de la medianoche, habíamos cerrado en el diario una edición para cuya nota principal había trabajado más de tres meses. "Extraños manejos en la secretaría de Medio Ambiente", era el título principal de la tapa, en negras letras enormes y arriba de una foto de Gustavo Cerati tocando la guitarra junto a Shakira.

Me levanté ansioso por tomar la edición de papel y ver mi trabajo, pero una sorpresa infinitamente mayor me esperaba sobre la mesada del baño: un cartelito y un test de embarazo con las dos rayitas rojas que confirmaban la noticia. El pasmo se convirtió en alegría, y las andanzas de Romina Picolotti, sus familiares y amigos con el dinero del Estado pasaron a segundo plano.

Sólo era el inicio de una semana trepidante: el lunes 9, mientras Buenos Aires se humedecía con una nevada histórica, Clarín avanzaba con la segunda entrega de la investigación y el gobierno organizaba la defensa de la joven funcionaria en la casa de una de de sus colaboradoras. Hasta ahí, lo previsible.

Las cosas cambiaron 24 horas después, cuando el jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y padrino político de Picolotti, Alberto Fernández, convocó a una conferencia de prensa en la Casa Rosada para referirse al caso. Hacia ahí marché. En el primer piso, junto a un escritorio en el que Fernández y su pupila se sentaron con cara de enojados, una pantalla mostraba fotos mías, de mi familia, de mi nota y datos falsos respecto a cada uno de ellos.

"Pseudoperiodista", "supuesto periodista de investigación", "operador" y el más rotundo "autor de imbecilidades" fueron algunas de las consideraciones que el segundo hombre más poderoso del gobierno vertía ante la transmisión televisiva en directo, sin que ninguno de los colegas presentes pudiéramos formular preguntas ni yo tampoco exhibir el audio de la entrevista en que Picolotti admitía la veracidad de mi información.

El furibundo ataque personal, antecedente de los que otros periodistas sufrirían uno y dos años más tarde, pretendía aquella vez aislar al cronista del medio en el que trabajaba, atribuyéndole un engaño masivo con información falsa, incluso a sus propios editores.

Ni siquiera el escándalo que causó aquella jugada -de la que no fue ajeno un colaborador de Fernández llamado Juan Pablo Biondi- la detuvo: el sábado siguiente, mientras el presidente Kirchner, sus ministros y el candidato a jefe de gobierno porteño por el oficialismo -Jorge Telerman- inauguraban el luego fallido tren turístico de Puerto Madero, dos periodistas de Clarín recibieron una llamada desde allí para preguntar si podían anunciar en ese acto "que lo echaron a Savoia".

La referencia personal, que jamás me permito, tiene otro objetivo que el de una tardía y estéril victimización. En cambio, busca refrescar la memoria respecto de las artes y la elasticidad ética de aquellos funcionarios que hoy están en lo más alto del poder, frente a la difusión de información que -sabían perfectamente- era correcta de punta a punta.

La justicia empezó a caminar de inmediato, con las dificultades, trabas y agachadas que aún la caracterizan. El fiscal Guillermo Marijuan impulsó una causa unificando las cuatro denuncias que recibió, y su equipo empujó y reclamó medidas a la jueza María Servini, que algunas semanas después allanó el edificio de la secretaría y se llevó 63 cajas con documentación.

En los cajones de Clarín permanecían -ahí siguen, creo- pilas de facturas y papeles que certificaban el transparente fraude de Picolotti y sus amigos con el presupuesto que el Estado les había confiado para limpiar el Riachuelo, reconvertir las industrias contaminantes, evitar y combatir los incendios forestales y otros problemas ambientales, ninguno de los cuales disminuyó bajo su gestión.

Nunca fui convocado a mostrar esos papeles, ni a certificar mi trabajo como testigo ante la justicia, hasta la primera jornada del juicio oral que culminó ahora. En el despacho de Marijuan, el entonces abogado de Picolotti, Fabián Musso, pasaba a saludar y dejar su tarjeta: trabajaba en el estudio de Esteban Righi... jefe de los fiscales. "Imaginate, tengo que acusar a una clienta de mi jefe", se sorprendían en la fiscalía. Alberto Fernández había intervenido personalmente ante Righi para defender a su protegida.

Años después, cuando su investigación ya había sido elevada a juicio con un dictamen demoledor, Marijuan volvió a recibir visitas. Esta vez de parte de la embajada de Estados Unidos: desde el departamento de Estado querían chequear la información de que Romina Picolotti, ciudadana estadounidense y residente en la exclusiva zona de Palm Beach, en la Florida, estaba siendo "perseguida" por la justicia argentina, sin pruebas en su contra. El enviado se llevó una carpeta con información inapelable. Nunca más se escucharon reclamos.

Pero el expediente flotaba en la ciénaga de la burocracia judicial. Y soportaba el fortísimo influjo político, desde luego. Las mismas y evidentes pruebas con que este lunes el TOF 6 condenó a la ex funcionaria estuvieron allí todos estos años, más de una larga década. No revelaban millonarios negocios como los de Hotesur y Los Sauces, ni un cosmos perfecto de corrupción como el que registraron los Cuadernos de las Coimas. Mostraba "sólo" una triangulación de dinero hacia una fundación paraestatal y su uso en la compra de pasajes aéreos, contrataciones de amigos y familiares, alquiler de jets privados y compras personales para Picolotti, su familia, sus amigos y sus novias. Algo chiquito. Indiscutible.

Y quizá sea justamente eso lo más difícil de digerir: tan pequeño al lado de aquellos enormes negociados, el caso Picolotti revela con nitidez el pésimo trabajo de la justicia argentina y los mil y un recursos y chicanas para demorarla y engañarla. Para que pase el tiempo -ese poderoso aliado de los corruptos- pese al esfuerzo aquí destacable de los fiscales Marijuan y Diego Luciani, que organizó y sostuvo la acusación en la instancia oral, que luego de tres postergaciones reclamó e insistió para que el juicio comenzara de una vez, y pidió en su alegato que Picolotti devolviera el dinero que se robó.

Finalmente llegó el día de la condena. Vaya un homenaje a las decenas de empleados y funcionarios jerárquicos de la secretaría, proveedores y contratistas que enfrentaron su miedo para denunciar los atropellos que ocurrían en Ambiente, compartir documentos, ofrecer su testimonio y brindar pruebas a la prensa y a la justicia. Entre ellos, un recuerdo especial para la contadora Patricia Báez Rocha, ejemplo de transparencia y compromiso con el Estado, recientemente fallecida. Conocedora de cada detalle de los números de la secretaría, fue primero amenazada y luego seducida, cuando Alberto Fernández le ofreció personalmente un gran trabajo en su Gabinete a cambio de su silencio. El ahora presidente aún debe recordar la respuesta que recibió.

Con la sentencia de este lunes, la justicia cierra un primer capítulo en esta historia de delito y desidia. Catorce años más tarde. Ahora vendrán las apelaciones a la Cámara de Casación y eventualmente a la Corte, para seguir alejando el cada vez más liviano peso de la ley. Cuando llegue esa condena firme, quizás aquellas dos rayitas rojas que hoy se llaman Camilo Luciano Savoia y está en primer año de la secundaria lo encuentren en la universidad. Toda una vida. Sin exagerar.

* Periodista. Editor de Política y Judiciales de Clarín


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*La información y las opiniones aquí publicados no reflejan necesariamente la línea editorial de Mining Press y EnerNews

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