JORGE ANDRÉS VERA *

El debate actual en torno al cuidado del ambiente y las posibilidades de desarrollo económico nacional trae aparejado una serie de cuestionamientos -por parte de un sector del ambientalismo- a diferentes iniciativas económico-productivas de carácter nacional y provinciales. En cada caso, por más evidencia científica publicada en cada área específica del conocimiento, pareciera que el avance de proyectos vinculados a la minería, hidrocarburos, producción cárnica a escala, biotecnología aplicada y desarrollo de energía nucleoeléctrica nos sumergiría inevitablemente en una catástrofe ambiental sin precedentes.

En medio de esta tensión, se impone la necesidad de divisas de la economía nacional para garantizar un proceso de crecimiento sostenido en el tiempo y revertir la alarmante tendencia creciente de la pobreza.

Si bien existen ciertos matices en las posiciones críticas, resulta preocupante cierta desinformación que circula de manera veloz por medios de comunicación de toda clase, siendo las redes sociales una fuente de falacias reproducidas por todo tipo de personalidades en consonancia con ciertos discursos de ONG internacionales, desde personajes vinculados al mundo del espectáculo hasta académicos del CONICET.

En este último caso, cabe destacar que las críticas documentadas (en artículos y solicitadas) hacia los sistemas de producción de alta tecnología aplicada se enarbolan mayoritariamente por los cientistas sociales, quienes abordan la temática con algunas inexactitudes que podrían saldarse rápidamente con solo hacer uso de la lectura específica o la consulta particular con algún colega.

Uno de los nudos apretados de la cuestión se relaciona con el ferviente rechazo de la minería metalífera, que deriva luego en el rechazo a la actividad minera en su conjunto. Los hechos de violencia -acontecidos recientemente- a manos de movimientos ambientalistas en las provincias de Chubut y Catamarca son una muestra clara del punto de conflicto y configuran un alto grado de confusión en la ciudadanía.

Dentro de las argumentaciones centrales se destacan: la forma de explotación minera a “cielo abierto” y el uso desmedido del agua, el “evidente” fracaso del desarrollo económico minero en los últimos años y los ínfimos beneficios económicos que resultan para nuestro país. 

En medio de esta polémica, resulta necesario dejar en claro que uno de los aspectos centrales para el cuidado del medio ambiente se relaciona con las necesidades de reducción mundial de emisiones de CO2, para revertir la tendencia del calentamiento global. Con solo interiorizarse mínimamente en este aspecto, cae de maduro que esta iniciativa requiera una mayor dotación de minerales metalíferos. En este escenario, la transición energética hacia una generación primaria de energía basada en renovables y la posibilidad de retomar el sendero de desarrollo nuclear se presentan como alternativas que comparten la no emisión de gases de efecto invernadero en su operación. Necesariamente, ambas categorías demandan y demandarán minerales, tales como: hierro, cobre, litio, cobalto y uranio, entre otros.

Por ejemplo, un auto eléctrico requiere -en promedio- cinco veces más cobre que uno a combustión interna y requerirá baterías cuya materia prima es carbonato de litio (LCE); por su parte, un molino eólico o un panel solar requieren para su construcción y funcionamiento, litio, cobre, aluminio, acero y elementos de tierras raras (REE). En caso de superar algunos temores, el desarrollo de la energía nuclear demandará uranio como combustible y una multiplicidad de minerales para la construcción de las centrales.

Mi oficio como investigador en ciencias económicas me permite desentrañar algunos de los mencionados puntos de conflicto y el ejercicio de la consulta profesional completar otros tantos. Es por ello que, en la búsqueda de conocer más para temer menos, tal como sugirió hace algunas décadas María Salomea Sklodowska-Curie, procuraré arrojar luz sobre algunas cuestiones sobre la minería, entendida como una actividad económica que -al igual que toda actividad productiva antrópica- conlleva un impacto ambiental que debe ser minimizado.

En el caso del temor sobre las formas de explotación, la minería a cielo abierto es el primer monstruo para desarticular. Lo que determina siempre el tipo de proyecto minero es la forma y ubicación de los cuerpos mineralizados y no la discrecionalidad de los ingenieros. De manera simplificada, los yacimientos pueden categorizarse en: I) vetiformes (vetas), II) cuerpos subterráneos diseminados y III) cuerpos (mantos) superficiales o aflorantes con mineralización diseminada en areniscas. En la primera categoría se encuentra la mayor proporción de mineral por tonelada de material extraído, y dado que fueron los más explotados en la historia, existen pocos.

Por lo tanto, son los yacimientos restantes los que se explotan de manera mayoritaria en el mundo y donde los minerales están diseminados en granos pequeños. Estas características demandan la técnica de cielo abierto para su explotación y -en términos económicos- debe desarrollarse en gran escala para ser rentable, dada la baja proporción de mineral sobre el total del material extraído.

Siguiendo con el análisis, otra de las críticas a la minería se relaciona con los riesgos que pudiera ocasionar el proceso productivo en la población. Es evidente que esta actividad requiere de un control exhaustivo y minucioso, tanto con respecto al cuidado del ambiente como de los trabajadores que desarrollan actividades en el yacimiento. Es justamente por ello que se fijan altos estándares internacionales de calidad y control, para que los principales riesgos de la minería se administren de forma adecuada, planteando parámetros e instancias de auditorías externas para las compañías mineras.  

En este sentido, el uso del agua en la minería (repetido ad infinitum) es uno de los temas centrales amplificados por ambientalistas. Ante ello, vale aclarar que el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2019 evidencia que el uso del agua a nivel mundial se distribuye de la siguiente manera: 70% para riego de cultivos, 20% para uso industrial y 10% para consumo humano directo. Dentro de la categoría “uso industrial” se incluye la actividad minera, la cual representa valores en un rango de 1% a 5%, dependiendo el desarrollo de la actividad en cada región. 

En la Argentina, dado su bajo desarrollo minero, la actividad representa tan solo el 1% del total consumido; en Chile -país con desarrollo minero alto- estos valores ascienden al 4%. Para dar un ejemplo actual de uso del recurso hídrico, el proyecto de explotación minera Navidad en la provincia de Chubut prevé una utilización de 3,4 hectómetros de agua en circuito cerrado, mientras que la agricultura demanda aproximadamente 600 hectómetros anuales. Es decir, afirmar que la actividad minera demanda grandes cantidades de agua es puramente una falacia instalada en gran parte de la sociedad.

En cuanto a las dimensiones económicas del sector minero que opera en el país, el análisis señala que -en los últimos cinco años- el Valor Agregado Bruto de la actividad representa un 3,6% promedio del total nacional, y en el caso particular de la minería metalífera, el valor desciende a un 0,7%. En cuanto a las exportaciones, la minería representó -en los últimos años- un 2% del total, permitiendo el ingreso de 3.239 millones de dólares al país, siendo los minerales metalíferos la principal categoría (90% del total). Un país minero como Chile exportó, en el mismo año, 36.157 millones de dólares de minerales metalíferos (28 veces más que Argentina en términos per cápita). 

Volviendo al análisis nacional, la inversión extranjera directa (IED) en el sector promedia -en la última década- una exigua cifra de 4.000 millones de dólares y esta característica explica el lugar secundario que ocupan las regiones mineras argentinas en el Índice de Atracción de la Inversión Minera que elabora anualmente el Instituto Fraser.

Expuesto este panorama, es insostenible afirmar que la actividad minera es un modelo productivo históricamente consolidado en el país; por el contrario, los recursos mineros explotados son una porción pequeña del total de recursos razonablemente asegurados y los recursos inferidos. Para dar un ejemplo, el potencial exportador de la minería nacional indica que, de realizarse proyectos actualmente avanzados, se podría cuadruplicar el ingreso de divisas en la próxima década.

En cuanto al empleo, la minería en su conjunto generó en 2019 cerca de 24.000 puestos de trabajo; estimando el empleo indirecto el sector explica cerca del 2% del empleo total nacional, siendo representativo en algunas provincias tales como San Juan, Santa Cruz y Catamarca. En el caso de las remuneraciones promedio pagadas, la minería metalífera se ubica en el segundo lugar detrás de la actividad hidrocarburífera. Para ilustrar la situación, las remuneraciones promedio pagadas en 2019 ascendieron a 2.830 dólares mensuales, valores que representan cinco veces más que las remuneraciones promedio del sector agropecuario y turístico.

Es importante destacar, también, que el empleo directo generado por la minería presenta una formalidad del 90% y una alta tasa de sindicalización (53%), ubicándose entre las primeras actividades del país. A su vez, registra bajos valores de accidentabilidad con respecto a las demás. Ante lo expuesto, no hace falta aclarar que la minería -en la actualidad- asegura buenas remuneraciones y condiciones laborales seguras. 

Para finalizar, resulta interesante destacar un punto central en la crítica apresurada que se reproduce de manera acelerada en corazones sensibles: el saqueo de las empresas mineras. Si analizamos el destino del flujo de ingresos generados por los principales proyectos mineros ejecutados en los últimos años y los proyectos en cartera avanzados, podemos verificar que, por cada 100 dólares facturados, se vuelcan a la economía nacional 70 dólares. En el desagregado de aplicación nacional, se destacan el pago de haberes y cargas sociales (9%), las compras nacionales (34%) y el pago de impuestos (25%). 

Vale agregar que dependiendo de la legislación provincial donde se desarrollen los proyectos mineros pueden añadirse otros conceptos, tales como: el Bono de Compensación Minera, que representa el 4% del valor de producción en boca mina; el Fondo Fiduciario de Infraestructura, 3% del retorno de la inversión (ROI); y el Fondo Fiduciario de sustentabilidad 3% sobre ROI, entre otros.

Nuevamente, como en cada punto analizado, las ideas catastrofistas se desmoronan al analizar los datos disponibles. En este mismo sentido, de haber rentabilidades extraordinarias en el sector minero nacional, estaríamos evidenciando un boom de inversiones desde hace décadas y eso no es así.

La Argentina requiere imperiosamente diversificar e incrementar sus exportaciones para superar definitivamente la restricción externa y garantizar crecimiento, distribución y bienestar para sus ciudadanos. Contamos con recursos y capacidades científico-tecnológicas para avanzar en diferentes proyectos productivos cuyos bienes son altamente demandados y valorados en el mercado mundial.

En esta instancia, el debate sobre nuestro futuro requiere necesariamente de espacio de construcción alejado de todo episodio de violencia y dando lugar al aporte de especialistas vinculados a las áreas del conocimiento en cuestión para posibilitar superar -en la coyuntura- aquello que la ciencia y tecnología resolvieron hace tiempo.

* Doctor en Ciencias Económicas, profesor UNRN y UNCO. Becario postdoctoral CONICET