CLEDIS CANDELARESI*

A pesar del subsidio oficial a las productoras y los planes de importación, todo indica que este invierno escaseará gas. El dato desvela al Gobierno en el mismo momento que toma decisiones osadas para el área: para planchar la tarifa el Estado asumirá como propias inversiones para expandir la red de transportistas y distribuidoras.

Es un verano difícil para la secretaría de Energía, que tiene entre manos tareas tan decisivas y complejas como definir un precio de “transición” para el gas. Ese nuevo valor –que resultará de un aumento cuya envergadura aún no fue definida—se aplicará mientras se definen cuadros tarifarios definitivos, bajo el comando del Enargas.

Para ambos cometidos el ente regulador hizo una revisión detallada de los contratos de transportistas y distribuidoras con el auxilio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Del examen resultó que las empresas tienen una situación operativa sólida pero lo que complica a algunas son sus pasivos en dólares, Metrogas como caso testigo.

A decir del interventor Federico Bernal, técnico de buenos lazos con Cristina Kirchner, el foco no está puesto en cuánto ganaron las empresas sino en cómo sostener su actividad en el futuro, garantizando la operatividad del servicio y, al mismo tiempo, tarifas “justas y razonables” según el mandato de la ley.

A juicio del ente, la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que se hizo durante el macrismo y fundó los últimos aumentos tarifarios resultaron de aplicar bases técnicas equivocadas al valorar los activos en juego y no las necesidades de caja para prestar el servicio.

Entre otras consecuencias, las subas habrían sumido a 3 millones de hogares en la pobreza energética (lo que implica que requieren entre el 10 y el 20% de sus ingresos para cubrir el costo de esas prestaciones) y a 1,4 millón en la indigencia (necesitan más del 20% de sus ingresos para pagar las facturas de gas y luz).

Los precios de transición y las nuevas RTI deberían subsanar este problema, lo que impone de hecho un freno a cualquier ajuste.

Como contrapartida, sin embargo, la RTI macrista les habría exigido a las prestadoras de los servicios un total de unas 2.600 obras, listado no sólo difícil de ejecutar por su extensión sino de controlar.

El Gobierno sabe que en esta coyuntura no es posible reclamar obras sin habilitar aumentos en el valor agregado de distribución, la porción de la tarifa que nutre la caja de las empresas reguladas. Por eso es que la línea de trabajo oficial es que el Estado ejecute las inversiones, en particular para expandir los servicios, eximiendo de esa carga a las prestadoras.

Este camino podría asumir la forma de obra pública convencional, a costear a través del Presupuesto. A menos este año hay importantes asignaciones para gasoductos, sólo uno de los capítulos de este rubro. La idea también es compatible con la inspiración keynesiana de la gestión de Alberto Fernández para reanimar la economía pandémica. De hecho la obra pública crecerá un 51,3% en términos reales en el 2021.

Para emprendimientos de menor envergadura, o si la situación fiscal no logra mayor holgura, podría apelarse a un cargo específico sobre la tarifa de ciertos usuarios beneficiarios de esas obras. Quizás para alimentar un fondo fiduciario bajo administración estatal, fórmula ya conocida.

El otro capítulo clave es la disponibilidad y el costo del gas, que para los usuarios prioritarios el Estado subsidiará a través del Plan Gas.Ar. Por este esquema Economía le garantiza a las productoras un precio relativamente ventajoso, recurso para animar las inversiones, que derraparon dramáticamente el último año.

El problema es que aún con ese millonario programa estímulo Economía no logró que las petroleras ofrecieran gas suficiente para cubrir íntegramente la demanda invernal, siempre mayor.

Si bien los productores empezaron a activar equipos y admiten que están animados con el Plan, la realidad es que quieren ver qué grado de cumplimiento tendrá la promesa oficial del subsidio. Su oferta en las subastas para vender el gas subsidiado no alcanzó, siquiera, a cubrir los 70 millones de metros cúbicos por día de la considerada “demanda prioritaria” (domicilios, comercios y usinas térmicas).

Bolivia también limitó a 14 millones de m3. día su compromiso de venta a la Argentina por la caída de su propia producción y la preferencia de abastecer a Brasil. Ante este panorama, hasta fuentes privadas no descartan cortes de suministro invernales, más allá de la vuelta de un barco regasificador que inyecte al sistema el GLP que pueda importarse.

A la caída en la producción de gas, tanto convencional como no convencional, se sumó una cuestión coyuntural días pasados como lluvias insuficientes para sostener la hidroelectricidad y el afán de exportar electricidad a Brasil a un precio ventajoso. Así es como en los primeros días de enero, inéditamente, faltó gas para producir electricidad.

Esto obligó a las centrales térmicas a funcionar con combustibles líquidos, más caros y costeados por la caja pública a través de Cammesa, la firma mixta de gestión estatal que administra el mercado eléctrico mayorista. Más aún: el lunes 4 de enero se suspendieron las exportaciones de gas para garantizar el abastecimiento interno.

Un cuadro circunstancial pero que anticipa un problema severo en los tiempos de frío, cuando la demanda crece indefectiblemente.

Más allá del subsidio del Plan Gas.Ar la producción de hidrocarburos está a la espera de la ley de promoción del sector que, entre otros anzuelos, le daría disponibilidad de las divisas que obtengan por las exportaciones. Pero la pobre performance de las ofertas en el marco de ese programa estímulo estaría retrasando el envío de esa iniciativa al Congreso.

Hay sectores dentro del Gobierno que están irritados porque consideran injusto seguir premiando a las productoras cuando éstas no ponen sobre la mesa lo que realmente se necesita para evitar las importaciones. Aunque eviten manifestarlo en público, esa realidad perturba a los funcionarios del área y agita una discusión interna importante.

Los técnicos oficiales saben que en la medida que las tarifas reguladas estén contenidas, el valor de las empresas gasíferas cae, aunque registren utilidades antes del pago de impuestos y deuda (Ebitda). Y que esto propicia que empresarios que miran el sector con ganas puedan hacer alguna oferta hostil para quedarse con alguna privatizada, bajo la apuesta de que la situación será más ventajosa en el futuro.

El papel de YPF como empresa testigo y energética líder del mercado es clave, más aun considerando que también controla a Metrogas. Pero las dificultades financieras de la compañía con mayoría estatal no deja de alimentar discusiones intestinas sobre su papel en este contexto.

Saliendo de su órbita de competencia técnica, Bernal opina que la petrolera tiene que “ponerse las pilas y salvar a Metrogas”, jaqueada por su pasivo en moneda dura. La sentencia del regulador cristinista da otra pauta de la enorme complejidad del escenario.

*Periodista