CARLOS MÍNGUEZ*

La Comisión Europea presentó el pasado septiembre un plan de acción que contiene la lista de las materias primas fundamentales actuales y un estudio prospectivo para tecnologías y sectores estratégicos en los horizontes 2030 y 2050.

El comisario europeo de mercado interior Thierry Breton, defendiendo el plan de acción, afirmó que “ciertas materias primas son esenciales para que Europa lidere la transición económica y digital. No podemos permitirnos depender completamente de países terceros e incluso de un solo país”. La Unión Europea importa de países terceros entre el 75% y el 100% de la mayoría de los metales y materias primas fundamentales que requiere su actividad económica y, en especial, muchos de los minerales empleados en los sectores de las nuevas tecnologías y de las energías renovables.

El plan de acción se enmarca en el proyecto de reconstrucción aprobado como consecuencia del Covid-19 y la situación de crisis económica en la que se están viendo inmersos los países europeos. La pandemia ha puesto de manifiesto la interrupción de las cadenas de suministro internacionales, por lo que la Comisión quiere impulsar un plan de recuperación que aumente la resiliencia y la autonomía estratégica, incardinada en la transición hacia una economía verde y digital, en la que los riesgos geoestratégicos queden minorados.

Los objetivos de desarrollo de la minería en el ámbito de la Unión Europea constituyen uno de los objetivos prioritarios del plan de acción que deberán estar operativos en el año 2025. Para ello, tanto los organismos de la Unión, como los Estados miembros deberán acelerar sus programas de actuación y la puesta al día de las normas regulatorias del sector.

España no se encuentra en una buena posición de salida. El marco regulatorio del aprovechamiento de materias primas es marcadamente deficiente, rayano lo inoperativo. El déficit regulatorio constituye una traba, en ocasiones, insuperable para la ejecución de proyectos. Nuestro marco jurídico se caracteriza por el amontonamiento de normas y competencias que caen desordenadamente sobre unos proyectos que deben enfrentarse a criterios dispares y tiempos de gestión indefinidos, ante diferentes órganos de distintas administraciones públicas

Si referirse a la desactualización de la vigente Ley de Minas es poco menos que un tópico clásico en el sector, otro tanto cabe decir del listado nacional de materias primas estratégicas, cuya última referencia data de 2002, y cuyo alcance limitado, a los solos efectos fiscales, impide extraer todo el potencial de dicha declaración.

Resiliencia, no-dependencia, garantía de abastecimiento, empleo en el despliegue de nuevas tecnologías, utilización en la fabricación de componentes de equipo para las energías renovables y la movilidad sostenible, … son, entre otros, conceptos novísimos que hallan su fundamento en un sector tradicional, como el minero, capaz hoy, en nuestro país, de garantizar un aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales.

Hay mucho en juego. El éxito de la UE en el proceso de transformación y modernización de su economía depende de que consiga garantizar de forma sostenible las materias primas primarias y secundarias que necesita para ampliar el uso de tecnologías limpias y digitales en todos los ecosistemas industriales de la UE.

La comunicación de la Comisión concluye de la manera citada en el párrafo anterior; i.e con una advertencia, lanzada en un momento histórico de cambio tecnológico y de implantación de un nuevo modelo energético, acerca de la trascendencia que la correcta definición del marco legal, financiero y operativo en el que se desenvuelva la minería, propiamente dicha, y su vertiente industrial de recuperación de materias primas, tendrá en la eficaz definición y adopción de políticas públicas y decisiones empresariales exitosas en nuestro sector industrial.

Y es que como siempre escuché a mi amigo Arturo, viejo ingeniero de minas asturiano: “Todo es minería. Tras las cosas, todo es minería”.

*Socio de Andersen