CARLOS PAGNI

En 2003, apenas lo designaron canciller, Rafael Bielsa afirmó que Brasil, dado su liderazgo regional, merecía ocupar una banca permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esa declaración enfureció a los mexicanos: una vieja doctrina compartida con ellos aconsejaba defender la conquista de una banca rotativa para los tres países. Bielsa moderó su propuesta.

Pero aquel detalle revelaba un criterio: la predilección del kirchnerismo por la alianza con el Brasil de Lula da Silva. En su nueva versión, el mismo grupo político ha invertido esa política. Alberto Fernández estableció una alianza casi automática con México y un contrapunto permanente con Brasil. El juego no tiene que ver sólo con afinidades conceptuales. Obedece también a expectativas económicas. El Gobierno ve en México un inventario de oportunidades. Y en Brasil, una amenaza.

La última manifestación de este enfoque diplomático es la relevancia que le ha otorgado Felipe Solá a su participación en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se está celebrando en México, país que ejerce la presidencia pro tempore del club. La Celac es la organización regional que más cómoda le sienta a la Cancillería argentina. Con la OEA, sobre todo con su secretario general Luis Almagro, hay un enfrentamiento desde la crisis boliviana. La Unasur es un fantasma. En el Mercosur los vecinos: Brasil, Paraguay y Uruguay, están bajo administradores de centro o de derecha. La Celac también es confortable porque el Brasil de Jair Bolsonaro y la Bolivia de Jeanine Áñez resolvieron no participar de la reunión.

Eso no garantiza del todo que Solá la pase bien. Él también tiene roces con los venezolanos. Nicolás Maduro envió a su canciller Jorge Rodríguez, que llega arrastrando el fracaso del intento de copar la Asamblea Nacional. La pretensión de imponer por la fuerza al oficialista Luis Parra obedecía a una necesidad que va más allá de ejercer un control autoritario. Maduro requiere un mínimo aval de la legislatura para inversiones que son indispensables. Es un requisito que le exigen hasta sus amigos los rusos. No lo consiguió. Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como el presidente encargado de Venezuela, fue reelecto.

La asonada chavista tuvo un efecto catastrófico, porque motivó la condena de algunos gobiernos condescendientes con su deriva dictatorial. Entre ellos, México y la Argentina, que frente a la interminable crisis venezolana adoptan perspectivas similares. El domingo pasado, Solá emitió un comunicado en el que sostuvo que el ataque a legisladores de la oposición y a diplomáticos resultaba "un nuevo obstáculo para el pleno funcionamiento del estado de derecho, condición esencial para permitir encaminar una salida transparente". La cancillería mexicana, que lidera Marcelo Ebrard, se pronunció minutos después, con una retórica apenas más tenue.

A diferencia del Grupo de Lima, que la Argentina y México comparten, ni Solá ni Ebrard hablaron de dictadura. Brasil sí lo hizo. El Grupo de Lima también reconoció la reelección de Guaidó. La Argentina y México se abstuvieron. Aun así, el segundo líder del régimen venezolano, Diosdado Cabello, que como todo individuo radicalizado es ciego a los matices, acusó a la Argentina de decir "una guaidiotez" y agregó: "Nosotros no necesitamos de Argentina ni de su canciller. Ellos verán de qué lado se acomodan, si de los pueblos o de los arrastrados". La respuesta argentina fue retirar las cartas credenciales de la representante del presidente provisorio Guaidó en Buenos Aires, Elisa Trotta Gamus. Habrá que ver si ese gesto alcanza para que el canciller de Maduro no haga algún planteo contra Solá en medio de la Celac.

La crisis boliviana es otro escenario en el que la Argentina se acerca a México y se distancia de Brasil. Dos semanas atrás, el gobierno de Bolivia pidió el retiro de la embajadora mexicana; y de la encargada de negocios y el cónsul de España, a raíz de un episodio muy controvertido ocurrido en la embajada de México, donde están asilados varios funcionarios de Evo Morales, entre ellos su poderoso ministro del Interior, Juan Ramón Quintana. El conflicto se originó por una visita de los diplomáticos españoles a la sede mexicana, a la que concurrieron asistidos por agentes de seguridad de su país, que aparecieron encapuchados. El gobierno boliviano denunció que se trataba de un intento de facilitar la fuga de Murillo, que está acusado de gravísimos delitos. Entre otros, terrorismo. Jorge Quiroga, que representa a ese gobierno ante la comunidad internacional, interpretó que la supuesta maniobra era una exigencia de Pablo Iglesias, de Podemos, al presidente español, el socialista Pedro Sánchez, como parte de la negociación para armar gobierno. El argumento de Quiroga es que Murillo tiene extorsionados a los líderes de Podemos con información sobre el financiamiento ilegal que él mismo les habría proporcionado. La lectura parece muy sesgada, pero ocasionó una turbulencia en Madrid, sobre todo porque la canciller de Sánchez ordenó investigar lo sucedido.

Así como México asila a figuras eminentes de la gestión de Evo Morales, Alberto Fernández acogió al expresidente en la Argentina, igual que a su vice Álvaro García Linera, para que, desde el norte del país, hagan campaña electoral. De nuevo la distancia con Brasil es llamativa: el canciller Ernesto Araújo elogia a Áñez todo el tiempo. Ayer lo hizo por haber convocado a elecciones para el 3 de marzo.

Las discusiones sobre Venezuela o sobre Bolivia implican aproximaciones o distanciamientos cifrados respecto de la política de los Estados Unidos en la región. En el caso boliviano, Washington acaba de reponer varios programas de asistencia económica suspendidos durante la gestión Morales. Y en la cuestión venezolana, Elliot Abrams, encargado de Donald Trump en la materia, elogió las posiciones de México y la Argentina. Subrayó que lo que tenían de interesante es que censuraban a Maduro dos países "que no coinciden con nosotros respecto de ese país".

Venezuela y Bolivia permiten una contradicción tercerizada con Washington. En cambio, la eliminación mediante un ataque con drones del general iraquí Qassem Soleimani desata contradicciones directas con el gobierno de Trump. ¿Es legal una agresión de esa naturaleza? ¿O se trató de un asesinato? A diferencia de Osama ben Laden, que era el jefe de una organización terrorista no estatal, Soleimani era oficial de un ejército regular. La administración Trump alega que, aún así, Soleimani dirigía desde las sombras a las guerrillas iraníes que atacaron la embajada de los Estados Unidos en Bagdad, la más grande de ese país.

De nuevo la Argentina y México fueron de la mano. No condenaron lo que, para la izquierda en general, fue una acción ilegal. Pero llamaron al diálogo y advirtieron las consecuencias indeseables de operaciones violentas. El gobierno de Bolsonaro, en cambio, avaló toda acción contra el terrorismo y deploró el ataque a la embajada estadounidense en Bagdad. La diplomacia de Bolsonaro ofrece una novedad relevante: es la primera vez que una gran tensión bélica encuentra a Brasil en un total alineamiento con Washington. Esa posición inquieta a muchos observadores brasileños que sospechan la existencia de contactos entre organizaciones terroristas de origen islámico y redes delincuenciales como el temible Primer Comando de la Capital (PCC), que cuenta con más de 20.000 integrantes y es liderado desde las cárceles. La embajada de Israel en Buenos Aires contó, un año atrás, con un indicio muy persuasivo de esta posible conexión.

El conflicto de Estados Unidos con Irán resignifica las relaciones latinoamericanas. Guaidó se encargó de recordar los vínculos del chavismo con Teherán. En la Argentina son conocidos: la explicación más convincente del entendimiento de Cristina Kirchner con Mahmoud Ahmadinejad fue una gestión de Hugo Chávez a favor del iraní. Una de las incógnitas más importantes de la reunión de la Celac se refiere a si el mexicano Ebrard, que encabeza el grupo, y Solá, consiguen que el pronunciamiento final coincida con el enfoque que ellos adoptaron respecto de la muerte de Soleimani. Manuel López Obrador, el presidente de México, privilegia su relación con Trump por encima de cualquier otro vínculo. Dicen que en su primera conversación con Fernández le aconsejó hacerse amigo del norteamericano. Inclusive, escribirle alguna carta personal.

Por eso México parece ser, en la imaginación de Fernández, un posible abogado frente a Trump durante la negociación con el Fondo. Es un objetivo ambicioso. López Obrador evita cargar su agenda bilateral con Estados Unidos, de por sí muy complicada, con cláusulas ajenas.

Ese acuerdo con el Fondo forma parte del frente más riesgoso del Gobierno: el del financiamiento. Es la gran diferencia entre la actual experiencia kirchnerista y la primera, en la que suele inspirarse el Presidente. En 2003, el superávit fiscal comenzaba a ser una membrana que permitió el aislamiento exterior. Néstor Kirchner pudo realizar un insólito pago adelantado al Fondo y prescindir de los mercados.

Fernández está en la situación inversa. Le faltan de dólares. Por eso el capítulo más importante de su plan económico es ahorrarlos. En este sentido, anteayer le llegó una buena noticia: gracias a la excelente gestión de Bernardo Saravia Frías, el procurador del Tesoro de Mauricio Macri, la Argentina logró que la jueza Loretta Preska desestime una demanda del fondo Aurelius por entre 3000 y 5000 millones de dólares. Aurelius denunció una presunta manipulación de los índices de crecimiento aplicables al pago de bonos, imputada a Axel Kicillof.

El acceso a los dólares está vedado, salvo en contadísimas ocasiones: los tenedores de bonos, a los que se les paga sin recortes, o los importadores que ensamblan electrónicos en Tierra del Fuego, liderados por Rubén Cherñajovsky y Nicolás Caputo, el "hermano de la vida" de Macri. A esos grandes consumidores de dólares tampoco se les pide solidaridad. Al revés: el Ministerio de Educación no sólo les comprará notebooks sino que incorporará teléfonos celulares.

En contraste con esta decisión, se intenta desalentar la adquisición de autos a través de un impuesto especial. Un nuevo roce con Brasil, ya que la mayor parte de esos autos alcanzados por el gravamen se importa desde ese país. La relación con Brasil es un problema central para Fernández. Paulo Guedes, el ministro de Hacienda de Bolsonaro, está logrando, de a poco, mejorar la economía. Una vez que lo logre, intentará abrir el Mercosur al comercio internacional. Si llega ese momento, será una delicadísima encrucijada para el proteccionismo de Fernández. Este es, sin menospreciar las distancias ideológicas, el verdadero conflicto del Gobierno, y de sus aliados empresariales y sindicales, con Brasil.

Es un inconveniente todavía teórico. Hoy Fernández y su equipo sólo piensan en llegar a fin de marzo con un acuerdo sobre la deuda con fondos y bancos. Son las grandes aguas de su política económica: evitar pagar los caudalosos desembolsos previstos a partir de abril. El problema es de nuevo la falta de dólares, que condiciona la política exterior. Porque, como solía decir un sagaz diplomático norteamericano, "da la casualidad de que donde hay dólares solemos estar nosotros".