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7 DE MAYO
(Exclusivo) Cussianovich (Poliarquía): Los dilemas que salvarán a la minería argentina
07/05/2019

Información, control, ganancias y medio ambiente son las claves

MINING PRESS

Ernesto Cussianovich*

Para la mayoría de los argentinos la minería sigue siendo hoy un sector productivo irrelevante. Solo un 4% de la población cree que se trata de una actividad que aporta al desarrollo del país, un porcentaje ínfimo comparado con el 28% y el 21% de la población que -en cambio- considera que el campo y la industria manufacturera sí ofrecen sus aportes al progreso nacional.  Más aún, la minería dista de actividades como la construcción (13%) y el petróleo (10%) y hoy en un modesto ranking solo supera al transporte, una actividad hoy desacreditada por la opinión pública debido a los beneficios recibidos durante los años de subsidios del gobierno kirchnerista

A poco más de dos décadas del take off de la minería metalífera de mediados de los años noventa y a casi diez del primer boom de la industria, la minería sigue manteniendo sus viejos dilemas y trabas para lograr posicionarse e instalarse en la cabeza de los argentinos. Al respecto y tal como ocurría hace una década atrás, el nivel de conocimiento de la población sobre el sector sigue siendo muy magro.

En un estudio de opinión pública y minería realizado a fines del 2018, surgió que solo un 16% de la población en el país reconoce tener algún tipo de dato o información sobre la actividad minera. En ese mismo estudio, mostramos que un 44% acepta con humildad que sabe “poco” de minería, mientras que un 35% asegura sin tapujos que no se sabe absolutamente nada sobre el tema.

En conclusión, casi un 80% de los argentinos no tiene idea o posee muy poca información sobre la minería. En esa línea, no debería extrañarnos entonces que solo un puñado de argentinos pueda hoy hacer algún tipo de ponderación en favor de la industria. Más aún, llama la atención que un 40% reconoce no obstante que las noticias sobre la minería les genera “cierto interés”. ¿Tendremos entonces que desentrañar un poco más los datos con que contamos para comprobar los motivos de ese interés? O es que quizás no hace falta hacerlo y bastará solo con reconocer y aceptar que se trata de un público que le interesa tener noticias del sector solo para deleitarse aún más con sus apreciaciones críticas.

Pero a pesar de los números que muestran un escenario sombrío, de poco conocimiento y baja estima para la minería, debe decirse que la agenda del sector ha podido continuar su marcha. Estamos hablando igualmente de una agenda compleja, con vaivenes y un menú abierto a la resistencia política de algunas provincias y también a la de algunas comunidades. Ciertamente, las falencias de la actividad, pero también los prejuicios y los estereotipos alimentados por esas falencias se han convertido en elementos constitutivos del sector. Son demandas de las poblaciones vinculadas directamente con la actividad, a las cuales se le agregan también el descrédito de otros grupos de interés más alejados y con poco conocimiento pero que, aun así, resultan más influyentes a la hora de generar opinión.

Estos reclamos se concentran principalmente en cinco aspectos clave que dependiendo de las provincias fluctúan en orden de importancia. Se trata de la ausencia del control público, las ganancias de las empresas, la poca información y el impacto de la minería sobre el medio ambiente, del cual se escinde la muy extendida inquietud por el consumo de agua. Temas que analizaremos en detalle en este artículo y que por lo común aparecen recurrentemente en las investigaciones que realizamos sobre la opinión y percepción social de la minería en el país.

Por su parte, el Estado nacional y los Estados provinciales en particular, han comenzado también a mostrar sus demandas y preocupaciones en relación a los temas que rodean a la minería. Cuestiones como la caída del empleo y del ingreso público, pero también los desvelos por el bajo nivel de las inversiones y la poca actividad relacionada con la infraestructura productiva y social. Asimismo, en ese orden de cosas, cada año aumenta también la preocupación por la resistencia social a la actividad y en algunos casos la conflictividad derivada del abanico de temas que preocupa a la sociedad y que recién mencionamos.

Las empresas, por su parte, también poseen su listado de temas y contrariedades. La incertidumbre y volatilidad económica es uno de ellos, aunque en este caso compartida con la totalidad de los sectores productivos del país. Además de esto, el aumento de los costos laborales y el peso de las cargas impositivas han comenzado también a mostrarse en muchas reuniones del sector. Asimismo, aparecen de manera recurrente los conflictos con los proveedores, pero también con los grupos sindicales, algunos de los cuales han acrecentado los niveles de conflictividad en algunas provincias.  Para algunas empresas, la preservación del marco legal que define las reglas de juego del sector sigue siendo una preocupación seria, así como lo es también la ausencia de voluntad política de algunos gobiernos para empujar el desarrollo de la actividad.

En este cuadro de situación, podemos decir entonces que comunidades, empresas y gobiernos están alimentado un menú de dilemas que hoy en día parecen sostenerse por una lógica que combina la incertidumbre con la expectativa y que, entre otras cosas, ha contribuido a reforzar la ausencia de coherencia en el sector. Efectivamente, con el paso de los años, los propios dilemas de la minería se han ido transformando en los principales impedimentos para la consecución de un modelo de minería univoco y vertebrado, similar quizás al que prepondera en muchos países de la región. De hecho, la interrupción del despegue a fines de los noventa y más tarde los obstáculos que el sector tuvo que sortear tras el primer auge exportador, tampoco contribuyeron a la formalización de una minería más centralizada, sino más bien a la génesis de “varias” minerías.

De esta manera, con el paso de los años y con la dialéctica del rechazo y la aceptación de la actividad, a la que se suman las contradicciones e idas y vueltas, la minería en el país fue moldeándose de acuerdo a un juego de indecisiones, pero también de oportunidades y posibilidades. Han existido serios avances, pero también muchas limitaciones, lo que sin dudas han forjado un sistema tal vez más caótico e inteligible, pero también más enfocado en las prerrogativas que tienen hoy los estados provinciales para administrar sus recursos naturales, algo que ha sido finalmente ponderado por quienes evalúan el mercado y las potencialidades de dichos recursos a nivel internacional.  

Pero en la variedad reside la riqueza y si bien hoy no contamos con una minería argentina, sino más bien con una Argentina con “diversas minerías”, la posibilidad que se desarrolle la actividad de acuerdo a las condiciones que ofrecen los estados provinciales puede convertirse en el mejor camino para ordenar la actividad en el país. No en vano, por ejemplo, el Instituto Fraser insiste en medir la performance de esas “diversas” minerías a través del examen de las condiciones que ofrecen los territorios provinciales que participan de su ranking.

Al respecto, si bien valdría la pena hacer una revisión de los parámetros metodológicos de esa medición, no siempre objetiva, llama mucho la atención también que la Argentina sea el único país latinoamericano que participa de ese ranking a través de sus estados provinciales, algo que no ocurre con Brasil y México, los otros dos países de la región con estados autónomos de características similares. De cualquier manera, quienes se fijan en ese ranking cuentan para el caso de la Argentina con distintas opciones territoriales para evaluar, pensar y decidir. Lo que significa también conocer más esa diversidad y aprender a adaptarse a la dialéctica de los dilemas y los conflictos, lo que significa penetrar en la lógica de la incertidumbre y la expectación que la minería en el país sigue ofreciendo.

Control, ingresos y medio ambiente

Como se dijo, la evaluación de la agenda de la minería desde la perspectiva de la opinión pública, ofrece una posición inigualable para mirar de cerca los idas y vueltas y la capacidad de cambios que puede ofrecer el sector. Hemos mencionado que el control público, las ganancias de las empresas, la información y los temas ambientales son los que dominan la escena. Pero también hemos insinuado que todos éstos dependen del contexto político y económico nacional y fundamentalmente del escenario provincial.

En el caso de la falta de control público sobre la minería hay que decir que se trata de una demanda que ha venido en rápido aumento durante la última década. En ocasiones ha logrado incluso superar el clamor por los temas ambientales, aunque por lo común éste se ha expresado en estrecha relación con las circunstancias políticas del país y las provincias, específicamente cuando arrecia con mayor grado el descontento económico y social.

De esta manera, durante el kirchenrismo las críticas por la falta de control público sobre la minería estuvieron menos presentes que durante los más de tres años del actual gobierno de Mauricio Macri. El ideal que prevalece en el público es el de una mayor presencia del Estado, aunque también una identificación de esa presencia con el tipo de control que ejerce cada gobierno. El control es por definición siempre muy bienvenido y en esa lógica obviamente, cuanto más intervencionismo, más control. En oposición a esto, cuanto más apego al mercado existe en un gobierno, más se interpreta que se trata de una administración con menor presencia en los asuntos públicos.

Al respecto, es interesante comprobar el cambio en tan solo unos pocos meses del comportamiento de la población en relación a la explotación de los recursos naturales y el ejercicio del control público. Un par de meses antes del fin del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, el 65% de los argentinos creía que los recursos naturales deberían explotarse de manera moderada y con los controles públicos correspondientes. Seis meses después, con Mauricio Macri en el gobierno, ese porcentaje se redujo al 48%. Sin embargo, con la mirada de protección cambió también la ecuación y el 19% de los argentinos que en el 2015 creía que los recursos naturales debían ser protegidos de cualquier tipo de uso económico, unos meses después con el nuevo gobierno ese porcentaje aumentó al 29%.

Hoy en día para cualquier gobierno la relación entre control y recursos naturales es una condición necesaria en sus políticas de Estado. Así, en las provincias con actividad minera los gobernadores mencionan el reforzamiento del control público con más insistencia. Está presente en el discurso, pero también forman parte de las acciones específicas de la autoridad ambiental o minera, de la policía del área o de una mayor interposición de la justicia ante demandas ciudadanas.

En San Juan, el concepto del control ha sido un eficaz instrumento del gobierno de Sergio Uñac para dar cuenta del peso del estado sobre la actividad minera en general y sobre las empresas en particular. Más aún, es interesante comprobar la correlación que existe entre los incidentes ambientales, la aplicación de multas y controles y la buena performance política del gobernador de San Juan. Sin dudas, una parte no desdeñable del crédito político del actual gobernador está hoy asociado a la exposición del control público ejercido sobre la minería. Hemos comprobado que cada incidente, seguido de una acción de control se tradujo en una mejora de su imagen y en una mayor aprobación de su gestión mes a mes.

Las empresas, por su parte, se abrazan también al control público como un aspecto ineludible y constitutivo de sus operaciones. Ya sea porque sus estándares corporativos así lo exigen o porque entienden que la mirada del control reduce o alivia la virulencia de la conflictividad social y ambiental. Más aún, en la mayoría de los casos más control del gobierno, mejoró su posicionamiento frente a la opinión pública.

Lo cierto es que tanto el gobierno, especialmente en las provincias, como las empresas entienden que hoy la mirada de la mayoría de la población sobre el ejercicio del control público es evaluada de manera muy negativa. Según el estudio a que hicimos referencia, solo un 6% de los argentinos cree que las provincias controlan bien a las empresas mineras, mientras que un 28% acepta que se trata de un monitoreo calificado como “regular” Más claro en su opinión, una mayoría del 54%, opina que en realidad el control gubernamental de las empresas mineras en el país es deficiente (véase gráfico 1)

Gráfico1. “¿Usted piensa que los Gobiernos Provinciales controlan bien, más o menos o controla mal a las empresas mineras en la Argentina?”

                                    

 

Fuente: Poliarquía, Minería y Opinión Pública, diciembre 2018

Por su parte, la percepción de la obtención de grandes ganancias por parte de las empresas se ha convertido también en otro de los aspectos mencionados con frecuencia por las comunidades, directa e indirectamente relacionada con la minería. Se trata, la mayoría de las veces, de una opinión sostenida en fuertes prejuicios en contra de las empresas, aunque, para el caso de las industrias extractivas, no es una objeción hecha exclusivamente para el sector minero. Las empresas petroleras también generan un sentimiento similar entre la gente y en algunos casos muchos de los estereotipos que la definen son aún mayores que los de la industria minera. Ello debido a que en el país existe un conocimiento muy superior de las empresas del sector petrolero respecto de aquellas pertenecientes al rubro de la minería.  

En la Argentina la preferencia por las empresas públicas es muy superior a las empresas privadas (algo que no necesariamente ocurre en otros países de la región) y de estás últimas las de origen nacional por sobre las de origen extranjero. Más aún, cuando se habla de minería de hecho no existe -por ejemplo- una preferencia específica sobre el origen de las inversiones por país. Más aún, la Argentina es uno de los países en la región cuya población es una de las que –por definición- menos acepta las inversiones extranjeras en general y, ciertamente, las inversiones mineras en particular. Los motivos de este cuadro de situación son muy complejos, pero con seguridad algo tiene que ver el derrotero de la política y la economía en la última década.

La idea que las empresas mineras obtienen ganancias extraordinarias es un hecho instalado y otro de los motivos que pueden ayudar a explicar esto se debe a que para la mayoría de los argentinos al sector minero “no le va mal”. Efectivamente en el estudio antes citado, hoy en día el 60% de los argentinos cree que a la minería le va bien. Más aún, siendo más precisos digamos que un 32% dice que le va “muy bien”, mientras que un 28% ice que le va “bien”. Solo un 8% dice que le va mal o muy mal, mientras que un 18%, más objetivo, cree que la situación del sector es regular.

Para completar estos datos, el 19% de los encuestados reconoce no saber cuál es el principal problema que afecta al sector (¿acepta que no los tiene?), mientras que un 18% dice que es la falta de inversiones, seguido por un 17% que asegura que la infraestructura es un problema importante. Finalmente, el 14% dice que “la falta de apoyo del gobierno es el problema”, mientras que solo un 6% dice que los impuestos y las retenciones son altos.

Gráfico 2. “¿Ud. diría que actualmente al sector minero le va muy bien, bien, regular, mal o muy mal?”

                          

 

Fuente: Poliarquía, Minería y Opinión Pública, diciembre 2018

Finalmente, en lo que respecta a la relación entre minería y medio ambiente, lo primero que hay que preguntarse es ¿qué más se puede decir de este vínculo que no se hay dicho? Tal vez en el último año y medio, uno de los asuntos de la agenda ambiental que dominó la opinión pública argentina fue glaciares, tema del que queremos hacer aquí algunas observaciones. Para comenzar señalemos que de acuerdo con el estudio de opinión pública que antes citamos, en la Argentina la asociación entre minería y medio ambiente sigue siendo muy mala para la mayoría de los habitantes.

Ciertamente, el 78% de los argentinos cree que la minería genera muchos o bastantes problemas al medio ambiente y solo un 12% y un 2%, respectivamente acepta que causa pocos o ningún problema. A nivel nacional, volver a estas cifras no tiene sentido. Han sido las mismas en los últimos diez años y quizás sean más o menos las mismas en los próximos diez. Para el sector minero hoy se ha llegado a un techo del detrimento y tal vez no vale la pena el esfuerzo de intentar reducir esos valores.

Por el contrario, si vale la pena analizar los nuevos escenarios y con ello ofrecer nuevas alternativas para discutir las opiniones y percepciones, o si se quiere los prejuicios y estereotipos que hoy dominan a la mayoría de la población cuando hacen referencia al ambiente. De acuerdo con un análisis que efectuamos de los medios y las redes sociales, durante buena parte del 2018 surgió que el eventual cambio a la ley de glaciares o la posibilidad de una mejora en las condiciones que faciliten inversiones mineras se convirtieron en los temas más preocupación y movilización generaron en la opinión pública.

De hecho, en los medios y en las redes ambos temas ocuparon casi todo el primer semestre del año, lo que implicó un aumento importante, aunque no significativo, del nivel de información sobre el debate en torno a los glaciares. Efectivamente, en un estudio sobre los glaciares en la opinión pública y frente a la pregunta si ha escuchado o leído alguna información relacionada con la situación de los glaciares en el país, un 55% dijo haber leído y escuchado algo del asunto frente a un 45% que asegura haber escuchado poco o nada al respecto.

Pero exceptuando algunos medios nacionales y también excluyendo la información proveniente de grupos calificados de la sociedad (ambientalistas o políticos), es posible que estos temas no parecen haberse movido más allá de esas fronteras o universos socio-demográficos. Muchos diarios replicaron lo que medios nacionales y de mayor relevancia informaron y quizás solo la intervención de figuras convocantes (artistas, grupos de convocatoria, dirigentes políticos) fue lo que finalmente logró contribuir a una mayor atención sobre un tema que, no obstante, pudo concitar cierta atención y preocupación en determinados momentos.

Ahora bien, cuando se le interroga a la población sobre el grado de conocimiento sobre el tema, la expectativa en torno al tema parece diluirse ya que un porcentaje alto de la población (el 67%) reconoce que en realidad “sabe poco o nada del tema”. Un 26% -en cambio- reconoce saber mucho o bastante sobre esta cuestión.

Ahora bien, ¿es el tema “glaciares” importante? Según parece si lo es y hoy un 83% de los argentinos cree efectivamente que es “muy y bastante importante”. Solo un 12% cree lo contrario, lo que nos obliga a pensar que el tema está hoy como “flotando” en la agenda pública y que una vez que se activa algún mecanismo que lo empuja hacia arriba se puede transformar en un tema relevante.

Gráfico 3. “¿Se puede decir que Ud. sabe mucho, bastante, poco o nada sobre los glaciares en la Argentina?”

                                          

Fuente: Poliarquía, Los Glaciares en la Opinión Pública, diciembre 2018

La tensión sobre el tema glaciares en relación a la minería puede en realidad despejarse si se indaga sobre los sectores de la economía o de la producción que, eventualmente, pueden llegar a tener más impacto sobre estos cuerpos de agua.

La sorpresa fue que frente a la pregunta sobre “¿Cuál cree Ud. que es la actividad económica o productiva que más afecta hoy a los glaciares en nuestro país?”, las respuestas revelaron que solo un 19% de los argentinos cree hoy que es la minería la actividad que más afecta a los glaciares, frente a un 20% y a un 35% que ve como responsables a la industria manufacturera y al sector petrolero, respectivamente.

* Director Poliarquía Consultores
ecussianovich@poliarquía.com

 

 


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