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ANÁLISIS
Labo Fosse: ¿Y dónde está el piloto (MEM)?
26/04/2019
MINING PRESS/Semana Económica

RICARDO LABÓ FOSSA

Las decisiones del actual gobierno en el sector energía y minas durante el último año están teniendo impactos significativos, de los cuales tomará al país mucho tiempo en recuperarse. La decisión de derogar los decretos que autorizaban la firma de los contratos entre Perupetro y la petrolera Tullow Oil, las demoras en atender el atentado que ocasionó la rotura del Oleoducto Norperuano y el bloqueo de la vía hacia la mina Las Bambas han tenido un impacto directo de por lo menos S/1,600 millones derivados de menores inversiones y compras a proveedores, demora en producción y exportaciones, y menos pagos de impuestos y regalías, entre otros.

Si bien el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha anunciado que se iniciará la ejecución de seis proyectos por más de S/11,000 millones durante este año, ello estaría lejos de concretarse. Esta situación ocasionaría que este año el crecimiento de la inversión minera sea casi nulo, comparado con el 2018.

La inversión minera en el Perú tiene básicamente dos grandes componentes: inversión de sostenimiento, la cual es alrededor de S/9,600 millones al año en promedio y la inversión en nuevos desarrollos, la cual es la que marca la gran diferencia entre un año y otro. Durante el 2019, esta nueva inversión de desarrollo se explicará gracias a la continuidad de la construcción de los proyectos Expansión Toromocho, Mina Justa y Quellaveco, los cuales se iniciaron a mediados del 2018. Sin embargo, este año no veríamos el inicio de ningún nuevo desarrollo. Los seis proyectos que el MEM proyectaba que se iniciarían este año no se concretarían del todo por diversas razones, tanto por no haberse “destrabado” o porque han surgido problemas políticos y sociales sobre ellos o por decisiones a nivel corporativo de las empresas.

Tras ello, entre 2019 y 2021, si bien la inversión minera crecerá, no lo haría en las magnitudes esperadas, postergando el tan necesario desarrollo minero para la economía del país. La división de inteligencia de la consultora en energía y minas Laub & Quijandría estima que la inversión en ese periodo será por lo menos S/8,320 millones menor a lo proyectado por el MEM (S/69,750 millones), es decir, 12% menos.

El reciente bloqueo en la ruta de Las Bambas confirma que “lo social” es uno de los elementos más importante en la definición y continuidad de inversiones en el sector minero. Ello reafirma también los hallazgos realizados por las diversas encuestas a inversionistas realizadas durante el 2018 por consultoras e instituciones como EYDeloitteWEF y el Banco Central de Reserva (BCR), que indican que la principal preocupación es “la licencia social para operar” y “los conflictos sociales”. Sin embargo, “lo social” no debe ser visto sólo como la relación comunidad-empresa o la resolución de conflictos, sino también sobre cómo los beneficios generados por la actividad minera son traducidos en desarrollo, muchos de los cuales han quedado en promesas incumplidas que han derivado en frustración. Y esto último es responsabilidad principalmente de los gobiernos locales y regionales, los cuales tienen el encargo de gestionar dichos recursos. Sorprende escuchar constantemente que a nivel local o alrededor de los proyectos mineros “no existe Estado”, como si los gobernadores regionales y alcaldes pertenecieran a otro grupo (¿sociedad civil o empresa privada u ONG?) y no al Estado.

Erróneamente, se tiene la idea que dotar de mayores recursos económicos a nivel local y comunal solucionará los problemas. Dinero que no se transforma en desarrollo, empleo o en actividades productivas, entre otros, es dinero tirado al agua. El premier Salvador Del Solar anunció, durante el diálogo con la comunidad de Fuerabamba, que dotará de mayores recursos a nivel comunal a través de una modificación de la Ley del Canon. Esperemos que ello venga acompañado de la dotación de capacidades de gestión y posibilidad de fiscalización y no se repita la historia que comenzó hace 15 años, cuando se incremento de 20% a 50% el porcentaje del Impuesto a la Renta que se distribuye como canon minero. Este incremento lamentablemente no vino acompañado con una mejora en capacidades y los resultados de pobre gestión, tanto en cantidad como calidad, los sufrimos hasta ahora. Por su parte, el Ejecutivo a nivel central tiene pendiente cumplir con las promesas adquiridas años atrás. Ello pasa nuevamente no sólo por asignar presupuesto, sino por sincerar los compromisos y asignar claras prioridades y responsables.

Por otro lado, los recientes acontecimientos no hacen más que impactar la imagen del país y su atractivo frente a otros países. Sólo basta hacer una rápida revisión a las cuentas de redes sociales de, por ejemplo el MEM y el Ministerio de Minas de Chile. Mientras que las del MEM están plagadas de noticias sobre conflictos, ilegalidad accidentes y demás, las de Chile muestran temas de avance en innovación, educación, desarrollo tecnológico e inversión en minería, entre otros. Y no es que sea coyuntural o que una entidad filtre o maquille las noticias mejor que la otra, sino que reflejan la realidad de la situación que se vive en ambos países, aunque sobre todo muestran la claridad de agenda y visión futura que tiene uno y no el otro.


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