Por MARCELO GARRIGA Y WALTER ROSALES (*)
El descubrimiento en Argentina de uno de los mayores yacimientos del mundo de gas no convencional, denominado “Vaca Muerta”, parece ser la solución a muchos de los problemas que tiene el país. Sin embargo, se abren muchos interrogantes y desafíos. Uno de ellos es el debate sobre la propiedad de los recursos naturales no renovables. ¿De quién es Vaca Muerta? La Constitución Nacional de 1994 tiene una respuesta, que no está exenta de objeciones. En el artículo 194 reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales, a contrario sensu de lo que otros países hacen, donde dichas rentas son explotadas por el nivel nacional. No obstante lo establecido por la Constitución, el Gobierno Nacional tiene formas indirectas de apropiarse de la renta de los recursos naturales: retenciones a las exportaciones, límites al cálculo de regalías, entre otras. A raíz de esta definición constitucional, se abre una disputa por apropiarse de la renta petrolera entre el Gobierno Nacional e YPF, por un lado y las provincias petroleras, por otro. El interés del país en su conjunto puede quedar supeditado a intereses parciales.
VARIOS OBJETIVOS
Para pensar este problema, debe tenerse en cuenta que hay múltiples objetivos a considerar. Uno de ellos es la estabilidad macroeconómica. El estado nacional, a diferencia de las provincias, es quien mejor puede minimizar el impacto sobre la economía ante posibles variaciones en el precio de los recursos naturales. Quién mejor, sino el gobierno central, para velar por el empleo, producción, consumo, nivel de precios en todo el territorio nacional. En general las políticas anticíclicas son una responsabilidad del gobierno central. En países con tradición hidrocarburífera como Noruega, han creado fondos estabilizadores destinados a ahorrar en los períodos de bonanza para financiar los tiempos de crisis.
TENTACION
La eficiencia económica, por su parte, es un tema tanto o más complejo. ¿Cómo inducir en las provincias productoras una conducta fiscal responsable, si están tentadas por el “maná” que representan los ingresos provenientes de Vaca Muerta? El riesgo de que se utilicen políticamente estos beneficios agotables y no renovables es muy grande. El derroche de recursos en períodos de bonanza es un riesgo latente. Además, qué gobernador querrá soportar los costos políticos de cobrar impuestos a sus votantes, si puede echar mano a la renta de los recursos naturales? La ilusión fiscal es inevitable: alguien pagará la cuenta. En rigor, los gastos provinciales esenciales (salud, educación, seguridad) están vinculados a la evolución de la población de una región. Se pondría en riesgo la provisión sustentable de los bienes públicos si se atan a los vaivenes de los ingresos obtenidos de la renta de los recursos naturales (de alta volatilidad).
El objetivo de equidad territorial se encuentra consagrado en la Ley fundamental. No solo se apoya en valores de la sociedad sino también en consideraciones vinculadas a la racionalidad económica. La propiedad provincial de los recursos naturales puede producir fuertes desequilibrios entre las economías productoras y aquellas que no posean tales recursos. La “fiebre del oro” podría llevar a un gran movimiento de trabajadores, empresarios y capitales en busca de rentas, profundizando el desequilibrio regional. ¿Es razonable en un país federal tamaña desigualdad? ¿Habrá una mayor presión para modificar la distribución de los recursos de la coparticipación federal de impuestos hacia las provincias menos favorecidas? Del otro lado del mostrador, también hay argumentos a favor de asignar la propiedad de los recursos naturales a las provincias. Las provincias productoras deben asumir todos los costos requeridos para la explotación del recurso natural (provisión de infraestructura básica y servicios) y los pasivos ambientales subproducto de la explotación del recurso (externalidades). Como puede observarse se abre un nuevo debate sobre la explotación de los recursos naturales no renovables que es preciso cerrar rápidamente si se pretende obtener las inversiones necesarias para desarrollar las nuevas fuentes energéticas. Sin embargo el diseño del marco institucional de la actividad debe garantizar la estabilidad macro, la eficiencia económica y la equidad entre las provincias. Haciendo un zoom al problema, la solución al dilema federal no es obvia. Primero debe resolverse el interrogante de fondo: ¿qué queremos hacer con los recursos naturales? Esto es, el puente sobre el río seco (derroche de recursos), cambiar recursos naturales por capital humano (invertir en educación), garantizar mayor bienestar a las generaciones presentes en detrimento de las futuras, ahorrar para los períodos de crisis, etc. Vaca Muerta promete un debate más que intenso en todo sentido.
(*) Profesores de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata.
