MAGDALENA ODARDA.

El reclamo de algunos políticos presidenciables, respecto de un nuevo marco legal para la explotación no convencional en Vaca Muerta, se suma al debate acerca del nuevo proyecto de ley de hidrocarburos que propone el Poder Ejecutivo nacional y que el Senado deberá debatir próximamente. Este nuevo marco plantea un esquema antifederal quitando soberanía a las provincias y la posibilidad de una mayor captación de recursos financieros, legislando además sobre las explotaciones de hidrocarburos no convencionales. La posición contraria que sostienen algunas provincias petroleras daría lugar a todo tipo de presiones del gobierno central, que intentaría someterlas con ahogos financieros. Sin embargo, la Nación es deudora de las provincias, en tanto retiene conceptos que deberían ser coparticipados.

Volviendo al punto de la inclusión de la explotación de los no convencionales a través de fracking, el gobierno nacional desoye la fuerte oposición de las fuerzas sociales, lo que hizo posible que hoy existan ordenanzas que prohíben la actividad en algunos ejidos. En España también hay prohibiciones en varios municipios, a las que se agregan más prohibiciones y moratorias en otros países de la región debido al alto impacto ambiental de la actividad en acuíferos, el aire y la tierra.

En Estados Unidos la experiencia demostró ser notablemente dañina. En California, el 96% de los nuevos pozos de petróleo y gas se encuentra en zonas declaradas en emergencia por sequía y compite con otras actividades económicas como la agricultura. La agencia estadounidense de protección ambiental -EPA- ha publicado la preocupación sobre el estrés que esas actividades producen en las aguas superficiales y en los suministros de agua subterránea por los grandes volúmenes de ese elemento utilizados en la perforación y fractura hidráulica.

En este contexto es alarmante que en Allen, en el corazón de la zona productiva frutícola rionegrina, los gobiernos provincial y municipal se empeñen en impulsar la explotación de hidrocarburos no convencionales, siendo que ambas actividades no podrían coexistir sin daños irreparables para la agricultura.

El reciente accidente en Loma Campana en Neuquén, formación Vaca Muerta, y la fuga de gas que obligó a evacuar al personal, se suma a un listado de consecuencias impredecibles. Las emanaciones de gas sin control largaron a la atmósfera gran cantidad de metano y otros tóxicos, sin que podamos medir las consecuencias.

El Estado no ha respetado tampoco el derecho que asiste a los pueblos indígenas de acuerdo a lo establecido en el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El derecho a la consulta previa, libre e informada implica la obligatoriedad de llevar adelante un proceso de información, conocimiento, diálogo intercultural y análisis conjunto con los pueblos indígenas sobre todos aquellos casos en que se prevea la adopción de medidas legislativas o administrativas que pudieran afectar sus derechos colectivos, sea sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. Por esta razón es que hemos presentado un proyecto de ley consensuado que regula el derecho a la consulta previa, libre e informada como obligación ineludible del Estado para con los pueblos indígenas.

La nueva ley de hidrocarburos se impone como el corolario de una política centralista que intenta socavar la soberanía de las provincias y legitimar el extractivismo por sobre las fuerzas sociales movilizadas y los pueblos indígenas. Sólo la participación ciudadana libre podrá proyectar un futuro cierto, basado en la supremacía de los valores y los derechos humanos.

MAGDALENA ODARDA

Senadora nacional por Río Negro.

CC-ARI