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ANÁLISIS
Cursaro (El Patagónico): "Petróleo, paredón y después"
11/08/2014

Petróleo, paredón y después

El Patagónico

Por: Andrés Cursaro.

Más allá de los matices y los planteos particulares de cada uno de los bloques, lo que ocurrió en la Legislatura de Chubut el último jueves no tiene antecedentes cercanos. Por unanimidad, los diputados provinciales aprobaron la declaración en la que hicieron explícito su apoyo a la autonomía provincial en el manejo de los recursos petroleros y gasíferos. Lo mismo ocurrió en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia. La unidad de las fuerzas políticas con representación en el Poder Legislativo del Estado fue posible ante la supuesta amenaza que representa el proyecto nacional para instaurar una nueva Ley Federal de Hidrocarburos, impulso que la mayoría de los actores adjudica al titular de YPF, Miguel Galuccio.

La fundamentación para enfrentar los deseos del poder central se apoyaron en los textos del artículo 124 de la Constitución argentina y en el escueto articulado de la denominada Ley Corta sancionada por el Congreso Nacional en 2006, que profundizó los establecido en la carta magna de la Nación. Los constituyentes que en 1994 tuvieron a su cargo la reforma –Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Marcelo Guinle, entre otros– establecieron que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.

Es necesario destacar en este análisis conductas que, por acción u omisión, llamaron la atención. Ya se explicitó la unidad alcanzada por las distintas fuerzas políticas ante una amenaza externa, acción reflejada en las declaraciones de diputados provinciales y concejales. Y también en el apoyo a estas acciones que hicieron público los intendentes Néstor Di Pierro (Comodoro, FpV), Luis Juncos (Rada Tilly, UCR) y Sebastián Balochi (Sarmiento, PJ). En contraposición, nada se escuchó de boca de los mandatarios comunales o de los ediles de municipios que ante la primera oportunidad ponen el grito en el cielo para reclamar un mayor porcentaje de las regalías que genera el petróleo. Desde el Valle pasando por la Península hasta la Cordillera mantuvieron un discreto silencio y nada dijeron sobre las acciones que se motorizaron desde la zona sur de la provincia en defensa de los recursos naturales. Un detalle que hace pensar en lo difícil que suele ser para esas regiones entender los planteos y reclamos surgidos desde esta parte de Chubut.

Volviendo a la discusión general, el presidente de YPF salió al cruce el viernes de lo generado en esta provincia un día antes. Dijo Galuccio que con el proyecto de adecuación de la Ley Federal de Hidrocarburos “no está en discusión la Ley Corta” y, al pasar, lanzó un dardo que nadie quiere que se le clave. “Estamos convencidos que habrá mucho más trabajo, más producción y más regalías para Chubut si se establece un marco de transparencia y previsibilidad para invertir”, afirmó el CEO. ¿De sus palabras se puede inferir entonces que en Chubut actualmente no existe un marco transparente y previsible para lograr nuevas inversiones?

Nadie duda que es necesario fijar una política nacional para el manejo de los hidrocarburos. Ese se suponía que sería el rol de la empresa YPF bajo el control del Estado nacional. ¿Cómo articular entonces una línea de acción unívoca sin lesionar los derechos de las provincias? ¿Cómo compatibilizar las necesidades de toda una Nación con los intereses particulares de los Estados provinciales? ¿Cómo equilibrar los ingresos económicos que les representan las renegociaciones a las provincias con apetencias particulares de una empresa?

Al parecer, quienes impulsan esta reforma encontraron en la explotación de los hidrocarburos no convencionales una fundamentación perfecta para avanzar. Son cuatro artículos de los 14 del borrador los que inquietan a los gobernadores. En el fondo, la discusión parecería estar centrada en ofrecer un marco confiable para el desarrollo del shale y del offshore. Pero también en el rol que el Marco Regulatorio le otorga a Petrominera, un modelo de sociedad del Estado con atribuciones similares a las empresas provinciales de Neuquén, Mendoza y Río Negro en la propiedad y manejo de los recursos naturales, y que tienen al petróleo como principal fuente de ingresos a través del cobro extra de regalías.

No es casual entonces que sean estas provincias, encabezadas por Chubut, las que plantean con mayor firmeza su oposición a los planteos de Nación en el marco de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) que preside Martín Buzzi. No sólo están en debate los alcances del federalismo y el poder del centralismo, que no disimula en su esquema de disciplinamiento cuando de discutir el desendeudamiento provincial se trata. Al interior de la OFEPHI la posición adoptada por Chubut, Nueuqén, Mendoza y Río Negro no parecería contar con el apoyo de Santa Cruz, cuyos gobernador ya adelantó que se mantendrá alineado a las intenciones de la Nación. Daniel Peralta no está dispuesto en este momento a volver a distanciarse del Gobierno nacional. Suficiente esfuerzo le llevó rearmar nuevamente esa alianza como para romperla un año antes de las elecciones.

Más cauto que cuando hizo punta nacional en la reversión de áreas de Repsol que luego imitaron sus pares de Neuquén (Jorge Sapag) y Santa Cruz, Buzzi demoró en dar a conocer públicamente su opinión del proyecto de la nueva Ley Federal de Hidrocarburos tal vez esperanzado en lograr el consenso necesario para que el agua no llegue al río. “No voy a firmar el proyecto que está impulsando”, sentenció el primer día de este mes. El pronunciamiento le costó no ser incluido en el programa de desendeudamiento que Nación firmó con algunas provincias. Y, tal vez también, la salida del presidente de Petromienera, Oscar Cretini, del directorio de YPF en representación de Chubut.
Buzzi marcó su línea de acción frente al avance nacional. Fue, quizás, el gesto político más importante del último año con el que logró volver a los primeros planos de la escena nacional. Pero inmediatamente después dejó el escenario servido a sus opositores internos que recogieron el guante y a caballo de la bandera del federalismo se apropiaron de la iniciativa. Desde Gales, el gobernador no pudo hacer mucho más que agradecer “a todo el arco político” para mantener el centro de atención. Fue notorio, además, el esfuerzo que hicieron sus funcionarios para dar a entender que el pronunciamiento de la Legislatura representaba un “fuerte apoyo” a las acciones de Buzzi.

Más allá del devenir político que cada uno tenga en su distrito, la “liga de los gobernadores no convencionales” profundiza un discurso en dirección contraria a los deseos configurados desde el poder central: la discusión del borrador de la nueva ley dejará al descubierto ahora hasta qué distancia están dispuestos a correr los pies del plato.


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