El pasado viernes 27 de Julio se publicó en el Boletín Oficial de la Nación el decreto 1.277, que reglamenta la ley 26.741, llamada “de soberanía hidrocarburífera de la República Argentina”. Allí se estipula un Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, considerado por varios gobernadores de provincias productoras como una avanzada intervencionista del Gobierno nacional sobre el mercado petrolero.
La molestia de los gobernadores se debe a que la reforma constitucional de 1994 y la llamada “ley corta de hidrocarburos” promulgada en el 2006, concede la potestad sobre los recursos naturales a las provincias productoras; y el decreto 1.277 centraliza las decisiones, quitando autonomía a estas.
El decreto 1.277, en su primer artículo, explica que “el Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, tendrá como ejes estratégicos el incremento y la maximización de las inversiones y de los recursos empleados en exploración, explotación, refinación, transporte y comercialización de hidrocarburos para garantizar el autoabastecimiento y la sustentabilidad de la actividad en el corto, mediano y largo plazo; la integración del capital público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales; la promoción de la industrialización y la comercialización de los hidrocarburos con alto valor agregado y la protección de los intereses de los consumidores relacionados con el precio, calidad y disponibilidad de los derivados de hidrocarburos”.
Esta misma disposición crea la Comisión de Planificación y Coordinación estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburífera, que quedará a cargo del viceministro de Economía Axel Kicillof, junto al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno y del secretario de Energía, Daniel Cameron.
Repercusiones
Este decreto ha generado entre los gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos distintas opiniones. Unos se inclinan por afirmar que es una prueba de fuego para mostrar fidelidad a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Otros, en cambio, sostienen que la disponibilidad de los recursos hidrocarburíferos son facultades de las provincias, y hasta consideran que es necesario iniciar acciones judiciales.
Hay otras opiniones. Guillermo Pereyra, titular del gremio petrolero de Neuquén, La Pampa y Río Negro -considerado el mayor polo productor del país-, consideró que la designación del viceministro de Economía Axel Kicillof para que maneje los hidrocarburos “es una barbaridad que representa el avasallamiento a los estados productores”. El gremialista denunció, además, que “se están violando leyes fundamentales como la Constitución Nacional con sus respectivas reformas y la ley corta de hidrocarburos”.
También personas allegadas al gobernador de Chubut y presidente de la OFEPHI (entidad que nuclea a las 10 provincias productoras de hidrocarburos), Martín Buzzi, han reconocido que este decreto viola intereses provinciales. Sin embargo, se mostraron más conciliadores al afirmar que, “en los hechos, se transparentó una situación que se venía dando. Nos molesta que no nos hayan sumado (por los gobernadores), pero tampoco cambia mucho. No vamos a dar una señal de disconformidad desde la OFEPHI y ahora se va a probar quién es leal”.
También se puede destacar la opinión de Alfredo Cornejo, jefe del radicalismo mendocino, quien reconoció que la norma generó un amplio rechazo entre sus pares y adelantó que buscará la nulidad del decreto presidencial que otorga mayor potestad sobre las áreas petroleras provinciales a la Nación. Los ejes de la discusión son el federalismo y las potestades de las provincias.
“Queremos utilizar las herramientas y los medios necesarios para no llegar a declarar la inconstitucionalidad de este decreto”, afirmó el senador radical Ernesto Sanz.
También el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, opinó sobre este tema. Dijo que la reglamentación de la ley de soberanía hidrocarburífera “no es una intervención” del Estado, sino que solo se busca “una panificación inteligente” en el sector. Aclaró, además, que a las empresas “les exigimos que haya planes de inversión y producción, y que se cumplan las metas en los volúmenes de combustible producido”.
Las provincias productoras están tratando de poner en común sus posiciones, buscando alternativas jurídicas en conjunto frente a esta norma.
El apoyo a la estatización
Recordemos que el 4 de mayo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner rubricó el decreto 660, que promulgó la ley N§ 26.741 por la cual se expropió el 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) a la petrolera española Repsol. Esa norma ratificó que se busca la soberanía energética del país, por lo que se declaró de interés público nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos y el control accionario del Estado sobre la nueva YPF.
La Presidenta destacó que el Congreso Nacional aprobó la recuperación de la petrolera “por amplísima mayoría” y agradeció a la oposición por su voto “más allá de las diferencias”. Recordó además que el resultado de la votación “tuvo un apoyo que no había tenido otra ley desde el 2003 hasta la fecha”.
Lo cierto es que las provincias productoras de hidrocarburos fueron las primeras en apoyar la estatización de YPF, y ahora sienten que no existe el federalismo. Antes tenían independencia para decidir sobre la exploración y explotación de hidrocarburos en su territorio. Al no ser consultadas, entienden que con este decreto pierden esa capacidad de decisión. Los hechos lo dirán. Esto recién comienza en una actividad que aún necesita convencer a muchos inversores para lograr el autoabastecimiento energético perdido.
