El sistema eléctrico argentino está técnicamente quebrado.
Se multiplican los síntomas de cesación de pagos en toda la cadena, lo que va a terminar repercutiendo sobre las arcas públicas. O cambia la política energética o la crisis eléctrica fija su propia agenda.
La electricidad que consumimos en las fábricas, los comercios, los espacios públicos y en nuestras casas es producto de un proceso que incluye una etapa de generación (centrales térmicas, hidroeléctricas, nucleares, parques eólicos, etc.), de transporte (alta y media tensión) y de distribución (Edenor, Edesur, Edelap, distribuidoras provinciales, cooperativas).
La tarifa final que pagamos, excluidos los impuestos y tasas municipales, incluye un precio que se paga a los que “fabricaron” los electrones (generadores), una tarifa regulada que remunera el transporte y una tarifa regulada que remunera el servicio de distribución.
Es una industria que por la naturaleza de los bienes y servicios que presta (nada funciona sin electricidad) en todas partes del mundo está sujeta a fuertes regulaciones . En algunos países opera como industria integrada verticalmente desde la generación hasta el medidor de consumo, con fuerte participación del Estado en los distintos segmentos; en otros países se ha reorganizado separando la generación del transporte y la distribución, introduciendo mecanismos de competencia entre la producción y el consumo, regulando los monopolios naturales que imponen los cables y convocando actores privados a invertir en la cadena de valor.
Cualquiera sea la organización de la industria, si los ingresos no cubren los costos, primero las empresas dejan de ser rentables y pierden su capacidad de ser sujetos de crédito (no consiguen financiamiento), además de su vocación de seguir hundiendo capital (nuevas inversiones). Después comienzan a tener problemas operativos que deterioran la calidad del servicio y, por último, y a ni siquiera pueden afrontar el pago de los sueldos ni el pago a los proveedores que los preceden en la cadena de valor.
En la Argentina hemos llegado a esta situación de extrema gravedad.
Una década de eterna emergencia cortoplacista y una política de intervención discrecional en las reglas y en los precios han terminado fundiendo el sistema eléctrico . El ingreso total del sistema medido en megavatio hora es de alrededor 450$, pero el costo operativo de generar la electricidad, transportarla y distribuirla lo supera. De esos 450$ por MWh la tarifa que paga el conjunto de los usuarios aporta en promedio la mitad; la otra mitad son subsidios que el Tesoro solventa para que CAMMESSA (la compañía que opera el mercado mayorista) compense la diferencia de precio que pagan los distribuidores y el que deben recibir los generadores, compre combustibles (gasoil, fuel oil) cuando no hay gas y pague las importaciones eléctricas a varias veces el precio que se reconoce en el mercado doméstico.
El mecanismo agudizó su deterioro cuando el Estado Nacional decidió eliminar subsidios para aliviar las cuentas públicas sin ocuparse de la realidad de precios y tarifas del sector.
Aunque el proceso quedó a mitad de camino, la quita de subsidios alcanzó a algunos usuarios públicos que ahora deben pagar tarifas más altas . Si esos usuarios no les pagan las nuevas tarifas a las distribuidoras locales, éstas no le pueden pagar a CAMMESA.
Algunas distribuidoras provinciales, con tarifas sustancialmente más caras que Edenor y Edesur, también se han resistido a pasar los mayores costos de la electricidad mayorista a los usuarios alcanzados por el reacomodamiento tarifario. Otras distribuidoras provinciales ya ni siquiera pagan las tarifas subsidiadas. CAMMESA, la supuesta caja “estabilizadora” del sistema, trata de disimular algunos impagos transformándolos en créditos; pero en abril de este año, antes de que empiece el período de mayor demanda de fondos, ya arrastraba un déficit de 32.000 millones de pesos.
De prolongarse la situación, habrá que seguir imprimiendo billetes para mantener la ficción tarifaria al costo de una mayor inflación y una creciente degradación del servicio .
O habrá que decidirse a restablecer la viabilidad financiera del sistema con una recomposición de precios y tarifas . En las dos opciones hay costos políticos, pero sólo la última puede devolvernos una industria eléctrica al servicio del desarrollo.
