Para los especialistas, se aleja la “soberanía energética”

La decisión del Gobierno de crear una comisión que determinará las inversiones y los márgenes de ganancia de las empresas, y que también regulará los precios de los combustibles, podría hacer aún más difícil que el país alcance la soberanía energética, advierten los especialistas. El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, también se metieron en la polémica por el impacto que podrían generar estos mayores controles en las cuentas fiscales de las provinciales petroleras.

El ex secretario de Energía durante el mandato de Raúl Alfonsín, Jorge Lapeña, dijo que desde el punto de vista organizativo, el Gobierno está creando una comisión en el ámbito del Ministerio de Economía para manejar lo sustantivo del área energética y que Kicillof asume en los hechos como el nuevo secretario de Energía. “Por un lado esto implica admitir el fracaso de la política que se llevó adelante desde 2003 hasta acá, pero también admitir que los que condujeron la política fueron los responsables de los resultados que hoy tenemos”, agregó en diálogo con FM Milenium.

" La primera víctima es la propia YPF, que va a tener más dificultades para conseguir inversores. Y la segunda, el resto de la industria, que empezará a preguntarse por quién doblarán las campanas mañana , si terminarán estatizando a todo el sector”, estimó el ex presidente de YPF entre 1987 y 1989, Daniel Montamat. Una postura similar tuvo el ex secretario de Energía durante la presidencia de Fernando De la Rúa, Emilio Apud. En declaraciones radiales, dijo que esta política podría hacer aún más difícil que el país alcance la soberanía energética porque “esta medida de intervenir en los precios hace que se espanten las inversione s”. Las importaciones de combustibles alcanzaron los US$ 9.397 millones en 2011, mientras que en 2010 habían sido de US$ 4.474 millones y en 2009 de US$ 2.626 millones, según las cifras del INDEC.

El cineasta, también conocedor del sector petrolero, y diputado nacional de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas, sí respaldó la iniciativa oficia l. Dijo que “va en la línea de acabar con los tres decretos desreguladores de Carlos Menem” que “fijaban la libre disponibilidad del crudo (para las compañías)”. “Las empresas tienen la libre disponibilidad del petróleo, si quieren se lo llevan o se lo comen, es insólito” , manifestó en diálogo con radio Mitre . “El drama del gobierno este año es que la factura de la importación, entre gas y petróleo, será de 12 a 13 mil millones de dólares ”, aclaró.

Clarín informó ayer que existe preocupación en al menos tres provincias petroleras porque los gobernadores cobran regalías en función de lo que producen las compañías y si las empresas reciben menos por su producción, las provincias contarían con menos recursos en un contexto en que los números de las mayorías de las provincias dejaron de ser tan robustos. Macri dijo que con esta normativ a se “vuelve a atacar el federalismo, porque las provincias tenían independencia y con esto lo pierdan absolutamente”. “Esta reglamentación no es contra las provincias sino a favor.

Solamente si somos todas parte de un mismo barco, y trabajamos en forma articulada, nos va a ir bien”, le respondió el gobernador entrerriano a través de un comunicado.

Macri también dijo que la conformación de una comisión de control al sector “va a profundizar las causas por las cuales nos hemos transformado en importadores de energía en vez de exportadores”, mientras que Urribarri dijo que las empresas extranjeras que quieran invertir serán bienvenidas “pero no podrán seguir llevándose el 90% de las utilidades fuera del país, como lo hacía Repsol, produciendo un verdadero vaciamiento de nuestra energía”.

Entre la cancelación del Boden 2012 y la ley de hidrocarburos

Existen expectativas sobre varios asuntos de la economía en la coyuntura, entre ellos el próximo vencimiento y la cancelación del Boden 2012 por 2.300 millones de dólares, que cierra el proceso de endeudamiento público ideado para salir de la crítica situación de 2001/2002 . El Gobierno de Duhalde instrumentó la salida de aquella crisis en varios movimientos (políticos, económicos y sociales), con medidas económicas que incluyeron la devaluación con pesificación asimétrica, que benefició especialmente a grandes deudores del sistema financiero y compensó a los bancos y a los ahorristas (inversores). Todo con deuda pública y a costa del Presupuesto, es decir, del conjunto de la sociedad, que de ese modo subsidió a esos beneficiarios, una minoría. Se reiteró la tradicional concepción de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias.

Así, el costo de las medidas económicas se trasladaron en el tiempo (una década) con endeudamiento público, algo que había sido el reiterado mecanismo para el funcionamiento del capitalismo argentino en los años 90, el decenio de la convertibilidad, la apertura liberalizadora, las privatizaciones y el ajuste estructural. La cesación de pagos de fines de 2001 facilitó la medida, ya que no había acuciantes compromisos de pagos en el corto plazo (por lo menos hasta que se definiera el arreglo, lo que empezó a suceder desde 2005) y viabilizó la emisión de los títulos que fueron venciendo en este período, y que cierra un ciclo el próximo jueves 2/8. Esa nueva deuda ha sido pagada y termina cancelándose a expensas de los trabajadores, que con el deterioro estructural de sus ingresos transfirieron rentas hacia las ganancias empresarias, lo que explica la disímil evolución del ingreso de patrones y trabajadores.

Hay quienes relativizan el papel de la deuda pública. Dicen que ahora tiene menos peso en relación con el producto que en los períodos anteriores, algo que es cierto, pero insuficiente para considerar la condicionalidad estructural de la deuda. De hecho, los recursos para cancelar el Boden 2012 salen de una autorización para utilizar reservas internacionales del BCRA. Esas reservas se anuncian en torno de los 46.300 millones de dólares, claro que a ese monto debe restarse, entre otros aspectos, las letras emitidas por el Tesoro nacional por usar reservas para cancelar deuda pública. Son unos 33.000 millones de dólares que vencen en 2016 y 2022. Las reservas son entonces las que registra el BCRA, si y sólo si, el Estado nacional obtiene a futuro los recursos que hoy adeuda al BCRA. La deuda se está pagando con deuda, que se cancelará con recursos fiscales que tendrá que obtener el Estado. ¿De quién, de dónde? De la sociedad en su conjunto, obvio, y verificando que lo principal de la recaudación actual proviene de impuestos al consumo (como el IVA), aquellos que afectan a los sectores de menores ingresos. Para completar la información que relativiza las reservas, debemos adicionar unos 16.700 millones de dólares por adelantos transitorios por un año (renovables) facilitados por el BCRA al Tesoro nacional. Entre ambos conceptos de deuda del tesoro, títulos y adelantos, suman más que las reservas registradas. Un problema, sin duda, a contramano de quienes subestiman el peso de la deuda en la coyuntura, sin contar claro, las demandas del Club de París o los fondos buitre que no ingresaron al canje y que cada tanto ejercen presión con relativa complicidad de la justicia de EE.UU.

También genera expectativa en la coyuntura la reglamentación de la ley de hidrocarburos y la presencia de una comisión presidida por el viceministro de economía, Axel Kicillof. Las funciones serán las de intervenir en el mercado petrolero, en el seguimiento y control de las inversiones petroleras y en la determinación de variables claves del negocio petrolero, entre ellos la ganancia. Recordemos que YPF sólo representa 1/3 del negocio, y que el resto está en manos de transnacionales y grupos concentrados. Se trata de un tema estratégico, no sólo para el manejo soberano del petróleo, sino ante la crisis energética mundial en curso y la disputa mundial por las fuentes de hidrocarburos.

No es menor al respecto la reciente asociación entre la petrolera venezolana, PDVSA, e YPF. Los acuerdos suscriptos entre ambas empresas permitirán desarrollos conjuntos, claro que necesitados de la tecnología estadounidense, en manos de monopolios transnacionales dominadores del negocio petrolero mundial, tal el caso de Chevron. ¿Es posible pensar en desarrollos tecnológicos compartidos, incluso involucrando a otras petroleras estatales de la región? Resulta imprescindible pensar en investigación y desarrollo alternativos, fuera de la lógica mercantil que empujan las transnacionales y el poder económico. La formulación de una estrategia compartida de soberanía energética aparece imprescindible. En su momento, desde Caracas se sugirió la conformación de un política bautizada «Petroamérica» y que ahora parece haberse creado las condiciones para su extensión desde el acuerdo entre una veintena de países del Caribe y América Central a Sudamérica.

Lo señalado debe enmarcarse en la circunstancia que supone el ingreso formal de Venezuela al Mercosur, justo cuando desde Caracas se ratifica la «denuncia» a la pertenencia de Venezuela al CIADI, el ámbito del Banco Mundial que tiene en su seno las mayores demandas de transnacionales contra la Argentina y otros países de la región. Existen expectativas que la actitud de Caracas, en el camino que ya asumieron Bolivia y Ecuador, empuje a los socios del Mercosur en el mismo camino, especialmente cuando Brasil nunca se incorporó ni suscribió el protocolo de adhesión al CIADI. Muchos temas puede empujar Venezuela en su ingreso formal al Mercosur, quizá y sólo para destacar mencionemos al del Banco del Sur; las tratativas sobre nueva moneda regional, cuyos antecedentes remiten al Sistema de Pagos en Monedas locales suscripto entre Brasil y la Argentina desde 2008, incluso con su escaso desarrollo (es una iniciativa que pretende extenderse al conjunto del Mercosur); y un mayor vínculo con el SUCRE, la moneda para el intercambio comercial con monedas locales implementado por los países del ALBA.

Son temas coherentes con el insistente planteo desde el BCRA, o las autoridades económicas de la Argentina por desdolarizar la economía local. Es cierto que el Mercosur está atravesado por múltiples conflictos entre sus miembros, y ahora específicamente entre la Argentina y Uruguay a propósito del dragado del Río de la Plata, y recurrentemente entre protecciones y conflictos entre las partes, pero el ingreso de Venezuela renueva expectativas de potenciar la integración regional y claro, siempre existe el interrogante sobre quién influenciará más a quién ¿Si el rumbo por el socialismo que se promueve desde la revolución bolivariana o la impronta capitalista que anima el club de los fundadores del Mercosur?

Existe un nuevo tiempo en el debate por la integración, sin claridad ni definiciones precisas de articulación productiva y económica, pero no es menor que EE.UU. ya no defina en soledad el curso de acción a seguir, aun cuando mantiene regímenes amigables y sumisos a sus dictados. La agenda de la integración alternativa acompaña la demanda de transformaciones locales en cada país, y constituyen el programa a sustentar en el camino de la construcción de sujetos para profundizar el cambio político que define la coyuntura en nuestra América.

¿Quién vence a quién?

Las expectativas comentadas, sean por la cancelación de la deuda (aplaudida por acreedores), como las apuestas a la integración (petróleo y Venezuela en el Mercosur) son expresión de la confrontación existente en cada uno de nuestros países y en el destino común, compartido.

El interrogante del subtítulo remite a la formulación de Lenin en los difíciles momentos de la confrontación entre revolución y contrarrevolución, y que nos sirve a nosotros para pensar el momento actual de constitución de sujetos que asuman un programa transformador para el cambio en momentos de crisis capitalista.

Es que la crisis convoca al combate. Por eso es pertinente consultar e indagar sobre cómo nos preparamos para salir airosos. No hablo de la competencia olímpica, está claro, sino de la recurrente lucha sociopolítica, aquella que nominábamos como lucha de clases.

(*) Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas.

Garrote sin zanahoria en el sector petrolero

¿En qué se parece la ley 26741 de Expropiación de YPF del 2 de mayo de 2012 con la Ley de Emergencia Económica y reforma del régimen cambiario del 6 de enero de 2002? Básicamente en que estas leyes le dan al Poder Ejecutivo una potestad casi absoluta para tomar las decisiones que les parezcan más convenientes, según su libre albedrío.

A quienes en los años de juventud nos movilizaba la lectura de los “10 días que conmovieron al mundo”, de John Reed, este accionar nos recuerda aquel latiguillo que se iría convirtiendo en una desilusión: “Todo el poder a los Soviets”. Desilusión por un modelo que fracasó por completo con la caída del muro de Berlín, y que muchos nostálgicos quieren comparar con la crisis global que está sufriendo hoy día el capitalismo. Sólo una excusa para acentuar las políticas intervencionistas.

Pero a no rasgarse las vestiduras con la sanción del Decreto 1277, que regula la mencionada ley de expropiación. Este decreto no es sino la reglamentación de esa ley, votada por la amplia mayoría del Congreso Nacional, con excepción del PRO y algunos otros legisladores del peronismo disidente como Francisco de Narváez, además de Patricia Bullrich, y paremos de contar.

Bajo este paraguas regulatorio, la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones, conducida por los tres funcionarios que pelean por el clamor presidencial, se podrá controlar todas las decisiones empresariales, indagando en la contabilidad de las empresas, hasta el nivel de los márgenes que consideren ‘justos y razonables’.

Al momento del debate sobre la ley, junto con algunos especialistas que dieron su opinión calificada en el Congreso, manifesté mi disidencia. Consideraba que los efectos negativos de la expropiación serían peores que los beneficios, a pesar de considerar que Repsol no había sido un eficiente administrador de los recursos estatales asignados en concesión a YPF tras la privatización. Es más, el proceso de adquisición hostil por parte de Repsol habría tenido serios visos de corrupción por parte del poder político de turno. No obstante ello, consideré discriminatoria la expropiación sólo a Repsol, habida cuenta que otras firmas internacionales habían tenido igual de mal desempeño, pero que se facilitaba porque España estaba inmersa en una crisis gravísima, y se evaluaban costos menores respecto a lo que podía resultar de un enfrentamiento con firmas como Petrobras o Chevron. Una situación que traía alguna reminiscencia de la época de la Revolución de Mayo, con una España invadida por Napoleón.

Los primeros meses de gestión estatal de la nueva YPF están mostrando algo evidente: las inversiones extranjeras no son solidarias. Y para cumplir con un ambicioso plan de inversión se requiere o bien de incentivos al capital privado, o bien de un Estado con recursos excedentarios. Ambos requisitos están fallando, y se ha decidido apelar a un enfoque parcial del esquema del garrote y la zanahoria. Ahora es solo garrote.

Ni siquiera las provincias, que apoyaron la medida tendrán vela en este entierro. Nunca más apropiada la analogía, ya que esta industria requiere enterrar enormes sumas para obtener rentabilidad de largo pla zo, algo que en Argentina se reduce a unas pocas semanas.