Hoy, a las 10, la primera audiencia del debate, que se extenderá por siete meses
Llegó el día D para los familiares de las 193 víctimas del incendio de República Cromagnon y para los 15 acusados por su presunta responsabilidad en la tragedia que se desencadenó en el local de Once la noche del 30 de diciembre de 2004. Las causas que derivaron en esas muertes serán objeto de debate en un juicio oral y público que se ventilará a partir de hoy.

A las 10, comenzarán las audiencias, que se extenderán durante aproximadamente siete meses en el Palacio de Tribunales, en la sala donde tuvo lugar el histórico juicio a las juntas de la última dictadura militar, en 1985.

En el centro de la escena, como principales acusados, estarán Omar Chabán, explotador comercial del local, y los integrantes de la banda Callejeros, quienes llegan procesados por estrago doloso, delito que tiene una pena máxima de 20 años de prisión.

Están acusados de haber coorganizado el recital en un local que no cumplía los requisitos legales de autorización para funcionar como estadio para recitales de rock, que tenía su principal salida de emergencia cerrada, vencido el certificado contra incendio y los matafuegos descargados, y, más aún, de haber puesto a la venta 3500 entradas y haberles permitido entrar a más de 3000 fans , a pesar de que en Cromagnon, habilitado como "salón de baile clase C", la capacidad límite era de poco más de 1000 concurrentes.

La ausencia de inspecciones y la sospecha de que Chabán habría pagado coimas para lograr que su actividad comercial en Cromagnon no fuera alterada por eventuales operativos llevó también al banquillo de los acusados a varios ex funcionarios estatales. Entre ellos, a tres del gobierno porteño y a dos policías federales.

Se trata de Fabiana Fiszbin, subsecretaria de Control Comunal en el momento de la catástrofe, y de sus inmediatos subalternos Gustavo Torres (director general de Fiscalización y Control) y Ana María Fernández (segunda en esa dirección). A ellos se les imputa no haber ordenado hacer las inspecciones correspondientes, algo que podría haber evitado que la tragedia se consumara. Así, se les imputa el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Ese "no hacer" de parte de las autoridades comunales del área de control quebró definitivamente la gestión de gobierno de Aníbal Ibarra, al que la Legislatura de la ciudad destituyó por su responsabilidad política en el caso.

Por otro lado, el comisario Miguel Angel Belay y el subcomisario Carlos Díaz, jefe y subjefe de la seccional 7a., respectivamente, con jurisdicción en la zona de Once, llegan acusados por cohecho (haber recibido pagos ilegales para no hacer operativos en Cromagnon) y por estrago doloso, al igual que Chabán y Callejeros. Por el delito de cohecho, también está acusado Raúl Villarreal, estrecho colaborador de Chabán y, como éste, imputado por el estrago.

Los principales acusados ya comenzaron a esbozar sus estrategias de defensa. Chabán intentará instalar la certeza de que los únicos y verdaderos culpables de lo que sucedió son los espectadores que arrojaron las bengalas que encendieron la media sombra del techo. Callejeros, en tanto, tratará de dejar en claro que su papel en el show era sólo el de actuar.