Bolivia no espera "caída catastrófica" de minería

Helen Álvarez Virreira
La Paz, Bolivia

Amenazado por un ultimátum para iniciar la explotación de hierro en el Mutún, que enfrenta protestas cerca de la frontera con Brasil, y recibiendo el galanteo de varias empresas extranjeras interesadas en el litio del Salar de Uyuni, además de otros proyectos, el ministro boliviano de minería y metalurgia, Luis Alberto Echazú Alvarado, encara a quienes critican el desempeño de la minería en su país.

Con cifras en la mano, destaca que en los últimos tres años el incremento de la producción minera ha sido "gigantesco", a excepción del oro y la ulexita, y que las inversiones en el sector son las más altas de las dos últimas décadas.

La producción de plata, por ejemplo, subió de 418,5 toneladas métricas finas (TMF) en 2005 a 1.100 TMF en 2008

Pero no quiere adueñarse de "lauros ajenos", porque buena parte de los resultados favorables se deben a los buenos precios internacionales y a dos proyectos privados que vienen desarrollándose desde antes de la llegada de Evo Morales al gobierno: San Cristóbal y San Bartolomé, que explotan plata en el departamento de Potosí.

No pasa lo mismo con el estaño, ya que la recuperación de la producción, aunque "pequeña" -de 15.972 TMF en 2007 a 17.779 TMF en 2008-, se debe a la estatal mina de Huanuni, reactivada durante esta gestión gubernamental. En 2005, el yacimiento produjo 18.433 TMF.

Echazú también destaca el aporte de las 452 cooperativas mineras, en especial en la producción de wolfram, y de los mineros medianos y chicos que explotan, sobre todo, plomo y cobre.

La disminución de los precios afectará el desempeño de la minería, pero el ministro no cree que ocurra una "caída catastrófica". De todas maneras, él dice que la economía nacional cambió y que, a diferencia de años pasados, un "resfrío" de Estados Unidos, ya no significa una "pulmonía" en Bolivia.

Por ello, aseguró que en este tiempo de crisis ni un solo minero, de los más de cinco mil estatales, ha sido ni será despedido. En cambio, en 1986 la caída de los precios de los minerales significó el retiro de unos 23 mil mineros y redujo la actividad estatal a su mínima expresión.

La minería privada, a su vez, prescindió de unos 400 trabajadores, sobre todo por agotamiento de yacimientos, pero el impacto ya no es el de antes, pues ahora los mineros también son agricultores y constructores, y transitan de una actividad a la otra sin dificultad, argumenta el ministro.

La cartera de proyectos es amplia y Echazú confía en su ejecución. La explotación de hierro en el Mutún -departamento de Santacruz, cerca de la frontera­- por parte de la empresa india Jindal, se ha retrasado un año debido a las dificultades en la expropiación de tierras. Esto derivó en protestas del comité cívico de Puerto Suárez que amenaza con bloquear las rutas que unen al país con Brasil.

Entre otros proyectos grandes están el litio del Salar de Uyuni, en Potosí, que atrae a varias empresas interesadas en el litio, clave para producir baterías que impulsarían los carros eléctricos del futuro; ya existe un contrato de riesgo compartido con la estatal coreana Kores para producir cobre en Coro Coro, en el departamento de La Paz; la canadiense Apogee Minerals pretende duplicar la explotación de plata, plomo y zinc en Pulacayo, en Potosí, y en ese departamento también se encuentra la mina de plata y zinc San Vicente.

Terra Magazine: Hay un ultimátum para la entrega de tierras en concesión al proyecto de explotación del Mutún ¿qué avances hay en la negociación?

Luis Alberto Echazú Alvarado: Estamos avanzando. La empresa (ganadera) Ongole es la que no quiso suscribir un acuerdo que se pactó ya para agosto del año pasado. Hay una carta en la que dicen que están dispuestos a llegar a un acuerdo; deberían haberlo hecho en agosto, pero ya son seis meses. Ahora se está negociando en Santa Cruz algunos otros predios pequeños y con Ongole también. Esperamos cerrar en los próximos días o semanas, el acuerdo definitivo para luego entregar el área de contrato. Pero hemos avanzado mucho, porque en la mayor parte ya hay la firma de títulos y están en proceso de inscripción en Derechos Reales; con eso se les va a cancelar (por la expropiación de tierras).

También está pendiente el abastecimiento de gas y de agua...

Ese es un proyecto que está en el plan de Yacimientos (Petrolíferos Fiscales Bolivianos). YPFB tiene en su plan estratégico la provisión de gas con siete millones de metros cúbicos de gas por día para el Mutún y estamos también en el proyecto caminero y el Ministerio de Obras Públicas está en el proyecto ferroportuario. Cada ministerio con lo suyo para cumplir con las obligaciones que tiene el Estado boliviano en el contrato con Jindal.

¿Qué tiempo usted estima que esto pueda demorar?

Tres años más para que haya todo. En el plan de trabajo está producir acero al quinto año.

Hay críticas respecto a las inversiones en el sector minero ¿cómo las evalúa usted?

No es cierto que no ha habido inversiones en el gobierno del presidente Morales; al revés. ¿Por qué? Porque los precios han aumentado. 2007 es el año donde mayor inversión se ha hecho en minería desde el 85, 384 millones de dólares, y va a ser más porque se viene el Mutún. La empresa puede invertir unos 150 a 200 millones, sólo Jindal; la inversión pública va a ser unos 60 millones. Entre Jindal y Comibol más de 200 millones en este año.

¿Inversión extranjera?

Tenemos la inversión importante en Jindal, estimamos que puede ser de 100 a 200 millones dependiendo de cuán rápido se resuelva el problema del terreno. También estamos a la espera de la aprobación del contrato con los coreanos, una inversión de 10 millones de dólares en explotación en Corocoro. Apogee ha descubierto interesantes yacimientos en el sur, en Pulacayo; dependiendo del precio (de la plata) esa inversión puede ser más o menos. Creemos que la inversión minera extranjera este año está alrededor de 200 a 300 millones de dólares y dependiendo del precio puede subir mucho más. Hay mucho interés en el litio, este año no habrá inversión extranjera, pero en los próximos con seguridad que sí. Pero además hay otro tipo de inversión, en metalurgia, por ejemplo; explotaciones de desmontes. Las inversiones han de ser inferiores a las del 2007 y 2008 con seguridad, pero no catastróficamente como se dice de manera muy liviana.

Debo admitir que las condiciones para las empresas no son iguales a las del pasado, porque hemos subido impuestos y eso lo decimos con orgullo; lamentablemente, ha coincidido con la caída de los precios; pero la modificación tributaria no es irracional, contempla que al mismo tiempo que caen los precios cae la tributación también, porque si no, hacemos fracasar la minería. Pero lo nuevo es que cuando suben los precios a determinados niveles hay una alícuota adicional a las utilidades por precio alto, eso no había nunca, ahora sí hay. Antes esto era un paraíso para los privados y ni así invirtieron, es lo curioso ¿no?

Se sabe de varias minas tomadas, se habla incluso de unas 200 minas ocupadas, ¿cómo está viendo el Ministerio esta problemática?

En muchos casos son tomas de campesinos que nosotros no apoyamos porque son ilegales y eso saben ellos; pero en muchos casos se están llegando a acuerdos. En otros casos son disputas entre comunarios y ahí vemos también acuerdos. Es difícil porque nuestro gobierno no puede proceder, como en el pasado, a desalojar y hacer cumplir el derecho privado por encima de la vida de las personas. Eso hacían otros gobiernos. Nosotros no podemos tener esa política de entrar y barrer con los avasalladores. Nos preocupa y no apoyamos eso, y buscamos otro tipo de soluciones que lamentablemente son largas de alcanzar. Estamos llegando de a poco a acuerdos, en algunos lugares no se puede ni entrar, porque se han preparado, están con armas de fuego.

¿Y qué se está haciendo?

Nosotros tenemos un plan que lamentablemente no hemos podido cumplir porque muchas cosas se nos han venido. Estamos desarrollando y ya vamos a aprobar un reglamento de consulta pública, eso es empezar ya el entendimiento con consulta a los originarios y la consulta tiene que ver no solamente con aspectos técnicos, medioambientales, de recursos, temas culturales, o de la participación de ellos mismos en el emprendimiento como trabajadores, sino también con acuerdos políticos que queremos lograr entre todas las organizaciones nacionales de operadores y de indígenas y originarios, y finalmente que el presidente selle un compromiso que se vuelva ley.

¿Esto ya estaría dentro de la aplicación de la nueva Constitución Política del Estado que les da la decisión final de explotación a los pueblos indígenas?

Sí, pero es muy difícil, porque hay lugares donde, por más que lleguemos a un acuerdo, hay gente que no hace caso ni a sus organizaciones nacionales. Es un tema complejo y sobre todo cuando los precios son muy altos. Otra cosa que también ha ocurrido, que es injusta, y que tampoco apoyamos es que una comunidad lo echa a un minero chico que tiene seis o siete mineros; la comunidad los echa a patadas, y es grave porque es lanzarse contra la comunidad y el minero chico tiene pocos recursos. Es posible que haya bastante de eso. Es un tema bien complicado, porque al mismo tiempo hay razones en ellos; en muchos casos no es tampoco para invadir el yacimiento, apropiarse y explotarlo; en muchos casos sí lo es, pero en otros también es por la contaminación de las aguas, del terreno, y la verdad es que cooperativas y mineros chicos no tienen los recursos para hacer una explotación racional que contemple la mitigación, las tareas de mantener los equilibrios biológicos. En otros casos hay un afán lucrativo. La mina Himalaya ha sido preparada por un empresario alemán y cuando estaba todo listo se han entrado directo explotar un yacimiento que ha sido desarrollado por un privado. En eso nunca hemos estado de acuerdo y hemos rechazado siempre y esperamos lograr con estos acuerdos instrumentos que anulen el avasallamiento. Es una tarea de largo aliento.