En los más de 200 piquetes que hay en todo el país, ayer hubo más cortes de ruta y bloqueos al tránsito de camiones.
"Hasta el viernes tenía que estimular a la gente, ahora la tengo que tranquilizar", dice Alejandro Ferrero, representante de la Sociedad Rural en Marcos Juárez, Córdoba. Ver a los ocho ruralistas presos, y a los dirigentes políticos que apoyan a la protesta agropecuaria citados por la Justicia, levantó la temperatura en los piquetes de todo el país. Se potenció el paro del lunes. Y los ruralistas ya hablan de extender las medida de fuerza y de hacer otro acto masivo, como el de Rosario, el 20 de junio.
Ayer, en Saladillo, cortaban la ruta una hora si, una hora no. En Gualeguaychú y en Santa Rosa no dejaron pasar los camiones internacionales. En Concordia cerraban la ruta cada 15 minutos. En Paraná, los tractores se instalaron en el autódromo durante la carrera de TC. Camioneros de 25 de Mayo, General Alvear y Azul, armaron sus propios piquetes. En 9 de Julio (Bs.As.), hubo 200 metros de cola de transportes de carga. "Registramos más de 200 piquetes en las rutas de todo el país", aseguraron en Federación Agraria. En todos, la protesta fue más intensa que un día antes.
"Hubo mucha más gente que el viernes, antes de que se llevaran detenidos a nuestros compañeros", aseguraron los ruralistas que estaban ayer en la ruta 9, en San Pedro. De allí, el viernes la Prefectura se llevó preso al presidente de la Rural. "Ese hecho se sumó a la medida inconsulta de cambiar las retenciones sin cambiar nada, y los ánimos se encresparon", dijo un dirigente del agro. Con ironía, Eduardo Buzzi, de FAA, dijo: "Es constatable que cada una de las cosas que han hecho lo hicieron de una manera tan talentosa que les ha salido mal y lo más triste es que están actuando en contra de la mayoría de la población".
"Para nosotros, el 2008 ya está perdido productivamente, estamos para seguir en la protesta", aseguró el director entrerriano de la Sociedad Rural Argentina, Migue Etchevehere.
Ese ánimo, claro, provoca situaciones violentas. Como la escena que contó el camionero Mario Lizarazu, en Córdoba. En el retén de Sinsacate quisieron que se volviera al molino con su harina. "Me empezaron a desinflar las gomas, me querían sacar el gasoil del tanque, uno me pegó y me di a la fuga". Lo siguieron dos camionetas. Terminó en la comisaría de Villa Totoral.
Violencia que siguió a las situaciones también violentas que se dieron el viernes en la ruta 9. "Los arrestos fueron por sorteo, una clara consecuencia de la desesperación de la gente de Prefectura", aseguró ayer en el piquete de San Pedro Fabián Pascual, un gigantón de 2 metros de altura, que fue uno de los ocho detenidos y que hoy muestra las muñecas golpeadas por el forcejeo del viernes.
La pregunta es cómo sigue, en este ambiente, la protesta rural. Mañana debía terminar el paro y pasar a una etapa de reclamos en los municipios. Los entrerrianos de la Rural, por caso, propondrán extender el paro. "Lo tienen que analizar las asambleas, el lunes hay muchísimas", dicen en Federación Agraria cuando se les pregunta si propondrán lo mismo.
Otros apuntan un poco más lejos. En un piquete en Pinzón (Bs. As), Buzzi se refirió ayer a la idea de convocar para el próximo 20 de junio a un acto "masivo y federal que siga planteando la coparticipación". Un dato a tener en cuenta: Hugo Biolcatti, vicepresidente de la Sociedad Rural ya había propuesto la misma iniciativa: repetir el acto de Rosario, ahora el Día de la Bandera. El lunes se reúne la Mesa de Enlace de las cuatro entidades, y tomará una decisión al respecto.
Un acto que puede ser un test
Marcelo Canton
En los planes de los dirigentes rurales de la Mesa de Enlace, a partir de mañana arrancaba una etapa de menor tensión. A las 24 del lunes termina el paro que implica no vender granos y hacienda. Y debían pasar a otra fase: campamentos frente a los municipios del interior, para presionar a los intendentes. Las medidas anunciadas el jueves por el Gobierno y la intervención de la Justicia el viernes cambiaron el escenario. Y ahora tienen más presión de las bases para seguir la protesta. Corren un riesgo: ¿qué pasa si en el proyectado acto del 20 de junio reúnen menos gente que el 25 de mayo?
El paro continuaría después del lunes
La Nación, Buenos Aires
La Comisión de Enlace decidirá mañana si siguecon la medida de fuerza; sería para los granos y no para la hacienda
El tercer paro del campo contra la política agropecuaria del Gobierno podría extenderse más allá de mañana, según dijeron a LA NACION directivos de las entidades gremiales de productores. Es que el malestar de que se expresa en más de 200 concentraciones en las rutas y una veintena de actos en el interior va en aumento, porque consideran que el gobierno de Cristina Kirchner no hizo lugar a sus reclamos y porque creen que anteayer se inició una ofensiva judicial contra los dirigentes del campo y los políticos opositores.
La posibilidad de extender el paro será debatida mañana por la Comisión de Enlace que integran Confederaciones Rurales, la Sociedad Rural, Federación Agraria y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro).
Según pudo establecer LA NACION, ayer hubo contactos telefónicos entre por lo menos tres presidentes de las entidades para evaluar la posibilidad de continuar con el paro.
Algunos de esos directivos se dedicaron en las últimas 48 horas a recorrer concentraciones y encabezar actos de productores. Así, auscultaron de primera mano el ánimo de los chacareros y comprobaron que hay voluntad de endurecer la protesta. "El ánimo de la gente está para más, la discusión está instalada", reconoció el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi.
Buzzi estuvo ayer en las localidades bonaerenses de Lincoln, Salto, Rojas, General Arenales y en las santafecinas de Teodelina, Alcorta y Santa Teresa. "Los productores tienen voluntad de seguir", dijo el dirigente, que prefirió no adelantarse a la decisión que tomará la comisión de enlace.
El paro continuaría bajo la forma del cese de comercialización de granos, pero no de ganado vacuno. "Hay zonas con mucha sequía y la gente necesita sacar hacienda de los campos", reconoció otro dirigente rural.
Pero los ruralistas, federados y cooperativistas no quieren agotar su estrategia en la protesta, sino que intentan abrir una vía de diálogo. El martes próximo se reunirán con el defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, para que procure habilitar una instancia de negociación con el Gobierno. "No buscamos una mediación sino una vía institucional", aclaró Buzzi.
Por su parte, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Pedro Apaolaza, reconoció "que se está evaluando" la posibilidad de extender la medida de fuerza por dos o tres días más. El dirigente informó a LA NACION que Carbap elevará esa propuesta a la comisión de enlace. "La gente no quiere que esto se diluya", dijo Apaolaza.
Cronograma
El martes pasado, la Comisión de Enlace diagramó un cronograma del nuevo plan de lucha que consistió en el cese de comercialización de granos y de hacienda hasta mañana y desde el martes la instalación de carpas en los pueblos para esclarecer a la población sobre los reclamos del campo. Además, se invitó al comercio y a la industria del interior a un cese de actividades mañana. En esta acción se sumarán los trabajadores de las industrias de la maquinaria agrícola que están en serio riesgo de perder su fuente laboral ante la caída de la actividad económica en la agroindustria. Los actos más importantes se harán en Monte Maíz (Córdoba) y en Armstrong (Santa Fe).
"Las actitudes del Gobierno le echan más nafta al fuego", dijo el vicepresidente de Confederaciones Rurales, Néstor Roulet.
El dirigente consideró que "al desaliento de la carne y de la leche que ve desde hace tres años ahora, con la suba de retenciones, se sumó el desaliento agrícola". El malestar en la actividad ganadera, dijo, se evidencia en los valores del mercado. "Por una vaca se está pagando 180 pesos, lo mismo que por un par de zapatillas", graficó.
Respecto del desaliento que domina hoy el ánimo de los productores, Roulet relató: "Un productor de Jesús María se compró a principios de marzo una sembradora que cuesta 110.000 dólares y dio una seña por US$ 10.000, con la suba de retenciones canceló la operación y prefirió perder la seña y arreglar su máquina vieja antes de clavarse con algo que no sabía si iba a poder pagar".
Respecto de los sucesos de San Pedro, por su parte, el vicepresidente de la Sociedad Rural, Hugo Luis Biolcati, consideró: "fue una provocación más, con la clara intención de llevarnos a una confrontación y provocar una reacción violenta, pero por suerte eso no sucedió y no es nuestra intención seguirles el juego ni mucho menos".
Biolcati, que estuvo presente en una asamblea en Coronel Suárez, opinó que los anuncios del jueves pasado son "una nueva mentira, muy grande y mal presentada".
Por Cristian Mira
Lo dispuso la Justicia. Apresaron a ocho productores en San Pedro acusándolos de incendiar pastizales. Y a la bonaerense Stolbizer y la santafesina Alarcón, por haber participado en marzo de un piquete en la ruta 9.
Por: Santiago Fioriti
Los productores agropecuarios dijeron que realizaban un "banderazo" como protesta por la falta de soluciones en el conflicto por las retenciones. La Justicia, en cambio, los acusó de haber quemado pastizales al borde de la ruta 9, en San Pedro. Lo cierto es que la Prefectura desalojó ayer por la tarde la ruta y detuvo a ocho manifestantes durante ocho horas. Los ruralistas denunciaron que los efectivos los golpearon con cascos y escudos y que esposaron a los sospechosos "al azar".
En forma paralela, la ofensiva judicial del Gobierno alcanzó a la oposición: un fiscal citó a declarar a la radical Margarita Stolbizer, socia de Elisa Carrió en la provincia de Buenos Aires, y a la ex diputada María del Carmen Alarcón, enemiga del oficialismo desde que en 2006 la echaron del bloque K por expresar que estaba en contra de la política agropecuaria de Néstor Kirchner.
La Justicia también citó al intendente de San Pedro, el radical K Mario Barbieri y a los presidentes de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, y de Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Llambías. A todos, el fiscal federal de San Nicolás, Juan Murray, les imputa haber cortado rutas en el piquete del 19 de marzo en San Pedro, una semana después de que el Gobierno anunció el plan de retenciones móviles.
Fuentes de la Coalición Cívica aseguraron a Clarín que Murray tiene un pasado en el Frepaso y que mantiene fuertes vínculos con el kirchnerismo. En la UCR también lo asociaron con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Las detenciones de Raúl Victores (presidente de la Sociedad Rural de San Pedro), Juan Morrese, Fernando Morrese, Rufino Victores, Reynaldo Bianchini, Juan Kislin, Fabián Pascual y Alberto Batalla se produjeron cerca de las 15 en el kilómetro 153 de la ruta 9. "Es una locura lo que hizo Prefectura. Los efectivos nos cercaron, nos atacaron con violencia y se llevaron presos a los que pudieron", contó Juan Batalla, hijo de uno de los detenidos.
En un principio, el abogado de los detenidos, Marcelo Di Leo, señaló que se les imputaban varios delitos: estrago, atentado y resistencia a la autoridad y entorpecimiento de las vías de comunicación terrestre. Pero, una vez que la noticia tomó estado público —según fuentes kirchneristas a las que tuvo acceso Clarín—, hubo funcionarios del Gobierno que evaluaron que el impacto "iba a ser negativo" y se habrían comunicado con la Fiscalía para comentar esa impresión.
Casualidad o no, el fiscal les retiró las imputaciones por atentado y resistencia a la autoridad y posibilitó, así, la liberación de los ocho productores, que comenzó poco antes de la medianoche.
El delito de entorpecimiento de las vías de comunicación terrestre es el que prevé el artículo 194 del Código Penal, casualmente el mismo que compromete a las opositoras Stolbizer y Alarcón y cuya pena es hasta dos años de prisión, aunque es excarcelable. Ni Stolbizer ni Alarcón parecían dar crédito a la citación.
"No cometí ningún delito, ni siquiera corté la ruta. Esto es gravísimo porque hay intencionalidad política y persecución", consideró Stolbizer, quien anoche mostraba sus manos manchadas de negro, luego de pasar por una comisaría de Morón para completar su ficha dactilar.
La ex diputada Alarcón, integrante del grupo Pampa Sur y funcionaria del gobernador santafesino Hermes Binner, también se mostró "sorprendida" por la citación y la asoció con un acto "intimidatorio" ya que, dijo, ella nunca cortó rutas. En su paso por el Congreso, Alarcón había presidido la Comisión de Agricultura, un cargo del que fue destituida en mayo de 2006 como consecuencia de sus críticas.
Después de tres horas de declaración, Alarcón hizo un llamado de alerta por el tenor de las preguntas que le hicieron en la Policía Federal, a instancias del juez federal: "Me preguntaron por cuestiones de mi vida privada: dónde vivía, cómo era mi casa, cuánto ganaba, con quién vivía y de qué trabajaba mi hija".
Sospechas sobre la ley flexible
Fernando Gonzalez
El corte de rutas es un delito. Así lo dice la ley, aunque en la Argentina de estos tiempos casi nunca se aplica para castigarlo. Ayer, sin embargo, fue uno de esos días en los que la ley se aplicó. Por pedido de un fiscal, la Prefectura metió presos a ocho productores rurales en conflicto con el Gobierno y la Policía les tomó declaración a dos dirigentes opositoras: Margarita Stolbizer y María del Carmen Alarcón. Algo que casi nunca sucedió con el bloqueo de puentes en Gualeguaychú o con los cortes de ruta de los piqueteros K. La sospecha es simple. La ley es flexible cuando se trata de amigos.
Detienen a ruralistas y se agrava la crisis
La Nación, Buenos Aires
www.lanacion.com.ar
La Prefectura arrestó a ocho productores en San Pedro, acusados de cortar la ruta; a medianoche ordenaron liberarlos; un fiscal imputó a los jefes de las entidades agrarias y a dos ex legisladoras en una causa por una manifestación de marzo
El conflicto entre el campo y el gobierno se judicializó. Ayer por la tarde, la Justicia detuvo a ocho productores rurales, acusados de cortar la ruta 9 y de incendiar pastizales a un costado del camino en la zona de Río Tala, en San Pedro. A raíz de estas detenciones, los ruralistas endurecieron las protestas en diversas rutas de Buenos Aires y Entre Ríos.
Mientras aquellos productores eran llevados al juzgado federal de San Nicolás, con jurisdicción en la zona, el fiscal federal de ese distrito, Juan Murray, imputó a las ex diputadas Margarita Stolbizer y María del Carmen Alarcón, al intendente de San Pedro Mario Barbieri y a los presidentes de las cuatro entidades del agro por su presunta responsablidad en un corte de la ruta 9, realizado en marzo a la altura de San Pedro.
Por la mañana, durante el acto en conmemoración del bautismo de fuego de la Gendarmería durante la guerra de las islas Malvinas, el ministro de Justicia y Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se había referido a la decisión de enviar a la fuerza de seguridad a las zonas donde podrían producirse cortes de rutas. "La Gendarmería seguirá actuando con las reglas de juego claras que siempre ha puesto este gobierno", dijo. Al ser consultado sobre si podría haber desalojos en las rutas ocupadas, Fernández dijo que esa posibilidad "tiene que ver con decisiones judiciales".
Horas después, efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura, otra fuerza a cargo de Fernández, detuvieron a los productores rurales en San Pedro. A partir del informe que recibió de ellos, el fiscal federal Murray ordenó la detención de los chacareros debido a que se habrían negado a liberar la ruta.
Los productores fueron llevados al juzgado federal de San Nicolás. El juez Carlos Villafuerte Ruzo dispuso esta medianoche que fueran liberados en forma provisional mientras sigue la investigación.
Los detenidos fueron identificados como Raúl Victores (presidente de la Sociedad Rural local), su hijo Rufino; Juan y Fernando Morreres, Alberto Batalla, Reynaldo Bianchini, Fabián Pascual y Juan Kissling. Familiares de ellos, que se reunieron a protestar frente al juzgado, afirmaron que no tuvieron nada que ver con los hechos por los que se los acusaba.
"Estábamos haciendo un banderazo al costado de la autopista, sin causar ningún problema, sin siquiera poner un pie en la ruta, cuando nos rodeó la gente del Grupo Albatros y, sin darnos tiempo para nada, nos empezaron a correr para detenernos", relató a LA NACION Fabio Morreres.
"A mi papá, que tiene 65 años y está enfermo, lo tumbaron al piso y lo inmovilizaron aplastándolo con el escudo -siguió- y a mi hermano, que pegó la vuelta para defender a mi viejo, lo agarraron entre dos y lo esposaron. Fue todo muy rápido. En un minuto se los habían llevado presos a los dos."
En solidaridad con los detenidos, ruralistas de San Pedro se volcaron a la ruta 9 y cortaron el tránsito. A la medianoche seguían allí a la espera de que los detenidos regresaran desde el juzgado.
Contra productores y políticos
Todos los productores agropecuarios y políticos que participaron del acto y de la caravana en San Pedro el 19 de marzo fueron citados a declarar como imputados a San Nicolás por el fiscal Murray, a raíz de otra causa que instruye por el corte de la ruta 9 realizado durante esa manifestación.
Eduardo Buzzi (Federación Agraria), Mario Llambías (Confederaciones Rurales Argentinas), Fernando Gioino (Coninagro) y Luciano Miguens (Sociedad Rural Argentina) deberán presentarse a declarar ante el fiscal Murray, que impulsa la acción penal. Lo mismo corre para María del Carmen Alarcón, integrante del grupo Pampa Sur y secretaria de Integración de Santa Fe, y la ex diputada Stolbizer, aliada de Elisa Carrió en la Coalición Cívica. Según el artículo 353 del Código Procesal Penal, esa citación no implica ni la detención ni el procesamiento de los imputados.
Por Gustavo Carabajal
