Importantes definiciones del Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI) en su Declaración de Acapulco. El ente regional abordó los desafíos de la actividad en el difícil contexto actual e hizo un llamado a la continuidad de políticas proactivas, diálogo social y a crear condiciones para la sustentabilidad de la actividad en América Latina.

La declaración completa de OLAMI

La Asamblea General del Organismo Latinoamericano de Minería –OLAMI reunida en la ciudad de Acapulco, México, a los quince días del mes de octubre de 2013, reafirmando su compromiso con el cumplimiento de las Metas del Milenio y el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y considerando que:

- América Latina posee el 15% de la superficie terrestre mundial, el 9% de la población del planeta, genera el 8,7% del PIB y que es uno de los distritos mineros más relevantes del orbe;

- La región ha sido receptora de un monto significativo de recursos destinados a la exploración minera y a la inversión en proyectos productivos;

- La crisis mundial que se registra actualmente afecta la demanda de materias primas y, consecuentemente, a la inversión en exploración y al desarrollo de nuevos proyectos mineros;

- La minería es esencial para el desarrollo económico y social de los pueblos y, desarrollada de manera responsable, contribuye significativamente a la superación de la pobreza;

- En el marco global actual es indispensable asegurar la continuidad de las actividades mineras y, consecuentemente, de las cadenas de valor que genera.

- El desarrollo sostenible y la minería responsable deben incluir aspectos sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales;

- Los gobiernos deben reglamentar e implementar procesos de consulta viables que se apliquen a la actividad minera;

- Es necesario fortalecer y preservar la institucionalidad minera y la seguridad jurídica de los países;

- En la región latinoamericana reconocemos la existencia de diversos grados de desarrollo minero asociados a institucionalidades propias de cada país;

Por ello, resolvemos instar a todos los actores concernientes a:

- Generar espacios para la discusión y análisis de las cargas impositivas que se aplican a la minería, considerando aspectos tales como competitividad, ciclos de los precios, costos, infraestructura básica, empleo, abastecimiento de materias primas, etc.

- Mejorar la distribución y aplicación de los beneficios generados por la actividad minera.

- Establecer marcos jurídicos adecuados y estables que propicien el desarrollo del sector y la continuidad de las operaciones actuales.

- Reglamentar la aplicación de procesos de consulta en consenso con los actores involucrados.

- Promover la formación de recursos humanos calificados.

- Generar y participar activamente en espacios de diálogo para un desarrollo minero responsable.

- Acordar principios que guíen la conducta de todos los actores en los aspectos sociales, ambientales y económicos.

- Difundir información técnica sobre la actividad minera en forma veraz y accesible para la comunidad en general.

- Propiciar la vinculación a nivel continental de las instancias institucionales públicas y privadas como espacio imprescindible para el análisis y la coordinación de temas sectoriales.

- Propiciar políticas mineras de estado que promuevan la contribución al desarrollo sustentable, incentivando la competitividad de la industria.