Argentina intimó a Uruguay y Mujica rechazará el reclamo

La relación con Uruguay volvió a la oscuridad ayer con la intimación que el canciller Héctor Timerman le envió al presidente José Mujica, reclamándole que “de inmediato” quite el permiso que había concedido a la empresa finlandesa UPM (ex Botnia) para que aumente su producción de pasta celulosa en su planta de Fray Bentos, o que, de lo contrario el Gobierno volvería a la Corte Internacional de Justicia.

A su vez, fuentes en el Gobierno uruguayo señalaron a Clarín que entre hoy y mañana responderán por escrito que mantedrán la posición de dejar a UPM aumentar su producción, y rechazando el argumento argentino explicarán sus razones .

“Si hay que ir a La Haya iremos”, afirman en Montevideo desde que se escucharon las primeras amenazas argentinas. El mecanismo de enviar una nota seguirá el utilizado por Timerman, que envió ayer una carta a la embajada oriental en Buenos Aires. El embajador Guillermo Pomi estaba anoche en Montevideo.

Con Cristina Kirchner convaleciente, la notificación del ultimátum fue trabajada por Timerman con el secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini. La Cancillería la informó por comunicado, que llegó un día después del revuelo que causó la denuncia de Uruguay de que Argentina les exige inexplicadas visas de trabajo a artistas uruguayos (ver Quejas...).

Desde que comunicó su decisión a Cristina el 30 de septiembre cuando se vieron en Buenos Aires, Mujica se mostró inflexible con su decisión de autorizar el aumento de producción a UPM en 100.000 toneladas -la mitad de lo pedido por la pastera- y que fue oficializada el 2 de octubre con una resolución del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial (MVOTMA). En Montevideo siguen afirmando que el gobierno argentino hace un manejo “electoral” del tema.

El comunicado del Gobierno Nacional señaló que “lamenta” esa medida. Y dijo que “reclama que, de inmediato, el Gobierno uruguayo deje sin efecto” la resolución, “produzca la información pendiente” y se “atenga al procedimiento de información y consulta” de los artículos 7 al 12 del binacional Estatuto del Río Uruguay. De lo contrario volverá a La Haya invocando el artículo 60 del Estatuto. Timerman no publicó esta vez cifras unilaterales sobre la presunta contaminación del río, que Uruguay rechaza.

Durante varios días, incluso después de la reunión Cristina-Mujica, los países intentaron reabrir el diálogo. Los gualeguaychenses volvieron a presionar. El miércoles pasado, Timerman apareció por segunda vez en menos en una semana en la Rosada con el gobernador entrerriano Sergio Uribarri e intimó a Mujica a retrotraer su decisión. De lo contrario, La Haya. Allí el país enjuició a Uruguay por considerar que había violado el Estatuto del Río al instalar pasteras. Pero Argentina no logró un fallo que relocalizara la planta, en funcionamiento desde fines de 2007, y con una producción de 1 millón de toneladas anuales. “¿Ultimatum? El único que da un ultimátum es Dios”, respondió Mujica a Timerman la semana pasada.

Para los especialistas, los datos ambientales son confusos y opacos

"Información poco clara", "confusión en el manejo de los datos" y "enormes sospechas". Todas estas variables confluyen en la impresión generalizada que por estos días tienen en forma coincidente los especialistas en medio ambiente al evaluar los informes que emitió la Argentina sobre la presunta contaminación de la empresa UPM (ex Botnia) en el río Uruguay.

Las lecturas críticas de los informes que emitió el canciller Héctor Timerman sobre los desechos de la pastera en el río Uruguay provienen de sectores de los más variados del espectro político.

Por ejemplo, el ex embajador Raúl Estrada Oyuela, que fue desplazado en 2007 de su cargo de representante especial para Asuntos Ambientales de la Cancillería, expresó ayer a LA NACION que "el Gobierno introdujo un manto de oscuridad y sospechas" cuando decidió por resolución unilateral que las actas de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) serían reservadas. Así lo definió el canciller Héctor Timerman en 2006 por medio de una resolución que se hizo retroactiva a todos los informes de 2002 a la fecha.

No es casual que en Uruguay todas las críticas sobre "manejos oscuros" en la CARU apunten al representante argentino en esa comisión, el entrerriano Hernán Orduna, quien sistemáticamente se niega a hablar con la prensa.

"En los informes que dio a conocer Timerman se descargaron análisis del agua del río que ya viene contaminada por Brasil y la Argentina por la descarga de agroquímicos y otras basuras", dijo Estrada Oyuela.

En esta misma línea de análisis, Juan Carlos Villalonga, de la ONG Los Verdes, explicó a LA NACION que "todo indica que los niveles de contaminación del lado uruguayo serían aceptables", aunque reconoció que la información que dio Timerman resulta "confusa y poco confiable".

Por todos estos motivos Villalonga se preguntó: "Si Timerman tenía datos en 2011 que mostraban contaminación en el río, ¿por qué no lo denunció y decidió esperar hasta ahora?". El especialista en temas ambientales cree que los índices de contaminación del río del lado uruguayo no serían alarmantes.

Villalonga también graficó que la puja entre Uruguay y la Argentina por la pastera UPM "nos pone en el peor de los mundos porque sólo recibimos información confusa y parcial".

Por otra parte, Hernán Giardini, de Greenpeace, coincidió en que "los informes que emitió son poco claros" y puso en dudas la voluntad política del canciller Timerman de erradicar la contaminación del río. "Resulta extraño que el Gobierno se ocupe ahora de la contaminación de la pastera cuando en su momento desoyó los reclamos que hicimos para poner en marcha una política de producción limpia de las empresas de celulosa tanto en Uruguay como en la Argentina", dijo Giardini a LA NACION.

En este sentido, el referente de Greenpeace en la Argentina sostuvo que el plan de producción limpia que nunca aceptó el Gobierno consistía en una producción libre de cloro y con forestación sustentable en el largo plazo..