El senado provincial aprobó ayer el proyecto a través del que le solicita al Fiscal de Estado, Carlos Bertorello, que informe sobre el estado de la instancia judicial que Catamarca entabló contra Salta, por las diferencias limítrofes entre los departamentos Antofagasta de la Sierra y Los Andes, respectivamente, en la zona del Salar de Diablillos.
El pliego es autoría del representante de ese departamento en la cámara alta, Luis Rodríguez, en relación al conflicto que se produjo en diciembre de 2007, cuando magistrados de ambas provincias cedieron simultáneamente autorizaciones para la explotación minera en la zona de alta riqueza en litio. Específicamente, el juez salteño Daniel Marchetti dio en concesión el yacimiento Cerro Bayo a la firma canadiense Silver Standard, mientras que su par catamarqueño la había cedido a Agua Blanca S.A.
Esto generó el planteo de Catamarca ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmando que la provincia del norte se entrometió en territorio ajeno, igual que con los recursos naturales. Ante esto, los magistrados del alto órgano judicial aceptaron su competencia en la materia, lo que fue interpretado por Bertorello como un reconocimiento de la legitimidad de la postura catamarqueña sobre la vigencia de los límites establecidos y del rango judicial del planteo. Asimismo, se reclamó el inmediato cese de las actividades de explotación de los recursos naturales en la zona, así como el ‘re-amojonamiento’ del área en cuestión, que sería de unos 10 kilómetros.
Ahora, con la aprobación en general y en particular del pliego de Resolución por parte del Senado, Bertorello deberá informar a los legisladores sobre el estado actual del trámite judicial.
La controversia entre ambas provincias se remonta a los tiempos en que el territorio nacional de Los Andes se dividió en tres fracciones, en los años ‘40, que fueron anexadas a los departamentos Antofagasta de la Sierra, Los Andes, y Susques, en Jujuy.