Minería de oro en Sudáfrica amenazada por la silicosis

Miles de ex mineros de oro que sufren de silicosis han puesto en marcha una demanda colectiva en Sudáfrica, en lo que podría convertirse en el hundimiento del maltrecho y vital sector minero del país. Con enormes costes operativos y conflictos laborales interminables, 30 compañías mineras de oro enfrentaron el mes pasado litigios por parte de miles de antiguos empleados de la minería del oro.

Los demandantes en su mayoría obreros negros emigrantes de lejanos poblados montañosos de Sudáfrica y de países cercanos al parecer contrajeron la enfermedad pulmonar mientras trabajaban en labores de perforación en las minas.

Con más de 17.000 demandantes esta demanda colectiva se esta convirtiendo en la mayor de la historia legal de Sudáfrica. La lista crece a un ritmo de 500 personas mensuales. Cálculos académicos estiman que unas 280.000 personas han trabajado en las minas de oro durante un mínimo de 10 años, tiempo suficiente para inhalar cantidades peligrosas de polvo de sílice. Cuando se esta expuesto por mucho tiempo a cantidades excesivas, el polvo se queda encerrado en los pulmones lo que resulta en silicosis, una enfermedad que no tiene cura conocida.

Los síntomas incluyen dificultad para respirar, dolores en el pecho y tos persistente y los enfermos son más susceptibles a otras enfermedades pulmonares como la tuberculosis. Las investigaciones han demostrado que entre un 20 y un 30 por ciento de todos los trabajadores de las mina de oro han podido contraer silicosis.

Los activistas sostienen que la enfermedad es prevenible, si las compañías invirtieran en la seguridad de las minas ya que la enfermedad ha sido prácticamente erradicada en otros países donde se operan minas de oro, como en Australia, Estados Unidos o Gran Bretaña.

Pero en Sudáfrica miles de personas cada año, son inhabilitadas por esta enfermedad. Si los mineros tienen éxito con su demanda, le podría costar a la industria minera aurífera que opera en Sudáfrica millones de dólares, pero los expertos advierten que también podría costar puestos de trabajo.

Algunos activistas argumentan que el gobierno también debería ser acusado de complicidad ya que son los que otorgan las regalías mineras y recaudan los impuestos.