Villa Carlos Paz.- El gobierno nacional desembolsará un total de 25 millones de dólares para sanear la ex mina uranífera de Los Gigantes, según informaron los voceros de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), quienes podrán en marcha un programa de remediación ambiental con un crédito millonario del Banco Mundial. Las tareas de saneamiento también se encararán en la planta de Dioxitek, ubicada en la zona de Alta Córdoba, donde se encuentran depositadas varias toneladas de desechos tóxicos radiactivos, extraídos del polémico yacimiento "Schlagintweit".
A través del Programa de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio (PRAMU), se definirán las acciones en el corto, mediano y largo plazo, tendientes a regularizar la situación en la mina que se encuentra en el corazón del macizo. Una de las prioridades del equipo técnico que está trabajando en el proyecto, será hallar un destino adecuado para las colas de uranio, lixiviados, lodos, estériles y minerales marginales que persisten en Los Gigantes y en los tambores de Dioxitek en Córdoba.
Para ello, los especialistas están realizando estudios periódicos en el yacimiento con la asistencia de la consultora norteamericana Development Conmunications Consultants, que está recogiendo la información sobre el desastre natural que se produjo en la cuenca del lago San Roque y evalúa las distintas alternativas para hallar una solución definitiva a la problemática. Asimismo, se estará analizando la posición de la sociedad cordobesa en torno a la situación desatada en las montañas.
"El objetivo es lograr con el menor impacto posible que en todos aquellos sitios en los cuales se desarrollaron actividades intrínsecas a la minería del uranio, se restituya el ambiente natural. La CNEA ya ha realizado varios estudios en las tierras y recursos hídricos circundantes a la ex mina de uranio de Los Gigantes, sin detectar graves daños en la flora y fauna de la zona"; explicaron desde la CNEA, para precisar que "el piletón más grande que conserva los líquidos y lodos sobrantes del proceso de elaboración de uranio, se ha diluido de tal forma con los miles de litros de lluvia caídos en los últimos 22 años que el agua acumulada es consumida por aves, vacunos y otros animales".
Si bien se desconocen aún las características concretas del programa y el plazo establecido por los técnicos, todo indica que sería poco probable el traslado de los residuos tóxicos hacia una nueva locación. Los materiales vinculados a la explotación uranífera serían conservados en los mismos sitios donde se encuentran, aunque se aplicarían nuevas medidas de seguridad para garantizar que no "atentarán" contra la salud de los cordobeses o contra los recursos naturales de la región.
La desenfrenada búsqueda de uranio en el macizo Los Gigantes, entre 1978 y 1991, generó en el Valle de Punilla una contaminación difícil de superar. Y es que durante aquellos años y bajo el modelo neoliberal, la Argentina intentó privatizar sus centrales nucleares y seducir a las empresas interesadas en Atucha y Embalse de Río Tercero, ofreciendo un "depósito" de desechos nucleares.
Un dossier que tuvo faja de "Secreto de Estado" durante los años menemistas, alegaba que Los Gigantes cumplía con los requisitos para un depositario, aduciendo resultados de un monitoreo radiológico ambiental realizado entre el 12 y 16 de mayo de 1997. Por haber logrado este extraño privilegio, los cordobeses padecieron tragedias como la contaminación uranífera de sus aguas y la pérdida radioactiva generada en la central de Río Tercero. La explotación de la mina de uranio ha sido causante de la mayor contaminación radiactiva en cursos de agua en América del Sur, cuando entre 1982 y 1985 se arrojaron a la cuenca del lago San Roque cerca de 300.000 millones de litros de líquidos ácidos que contenían trazas de uranio, radio, radón y otros tóxicos usados en la mina.
Actualmente, se estima que la ex mina de uranio de Los Gigantes (que explotó la empresa Sánchez Granel), tiene almacenado "a cielo abierto" un total de 2.400.000 toneladas de colas de uranio, 1.000.000 toneladas de estériles, 600.000 toneladas de minerales marginales, 101.360 metros cúbicos de lodos y 100.000 metros cúbicos de líquidos. En tanto, en la planta de Dioxitek están depositados 31.500 metros cúbicos de colas que quedaron de la elaboración de dióxido de uranio.
Con los pies de uranio
El terror implantado por el "Proceso de Reorganización Nacional", (1976/1983), no dejó espacio para someter a juicio otras aberraciones cometidas durante la cruenta dictadura militar. También llegó la muerte para la producción nacional. La soberbia de un plan desarrollado a oscuras no tuvo contemplaciones por nada, ni nadie. Y todo cayó bajo las garras depredadoras y simplistas de un objetivo sobredimensionado, mezquino y sin futuro: el proyecto de expansión en energía atómica que llevó adelante "la dictadura". Se establecieron pautas que fueron lapidarias y en ese marco, la Comisión Nacional de Energía Atómica hizo un enorme esfuerzo para cumplir con las políticas de trabajo que impusieron los militares, que buscaban combustible para sus dos centrales nucleares. El primer dilema que debió sortear la CNEA ante los "apurados objetivos" fue el hallazgo de reservas de uranio para el hipotético abastecimiento de las cinco centrales nucleares en un futuro inmediato. Dentro de una campaña de exploración que, consumió 40.000 horas de vuelo de reconocimiento, se detectaron tres minas. En la ciudad de Cosquín, se reconoció una, que se llamó "Rodolfo", mientras que otra, fue detectada en el macizo Los Gigantes, (2.374 m.) y se la identificó como "Schlagintweit", en memoria de un geólogo que trabajó en la zona en los años 60. Algunos años más tarde, surgió el yacimiento "María Rosa", a tan sólo 10 kilómetros del "Schlagintweit".
Una historia de daños
En agosto de 1985, el entonces titular de la CNEA, Alberto Costantini, admitió la contaminación química en la cuenca originada en el complejo de Los Gigantes. El reconocimiento de la CNEA coincidió con la declinación del rendimiento del Schlagintweit. La empresa dejó de entregar uranio pero cobraba igual; y ante el reclamo dio a conocer, indirectamente, la realidad sobre el impacto ambiental que venía provocando. En 1986 se inició el esclarecimiento de los daños que ocasionaba la planta. Una cascada de denuncias por contaminación acorraló a Sánchez Granel, que sólo tuvo tiempo para armar la plataforma de lanzamiento de explotación de oro en la Provincia de San Luis.
Ese año aparecieron algunos síntomas como la mortandad de peces. Cardúmenes completos de Pejerrey y otras especies emergieron muertos en las costas. La rescisión del contrato llegó recién en 1991, y pese a que la CNEA recibió sólo el 40% de lo acordado, Sánchez Granel recibió el 100%.
Tentación de erradicar una ciudad
El "Rodolfo" generó un serio debate dentro de la CNEA. Hubo un sector "duro" de técnicos y marinos que quiso explotarlo y propuso trasladar la ciudad de Cosquín. La postura de "los duros" se sustentaba en que era radimétricamente explotable con un valor radiactivo alto y floraciones a superficie en ciertos barrios. La explotación hubiera significado la desaparición de Cosquín que posee 17.000 habitantes y está a 720 metros sobre el nivel de mar, aunque primó en la CNEA la postura del grupo de técnicos que admitió complicaciones técnicas en la explotación y sostuvo que el impacto sobre la zona turística más importante de Córdoba resultaría una empresa "tremenda".
