El intendente Néstor Di Pierro reiteró en varias oportunidades durante los últimos días que la comuna elevó un listado de 30 puntos, entre observaciones y exigencias, para tener en cuenta en el tratamiento del marco regulatorio de la actividad minera e hidrocarburífera.
Mientras los puntos más promocionados de la lista son los vinculados con una mejor distribución de la renta y una reparación histórica a la ciudad, las observaciones también incluyen las cuestiones ambientales, de participación y autoridad de Comodoro; e incluso correcciones de forma al proyecto original.
Los puntos elevados por la ciudad son concretamente 32, de los que sin dudas el más notorio, dada la discusión provincial sobre el tema, se plantea con los números 29 y 30. En el primero de ellos se pide que la zona individualizada como “b” en el artículo 22 del marco quede excluida de la actividad minera, “sin excepción”, quedando dicha zona como restringida a la minería a cielo abierto y la utilización de cianuro o cualquier otro elemento contaminante en cualquiera de los procesos de extracción, explotación, elaboración y/o producción.
La zona establecida en el mencionado artículo 22 es la que se extiende entre los paralelos 44° 30° y 46° Latitud Sur, el Meridiano 69° Longitud Oeste y el límite Este de la provincia, donde la ley provincial pretende desarrollar la actividad minera.
A grandes rasgos, tal polígono abarca desde el límite sur de la provincia hacia algunos kilómetros al norte de Garayalde, y desde el océano hasta Sarmiento, pasando la línea concretamente entre medio de los lagos Musters y Colhue Huapi.
PARTICIPACION Y POTESTADES
Además de tales prohibiciones, el listado comodorense dedica cinco de sus 32 puntos a la defensa de la participación y potestades de la ciudad.
Las exigencias prevén la participación de representantes municipales, “con carácter permanente”, en los organismos de elaboración, ejecución y control de las políticas hidrocarburíferas, mineras y ambientales vinculadas al recurso, lo que indirectamente representa al Ministerio de Hidrocarburos, además del planteo de que la Municipalidad deberá tener un representante dentro de Petrominera, otro en el Consejo Provincial Minero Ambiental, y un restante en la administración del fondo a constituirse.
En lo que a la autarquía municipal se refiere, se plantea la obligatoriedad en el reconocimiento “expreso” de la potestad tributaria municipal -no solo en impuestos y tasas sino también en materia de servidumbres (vedepim)- y también de la potestad en materia ambiental y de la normativa ambiental municipal cuando correspondiere.
PASIVOS AMBIENTALES Y SOCIALES
Entre los aportes del Ejecutivo municipal al Marco Regulatorio se plantean diez ejes vinculados con los pasivos ambientales y sociales inclusive. El primero de ellos apunta a que el marco regulatorio contemple la restauración ambiental en todas las etapas del proyecto, tanto minero como hidrocarburífero.
También pide mayor especificidad de los permisos y usos del agua, consignando que “se deberá solicitar el reuso de agua para los procesos industriales y no se podrá utilizar agua potable”.
Se subraya además que las prácticas ambientales no solo tienen que cumplir las exigencias ambientales provinciales, sino también las municipales cuando corresponda, y reprocha que la prevención y restauración ambiental sólo contempla los emprendimientos y no a los yacimientos en operación.
Expone, por otra parte, que debe incluirse expresamente un programa de abandono de pozos de hidrocarburo, y el saneamiento de los pasivos ambientales existentes en el ejido de Comodoro Rivadavia, como también “los pasivos sociales”.
Por último, y entre otros ejes, determina que no se podrá revertir un área hasta que se hagan las remediaciones ambientales de cada emprendimiento, tanto minero como hidrocarburífero.
El bloque de diputados radicales reclama al presidente de la Legislatura del Chubut, Gustavo Mac Karthy, que confirme la fecha y hora para la realización del encuentro en el que se concretará la interpelación al ministro provincial de Hidrocarburos, Ezequiel Cufré y el interventor de Petrominera Chubut, Oscar Cretini, respecto al proyecto de marco regulatorio minero y petrolero que el Ejecutivo apunta a implementar en la provincia.
Hace 10 días se aprobó la realización de la interpelación, sin embargo a la fecha aún no se conocen detalles al respecto. El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Roberto Risso, remitió una nota a Mac Karthy, y pidió confirmación de la fecha y hora para la realización del encuentro.
La presencia de los funcionarios del Poder Ejecutivo fue aprobada en la Cámara de Diputados el 4 de setiembre y se plasmó en la resolución 192/12.
“Leemos y escuchamos abundantes declaraciones de que se atenderán todas las inquietudes y de que hay vocación de aclarar todas las dudas. Por eso creemos oportuno acelerar este mecanismo democrático en el ámbito natural de debate”, señaló Risso.
El titular del bloque radical, por otra parte, pidió “tratamiento preferencial” para tres proyectos derivados a comisión a los presidentes de las mismas, María José Llanes y Adolfo Mariñanco.
La solicitud a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia está vinculada con el proyecto N° 114/12 enviado por el Poder Ejecutivo Provincial y que tiene como objeto la reforma y normalización de Petrominera Chubut Sociedad del Estado.
Se reitera también el pedido de tratamiento del Proyecto de Ley N° 050/12 presentado por el Bloque de Diputados de la UCR, referente al sistema de medición de la producción petrolera.
Al presidente de la Comisión de Legislación Social, Salud, Derechos Humanos y Deportes, en tanto, se requiere otorgar tratamiento preferencial al Proyecto de Ley N° 111/12 sobre Prevención y Erradicación de la Violencia en el Ambito Laboral.
Como se indicó, la aspiración de una mejor distribución de la renta y la reparación histórica son los ejes que más trascendencia cobraron con la sociabilización del marco regulatorio. Entre el listado de observaciones comodorenses, son concretamente 12 los puntos planteados vinculados a la renta y los ingresos.
Dos puntos directos de regalías hidrocarburíferas extraordinarias para los municipios de la cuenca es uno de los pedidos, modificando el punto único que plantea el texto original, y se plantea por supuesto el reconocimiento por reparación histórica a Comodoro Rivadavia, y que la misma se dé “en cada renegociación de contrato”.
Se promueve además la coparticipación de “regalías hidrocarburíferas extraordinarias” (mal denominado “aporte” a los fondos provinciales) provenientes de la renegociación con Pan American Energy, que implica una liquidación de un 3% extra que la Provincia no redistribuye en la actualidad.
También se pretende la coparticipación a los municipios de la cuenca del valor de las regalías que correspondieran en el caso de que la autoridad de aplicación optara por recibirlas en especie, y se plantea la apertura de dos fondos, uno por actividad (minera e hidrocarburífera), con afectación a inversiones y posterior distribución en las áreas y municipios donde se genera el recurso.
Se plantea la coparticipación del canon por transporte y almacenaje de hidrocarburos, la coparticipación del 4% de aporte especial de empresas que vendan bienes o presten servicios vinculados a la actividad hidrocarburífera entre los municipios de la cuenca y se sugiere que la distribución del fondo a generar debería volver en obras de infraestructura para las ciudades próximas a las explotaciones, y no con dinero a la población.
Vale recordar en este punto que Provincia propone la distribución del equivalente a un salario mínimo vital y móvil para cada chubutense mayor de 18 años.
Uno de los puntos señala que las garantías que abonan las empresas deben calcularse sobre el monto de inversión del proyecto, declarados en el estudio de impacto ambiental, y que se debería pagar regalías en función del valor del mercado nacional e internacional y no de boca de mina como plantea actualmente el marco, sugiriendo que además sería conveniente promocionar el procesamiento dentro de la provincia de Chubut.
Se plantea por último la creación de un “fondo anticíclico” para la actividad petrolera, y la imposición del “compre local” para empresas radicadas en la provincia.
