Las casualidades existen y esta es una de ellas. El fiscal federal Federico Delgado, quien investigó el presunto secuestro, fue quien a principios de julio de este año pidió la elevación a juicio oral de la causa en la que el empresario Sergio Taselli es investigado por el desvío de fondos y subsidios del Estado, lo que derivó presuntamente en el vaciamiento de Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
Delgado imputó a Taselli los delitos de “defraudación por administración fraudulenta, con el agravante de haber perjudicado a la administración pública”.
Según el dictamen elevado al juez que entiende en la causa, Sergio Torres, Taselli es responsable del “caos administrativo generado intencionalmente para ganar discrecionalidad” y, de esa manera, “los subsidios públicos, previstos para salarios y obras de mantenimiento, fueron desviados a empresas vinculadas con el grupo Taselli”.
Ello desembocó en “el vaciamiento de Yacimientos Carboníferos Río Turbio SA” (YCRT), empresa cuya presidencia ejercía Taselli. Al investigado se le imputa la compra millonaria de maquinaria inútil para la explotación del yacimiento y por “simular el refuerzo del patrimonio para lograr la recepción de los correspondientes subsidios” provenientes del Estado.
Según el fiscal, Taselli “es responsable de las maniobras defraudatorias desplegadas en su carácter de presidente de Yacimientos Carboníferos Río Turbio con relación a la administración del complejo carbonífero, ferroviario y portuario”, cuya privatización se ordenó en 1993, durante el gobierno de Carlos Menem.
Las maniobras que Delgado atribuye a Taselli “menoscabaron el erario público”, ya que “tuvo a su cargo la administración de los bienes e intereses pecuniarios del Estado nacional que se encontraban implicados en la explotación de la concesión del yacimiento carbonífero, y omitiendo deliberadamente los deberes que a su cargo surgían del acuerdo, perjudicó dolosamente los intereses que le fueron confiados en procura de un beneficio para sí”.
