Economía exige mayor plazo para monitorear balances de empresas
BAE - Por Pablo Waisberg
El Ministerio de Economía comenzó a pedir a cada una de las empresas donde el Estado tiene acciones que envíe los balances y estados contables para ordenarlos prolijamente en una oficina que funcionará con la asistencia de la biblioteca de la cartera. Los llamados telefónicos, que realizan directamente desde la conducción del área, sorprendieron a varios empresarios, que no están acostumbrados a enviar esa información para que sea ordenada y clasificada para consultas futuras.
Junto con esa instrucción, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, envió un mensaje claro a las 41 empresas privadas para que entreguen toda la información necesaria 72 horas antes de cada reunión de directorio: “Si la información no está con esa antelación, los directores estatales votarán en contra. Todo en contra”. Los empresarios se quejaron, se excusaron en que no tenían recursos para procesar la información con la velocidad necesaria para cumplir con ese plazo de entrega y recibieron otra respuesta: “Les enviamos personal para completar la tarea”.
Táctica. “Que yo sepa nadie aceptó ese ofrecimiento y todos empezamos a acelerar los plazos para cumplir con la nueva meta”, explicó a BAE una fuente privada que comenzó a “sufrir” –así definió al nuevo régimen– los pedidos del equipo técnico que responde a Kicillof y que tiene como lugartenientes al subsecretario de Programación Macroeconómica, Emmanuel Álvarez Agis, y al subsecretario de Coordinación Económica y Mejora de la Competitividad, Augusto Costa.
Hasta ahora, era común –reconocieron dos empresarios– que la información para las reuniones de directorio se compartiera unas horas antes de la reunión. Eso impedía estudiar los balances y estados contables, pero negaron que ése fuera el objetivo, sino que “es difícil tener un detalle preciso casi en tiempo real”. Más allá de las explicaciones, según los plazos legales esa documentación debe entregarse cinco días antes de las reuniones.
Pero los empresarios fueron encontrando la forma de cumplir con el nuevo plazo de tres días pedido por el equipo de Economía –todos provenientes del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda)–, cuyo vértice es Álvarez Agis. Eso explica por qué, cuando se renovaron y nombraron nuevos directores en mayo pasado, pasó a ocupar sillas en los directorios de Edenor, Pampa Energía y Transener.
Estrategia. Sobre Costa, el interlocutor designado por el Gobierno para hablar con las empresas con directores estatales, recaen las tareas de analizar la “actualización de los archivos de cada empresa en los aspectos relacionados con actas de asambleas, actas de directorio, balances auditados, informes de gestión, presupuestos anuales e inversiones” y sus estados contables.
A él responde ahora la coordinadora de la Biblioteca del Ministerio de Economía, Stella Maris Zoppi, que se encargó de llamar a cada una de las firmas donde hay un representante del Estado para que envíe la información económica. Esa oficina funcionará en sintonía entre el área de Costa y los especialistas en catalogar, ordenar y registrar.
El objetivo, que definieron en el Gobierno, es simple: tener a mano toda la información para poder establecer de primera mano, sin mayores complicaciones y con el mayor grado de certeza posible, el estado de una empresa, prever comportamientos y trazar estrategias de acción.
Preparan un nuevo equipo de abogados
El equipo económico para seguir de cerca el curso de las empresas donde el Estado tiene acciones ya está completo y funcionando. “Ahora falta conformar un equipo de abogados”, indicaron fuentes oficiales. Sobre eso está trabajando uno de los nuevos directores estatales en MetroGAS, Cristian Girard, quien está en representación de la ANSES, pero reporta al viceministro Axel Kicillof.
Lo que se plantearon los economistas es tener un equipo similar al de ellos, pero de letrados, que trabaje a la par y complemente la labor del puñado de abogados del Ministerio de Economía, que son los que actualmente cumplen la función de asesoría legal.
El problema que tienen los técnicos surgidos del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda) es que carecen de abogados entre sus filas. Por eso recurrieron a La Cámpora, organización que integran aunque no son considerados “camporistas puros”, para completar esos casilleros.
Allí jugará un rol importante el secretario de Justicia, Julián Álvarez, que tuvo un estudio jurídico con el diputado nacional Eduardo “Wado” De Pedro.
Álvarez es uno de los “camporistas puros”, que tiene una estrecha relación con Mariano Recalde, a quien reemplazó como abogado de la Juventud Sindical cuando éste debió asumir al frente de Aerolíneas Argentinas. En ese rol fue, además, nexo entre los gremios y los jóvenes camporistas.
