El Gobierno impuso topes salariales y una escala de retenciones a los directores que representen al Estado en empresas privadas de diversos sectores.
Los sueldos de estos directivos, que participan de las asambleas de accionistas de las compañías en las que el Estado tiene participación, no podrán superar los 40.000 pesos, de acuerdo con una fórmula establecida por el Ejecutivo.
En caso de que algún directivo tenga actualmente un salario mayor a ese monto, la diferencia será destinada al Fondo Nacional del Menor y la Familia, según una nueva normativa oficial difundida ayer.
El Estado Nacional tiene participación en un grupo de 28 empresas privadas, entre las que figuran Gas Natural Ban, Edenor, Telecom, Metrogas, Banco Macro, Siderar, Consultatio y Petrobras Energía, entre otras.
