Algo de eso pasó el viernes cuando las provincias petroleras se enteraron por el Boletín Oficial de que desde ahora toda cuestión referida a hidrocarburos será competencia de tres funcionarios. Los secretarios de Comercio Interior y Energía, Guillermo Moreno y Daniel Cameron, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, serán los que revisen desde las ganancias hasta los planes de inversión de las petroleras. Hasta el viernes, cuando se publicó la reglamentación de la ley mediante la que se confiscó YPF, los planes de inversión y mucho de lo que tiene que ver con la producción, era facultad de las provincias, titulares del dominio de los subsuelos desde la reforma constitucional de 19944.
Los distritos provinciales, dueños del petróleo, no tendrán ninguna silla en la nueva estructura estatal. Algo similar sucedió con YPF cuando el Gobierno dijo que las provincias serían dueñas de la mitad de la porción que confiscaba. Hasta ahora no hubo traspaso de acciones, sólo un par de sillas en el directorio de la petrolera.
El viernes, después de que el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, presentó una página en la que se puede consultar los subsidios a los colectivos, no fueron pocos los que miraron de reojo la experiencia del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, con el traspaso del subterráneo.
"Semejante detalle en la distribución del subsidio tiene una finalidad: traspasar esas erogaciones", dijo ayer un gobernador a LA NACION después de conocer los alcances del sitio presentado por Randazzo. Claro que la queja vino después: "Nosotros no creamos un esquema de transporte dependiente de los subsidios, pero ahora, cuando no haya más plata, vamos a tener que pagarlo".
El retraso de los fondos para pagar el aguinaldo en Buenos Aires y el reclamo de Córdoba para que se le cancele una deuda que la Nación mantiene con ella son dos ejemplos de la pelea por la centralización del dinero. Dos provincias mostraron sus problemas en público, pero son 24 las que los tienen..
El gobernador de Córdoba, José de la Sota presentará hoy un reclamo formal ante la Corte Suprema de Justicia para que la Nación le pague una deuda de $ 1.040 millones más los intereses, que la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) le adeuda por partidas destinadas a la caja jubilatoria provincial que no fueron enviadas durante 2011.
El martes pasado, el titular de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, Osvaldo Giordano; y el jefe de Gabinete provincial, Oscar González, presentaron en la Legislatura cordobesa un informe acerca del estado del organismo previsional y de la intención de recurrir a la Justicia para reclamar la deuda.
Fuentes del Gobierno delasotista confiaron a Clarín que el escrito que llevará en persona el fiscal de Estado, Jorge Córdoba, al máximo tribunal argentino consta de unas 30 páginas, además de los anexos con la documentación avalando el cuestionamiento al organismo presidido por Diego Bossio.
En diciembre de 2009, el gobernador Juan Schiaretti y la presidenta Cristina Fernández habían firmado el convenio 80/09, referido a la armonización y el financiamiento del sistema previsional cordobés.
Durante 2010, la Nación le giró a Córdoba $ 350 millones en efectivo y doce cuotas correspondientes a ese año, pero en marzo de 2011 dejó de enviarle dinero.
En agosto del año pasado, Schiaretti ya tenía lista la demanda judicial reclamando por esa deuda, pero no fue presentada dado que De la Sota acababa de ser electo gobernador por tercera vez, con apoyo de Cristina, y se abría una nueva instancia de negociación.
Desde que asumió, hace siete meses y medio, el gobernador cordobés amenazó varias veces con recurrir a la Corte Suprema. En el medio, envió dos cartas-documento a la Casa Rosada y hasta propuso canjear esa deuda de 2011 por $ 1.040 millones por obra pública. Nunca recibió respuestas por parte del Gobierno nacional.
El miércoles de la semana pasada, José de la Sota le envió una carta al jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manuel Abal Medina. En esa nota le recordó al funcionario que la provincia había presentado oportunamente ante la ANSeS “un detallado informe de la deuda que mantiene ese organismo” con la Caja de Jubilaciones de Córdoba por 1.040 millones de pesos, acumulada durante 2011. Ese año -dijo en la carta- “no se giró un solo peso” por lo que la provincia tuvo que pagar “con recursos propios” los haberes a todos los jubilados.
Esta situación implicó que el año pasado el Tesoro provincial pasó a financiar el 82% del déficit previsional y el aporte de la ANSeS se redujo a 9%, contrariamente a lo que venía ocurriendo en años anteriores.
En la carta, el gobernador reclamó también “cobrar los importes correspondientes a 2012”, que calculó en 583 millones de pesos.
Además pidió el pago de otros 600 millones de pesos “invertidos por la provincia en obras federales” que fueron “autorizadas por el Gobierno nacional, que han sido realizadas y están pendientes de pago”, precisó. Tras recordar que la provincia en los últimos siete meses no había “conseguido soluciones a nuestro pacífico reclamo”, el mandatario remarcó que seguirá “dialogando y recurriendo a los poderes de la República para recuperar lo que es de nuestra gente”.
En el entorno del gobernador, la carta fue considerada “el paso previo” al juicio ante la Corte, ya que descontaban que no habría respuesta de la Casa Rosada.
Por Mario Cafiero EX DIPUTADO PROYECTO SUR
Nos costó 70 años de guerras civiles entre provincias para adoptar un sistema federal de gobierno. En los últimos 20 años se lo ha destrozado, distorsionando todo el andamiaje impositivo federal e instaurando en los hechos un modelo centralista, Entre 1991 y 2010 a las provincias se las despojó de no menos de 460.000 millones de pesos, que el gobierno nacional destinó al pago de su deuda.
Se equilibraron las cuentas nacionales a costa de desequilibrar las provinciales . Durante el gobierno de los Kirchner se centralizó más el manejo de la “caja”, la transferencia automática se suplantó por la relación “política”. Hoy el sistema federal de gobierno está agonizando y Cristina Kirchner demuestra que quiere darle los últimos empujones, como lo refleja la crisis de Buenos Aires.
Entre 1991-2010 nos quitaron de la coparticipación más de 140.000 millones pesos y Scioli jamás lo reclamó ante la Corte. En su gestión aumentó casi al doble la deuda provincial. Y acaba de volver a endeudarse para pagar los aguinaldos. Pero el absurdo total es que le pide prestado a quien en realidad lo está despojando injustamente , aplicando un pacto que ya perdió vigencia. El Pacto Federal I (1992) quitó a las provincias el 15% de la masa de impuestos coparticipables con el objeto de financiar la privatización del sistema jubilatorio. Al estatizarse en el 2008 el sistema, ese pacto ha perdido vigencia y esos recursos deberían haber vuelto a las provincias, no como préstamos con intereses, sino como recursos coparticipados genuinos. Estos parches sólo estiran una asfixiante agonía.
Es hora de defender los intereses de todos los bonaerenses. En realidad de los 40 millones de provincianos, porque la crisis es también para Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, etc.
El problema es entre todas las provincias y la Nación.
Una ley vigente establece que sólo hace falta que tres provincias acuerden para iniciar la discusión de la Coparticipación Federal de Impuestos, pendiente desde 1994. Es hora de que la hermana mayor se ponga al frente del reclamo.
