Por Roberto Mendoza especial para La Opinión Austral
El año 2012 comenzó cargado de conflictos y protestas antimineras en distintos puntos del país.
Si bien la decisión de varios gobiernos provinciales de iniciar el camino de la explotación de recursos no renovables en sus propias jurisdicciones –cambiando, en algunos casos, leyes que habían sido aprobadas sin demasiado debate y mucho menos conocimiento de la actividad– hacía prever cierta resistencia de los sectores más radicalizados, la multiplicación de protestas contrarias a la actividad y su nacionalización, tomó a más de uno por sorpresa, y muchas de las reacciones de gobierno y empresas –aunque sean eficaces y sirvan para establecer un diálogo necesario– dejan la sensación de que fueron tardías.
Así, al conflicto provocado en La Rioja con la empresa Osisko, que había acordado explorar el cordón Famatina con el gobierno provincial (“Osisko debe pedir perdón y sacar pasaje de vuelta”, afirmó el periodista especializado Claudio Gutiérrez), le siguieron manifestaciones en Andalgalá, Bariloche y en muchos centros turísticos donde los argentinos pasan habitualmente sus vacaciones.
Cuando ya parecía que la situación se desbordaría, llegaron los paños fríos, y muchos representantes de la industria salieron al ruedo, para explicar de qué se trata esta industria y cuánta desinformación hay detrás de las consignas y eslóganes de quienes se oponen a su desarrollo, hasta que la propia Presidente de la Nación, primero en un acto protocolar y luego en el discurso de apertura de sesiones ordinarias, destacó la importancia de la minería en el crecimiento del país y reclamó un diálogo serio y profundo, que se nutra de la ya larga experiencia en diversas provincias, como en Santa Cruz, donde luego de más de 13 años de explotación, Cerro Vanguardia continúa produciendo sin que haya aparecido ni uno solo de los grandes males que pronostican sus detractores.
Paralelamente, las provincias que cuentan con actividad minera y la respaldan en sus propios territorios, decidieron asumir esa postura ante todo el país, conformando la Organización Federal de estados Mineros (OFEMI), una entidad que servirá para establecer procesos, conductas y controles comunes, e intercambio de experiencias.
En apariencia, se ha entrado en un proceso de diálogo, lo que siempre es bienvenido, más cuando hasta hoy, pareciera que los que están a favor y quienes se oponen, son como teléfonos descompuestos, que no se comunican entre sí y solo utilizan las tribunas para llevar gente a su propia causa.
Un prerrequisito obligado
La minería necesita siempre de licencia social. Es decir, desarrollarse en una comunidad que la acepte, la integre y aproveche su impulso.
Para obtener esa licencia, empresas y Estado se deben someter al debate, a explicar hasta lo más básico, a desmitificar y educar.
Levantar el dedo señalando a otras actividades productivas como más o menos dañinas, o destacar la importancia de los minerales en la vida cotidiana, pueden ser argumentos válidos en un debate o un foro, pero no producen efecto directo en la obtención de esa licencia.
Porque quienes se oponen a esta noble industria, no dicen que no quieren que haya minería ni sus productos. Lo que piden es que se haga en otra parte.
El silencio no es salud
Hoy el ciudadano medio argentino mira con resquemor y prejuicio a la minería. Las duras acusaciones de que ha sido objeto, equiparándola poco menos que con el apocalipsis, han golpeado fuerte, y lo seguirán haciendo mientras no se encaren decididamente políticas de comunicación y diálogo con las comunidades y también con los habitantes de las grandes ciudades, que es donde generalmente se toman la decisiones.
Porque para obtener licencia social no hay que hacer campañas publicitarias: hay que hablar, explicar, mostrar y así construir consensos.
Las empresas deben apostar al diálogo, los proveedores a sentirse parte de una industria que les permite crecer, los gobiernos a explicar clara y decididamente por qué apuestan a la minería.
En este inicio de 2012, la industria ha visto que ninguna protesta o conflicto le es ajeno, aunque ocurra a miles de kilómetros de distancia y aunque en su propia zona de influencia cuente con apoyo comunitario.
Y así como en cada piquete antiminero y en cada marcha se encuentran los asambleístas patagónicos, los del NOA y los de las grandes ciudades, deberán confluir los actores de la industria para explicar, aclarar y mostrar, con los hechos que hoy ya tienen a mano –luego de más de diez años de producción en distintos yacimientos– que la minería no es el demonio, sino una opción viable para seguir apostando, como país, al desarrollo sostenible.
