Diariocrítico de Argentina
por Daniel Meilán - Geólogo - ex Secretario de Minería de la Nación
A comienzos de la década del 90 la producción Nacional Minera era de aproximadamente 500 millones de dólares y la exportación no superaba los 30 millones.
La minería se concentraba en la pampa húmeda, resultado de la explotación de las rocas de aplicación y minerales industriales localizados principalmente en las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Casi seguramente, de haberle preguntado en ese momento, a cualquier ciudadano argentino, cual era la provincia más minera del país, difícilmente nos hubiera contestado, Buenos Aires. .... Pues así era.
La Argentina, clasificada mundialmente en el 5/6º lugar, por su potencial geológico-minero, hasta la década del 90, había cometido el gran error de no desarrollar su minería, siendo que esta actividad era y es, estratégicamente necesaria para el crecimiento productivo y de infraestructura, especialmente de las regiones más despobladas e infradesarrolladas de nuestro territorio.
Es evidente, que por sus características, este sector requirió y requiere, de un constante y permanente financiamiento de riesgo, para que prospectos mineros finalicen en negocios productivos. La estadística muestra que de cada 100 prospectos mineros en nacimiento, solo el 2 / 3% culmina en producción.
Las sucesivas etapas de transición, que deben superarse exitosamente en este sector: prospección, exploración, factibilidad, construcción, desarrollo y explotación, hacen que esta actividad sea, una de las más riesgosas, para las inversiones de capital intensivo.
La minería, es una de las pocas y en muchos casos la única actividad productiva, que puede realizarse en algunas regiones alejadas y sin infraestructura de nuestro país, principalmente en el Noroeste, el Nuevo Cuyo y en la Patagonia.
Por esta razón y con el objeto de engrandecer, potenciar y descentralizar el crecimiento armónico del país, a principio de la década del 90, se tomó, tras una decisión de estricto corte Federal, crear las condiciones político-jurídico-institucionales, para promover el crecimiento minero productivo de la Argentina.
El Gobierno Nacional y las provincias argentinas, acordaron un trabajo político institucional común y definieron un modelo consensuado que, en solo 15 años ha multiplicado por 10 el valor de la producción y por 150 el de las exportaciones.
Es claro, que el modelo seleccionado para el desarrollo de este sector, se basa en promover la asistencia de capital internacional de riesgo, debido a la inexistencia en el pasado y en la actualidad de aportes de capital privado nacional.
La legislación minera acordada entre la Nación y las Provincias, sancionada por el Honorable Congreso de la Nación, es similar en sus características, a la de otros países latinoamericanos, exitosos en minería, como lo son Chile, Perú y Brasil. Entre otras, destácose la Ley de Protección Ambiental para la actividad minera, pionera en el país. Su síntesis puede expresarse por el siguiente axioma: "No puede iniciarse ninguna etapa de la actividad minera sin permiso ambiental ni social preexistente".
El éxito de la Política Minera Argentina y sus resultados positivos, expresados en los incrementos de las inversiones, en la creciente demanda de mano de obra directa e indirecta, con escalas de salarios competitivos, en la generación de obras de infraestructura ejecutadas y con proyección futura real, en los aportes al erario público Nacional, Provincial y Municipal, entre otros indicadores, se vieron contrarrestados por ataques irracionales de grupos antimineros, disimulados bajo ropajes ambientalistas y pro-comunitarios.
Sin ningún fundamento técnico y sólo esgrimiendo consignas cortas y efectistas tales como: "... megamineria, minería a cielo abierto, uso del cianuro, lixiviación en pilas, oro sucio, agotamiento del agua, se la llevan todo...", entre otras, estos grupos fundamentalistas atacaron y atacan al sector minero, desprestigiándolo y haciéndolo responsable hasta de las "Plagas de Egipto".
Ahora bien, ¿cómo se han comportado, ante esta posición extrema e ideologizada, los distintos actores sociales e institucionales en que se enmarca esta actividad productiva?
El Gobierno Argentino, principalmente a través de manifestaciones del Poder Ejecutivo Nacional, Presidencia de la Nación y Secretaría de Minería de la Nación, se ha manifestado apoyando la actividad. En una actitud contradictoria, públicamente se expresa a través de manuales didácticos editados por el Ministerio de Educación y Secretaría de Medio Ambiente, incluyendo textos que inducen a los escolares y a la ciudadanía, contra la industria minera.
Los Legisladores oficialistas, en su gran mayoría por desconocimiento se posicionan, en actitudes de escaso compromiso con la actividad, en resguardo de toda situación o hecho que les pueda ocasionar perjuicios electorales.
Igualmente, la oposición política fraccionada y oscilante, ha asumido un papel de escaso compromiso para con la actividad. En algunos casos se han manifestado extremadamente en contra esgrimiendo consignas en detrimento de la minería identificándose con los grupos antimineros, usando como pantalla la impronta nacionalista y el desaliento a las inversiones extranjeras.
Este desconcierto político-institucional repercute negativamente en las provincias, dueñas y administradoras de los recursos mineros del país. Producto de esto es el dictado de leyes provinciales antimineras, que generan un gran desconcierto sobre el verdadero rumbo que la Nación Argentina da a esta actividad productiva.
En aquellos casos, donde los Gobiernos Provinciales se manifiestan claramente y homogéneamente a favor, como ocurre con la actividad en las Provincias de San Juan, Catamarca, Salta, Santa Cruz, entre otros, los actores antimineros arrecian en su contra, con manifestaciones intencionadas y calumniosas, pretendiendo desacreditar las políticas promineras impulsadas en estos estados provinciales.
Los medios de comunicación, orales y escritos, discrecionalmente, se manifiestan en contra de la actividad, solo por el hecho de oponerse al discurso oficial, dándole sintonía y comunicación mediática a la corriente antiminera. Esta actitud negativa, casi siempre está alejada del conocimiento real y la verdad, sumándose así a la "ola de desinformación general", que se transmite a la Sociedad.
Los empresarios mineros locales no llegan a representar una opinión convincente y de factor de poder suficiente ante la sociedad, hecho que solo les permite trascender a nivel local o regional pero no nacional.
El empresariado minero extranjero, actor principal de la inversión minera argentina, con restringido poder de representación, delegado de sus casas matrices, solo en este último tiempo han impulsado una campaña de difusión, algo tardía, sobre los beneficios directos e indirectos de la industria minera. Esta campaña de difusión y conocimiento de los efectos positivos de la minería deberá incrementarse utilizando las mismas herramientas y modalidades usadas por los depredadores de la actividad.
Sólo el sector gremial con sus trabajadores ha mantenido una posición responsable, afín y en defensa del desarrollo productivo minero y sustentable, manifestándose permanentemente, con fundamentos sólidos ante los embastes ideológicos antimineros.
Los trabajadores mineros, que mediante su incremento en escala salarial, deberían haber generado efectos positivos para el resto de los asalariados, sólo repercutieron negativamente ocasionando planteos salariales comparativos con el resto de las otras actividades productivas.
Representantes empresariales de otras actividades también, mimetizándose en contra de la actividad minera, esgrimiendo temas ambientales, han escondido la realidad de sus propias demandas de tenor salarial.
El Caso FamatinaFamatina está siendo utilizado como un caso más de disputa política en donde:
Los grupos antimineros esgrimen las consignas mencionadas anteriormente, sin ningún respaldo de conocimiento técnico.
El Cerro Famatina, con sus recursos minerales en etapa de "exploración" y no como malintencionadamente se habla de "explotación a cielo abierto", observa como utilizando sus riquezas naturales se producen hechos políticos ajenos a la actividad "destitución de un Gobernador electo, sanción de una ley provincial antiminera, derogación de dicha normativa y apoyo a la actividad en los mismos tiempos y colores políticos, manifestaciones populares antimineras y decisión de postergar lo que la ley autoriza: explotación racional de los recursos minerales".
En este escenario, irrumpe el actor sociedad, destinatario real o demagógica de cualquier decisión política con efectos directos o indirectos en la comunidad.
Obsérvese que la comunidad reacciona con toda la lógica de supervivencia pacífica, ya sea en su entorno familiar como en el ecosistema en que se emplaza y como el mensaje que recibe es de contradicciones, enfrentamientos, de disputas políticas e intereses contrapuestos, no puede menos que actuar decididamente con apatía, desinterés y menor grado de compromiso.
Solo una Política de Estado, claramente definida, homogénea en cuanto a sus objetivos, en cuya decisión sean parte El Estado - La Empresa - La Comunidad, conmoverá definitivamente la voluntad participativa de la sociedad toda y no solo de grupos formados con preconceptos antimineros.
En contraposición, Brasil, Chile y Perú, no privado de debates y discusiones sobre la minería, sin prisa pero sin pausa, avanzan permanentemente respetando las reglas de juego de la inversión y planeamiento estratégico basado en las necesidades propias de sus comunidades, más allá de los cambios políticos-institucionales.
De una vez por todas, debemos los argentinos debatir seriamente nuestro futuro y revalorizar las bondades de la actividad minera, sector estratégico para el desarrollo armónico de nuestro territorio y nuestra sociedad.
Sin Mineria no hay Sociedad Moderna.
